De igual manera, el Senasag estaría favoreciendo a los contrabandistas con una falta de control en las guías de movimiento de ganado vivo.
Luego de tres semanas desde que el Gobierno suspendiera las autorizaciones para nuevas exportaciones de carne de res con el objetivo de reducir el costo del producto, el precio se mantiene al alza. Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, esto se debe a la relación que existe entre los ganaderos y los contrabandistas.
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“El ganadero espera al mejor postor que le ofrece más por su toro o su vaca. El comerciante boliviano ofrece 17 bolivianos, pero el ganadero no le vende porque espera al peruano que entra y ofrece 20 bolivianos. Ahí se siente que hay una conexión entre el productor ganadero y el contrabandista”, denunció en conferencia de prensa.
Contrabandistas
Explicó que el comerciante boliviano, para no perder su venta, se ve obligado a comprar el ganado al precio elevado a causa del contrabando, por lo que la carne de res llega con un costo extra a los centros de abasto.
Asimismo, en las ferias que se realizan para vender el ganado, Silva dijo que se realizan a horas de la madrugada, “entre gallos y medianoche”, con denuncias de camiones sin placa presuntamente relacionados al contrabando.
De igual manera, Silva cuestionó el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), debido a que es la institución encargada de emitir las guías de movimiento y “se las da a cualquiera”, por lo que los contrabandistas pueden mover ganado vivo por todo el territorio nacional sin mayor problema.
“Se dice que hasta las 03.00 puede conseguir guías de movimiento los contrabandistas, mientras que el comerciante boliviano tiene que regirse a un horario administrativo”, protestó el viceministro.
Por ello, pidió al Senasag revisar la entrega de las guías de movimiento para tener una mayor transparencia y control.
Además, el viceministro dijo que las ventas de carne de res se redujeron en un 50%, debido a que la población no puede comprar el producto que se encuentra, en promedio, entre Bs 55 y Bs 60.