Las gobernaciones de Bolivia enfrentan una profunda crisis estructural que cuestiona su viabilidad, especialmente en un contexto de deterioro económico. Durante años, su financiamiento dependió casi exclusivamente de las transferencias del gobierno central y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), proveniente de la producción de gas natural. Sin embargo, la sostenida caída de esta industria ha evidenciado la falta de autonomía financiera de las entidades subnacionales.
En 2024, gobernaciones como la de Tarija se vieron obligadas a tomar medidas drásticas, reduciendo el número de secretarías de 13 a 4, recortando sueldos de autoridades, disminuyendo personal y ajustando programas sociales. Estas acciones marcan el fin de la bonanza económica y el inicio de un periodo de severas restricciones fiscales.
La producción de gas natural, que experimentó una caída del 56% entre 2005 y 2025, ha tenido un impacto directo en las exportaciones y en las finanzas subnacionales, especialmente hacia Brasil y Argentina. Esta disminución de ingresos ha afectado profundamente la recaudación fiscal, dejando a las gobernaciones incapaces de financiar sus actividades de manera autónoma y dependiendo de las transferencias del gobierno central.
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Durante los años de bonanza, las gobernaciones no diversificaron sus economías, lo que las coloca en una situación vulnerable. En lugar de promover la autosostenibilidad, muchas optaron por expandir burocracias, creando estructuras sobredimensionadas y costosas. Esta falta de previsión ha facilitado la corrupción y el mal manejo de recursos, limitando la capacidad de respuesta ante la crisis económica actual. Además, la inversión en proyectos de infraestructura mal planificados resultó en obras inconclusas, paralizando el desarrollo en varias regiones.
En 2014, las gobernaciones recibían en conjunto Bs. 6.939.353.849 por concepto de regalías (gas y minería), pero en 2023 esta cifra se redujo a Bs. 3.065.365.983, es decir, menos de la mitad de lo que recibían anteriormente. El caso de Tarija es particularmente emblemático: en 2014 recibió Bs. 3.625.389.142, mientras que en 2023 solo obtuvo Bs. 449.460.597, lo que representa solo el 12,39% de sus ingresos previos. Este drástico descenso explica las medidas extremas tomadas por la Gobernación de Tarija y la necesidad de que otras gobernaciones sigan un camino similar en el corto plazo.
A pesar de conocer esta situación, tanto las autoridades nacionales como departamentales no tomaron decisiones significativas desde 2015. En lugar de reducir el gasto en sueldos, este aumentó. En 2014, el total de los sueldos en las gobernaciones fue de Bs. 3.811.325.648, cifra que se incrementó a Bs. 5.023.681.857 en 2023, es decir, más de mil millones de bolivianos adicionales. Este incremento ha sido contraproducente, ya que no tuvo sentido mantener un gasto tan elevado en un contexto de crisis económica.
El endeudamiento de las gobernaciones también agrava la crisis. Durante años, se recurrió a préstamos para financiar proyectos hoy paralizados debido a la falta de ingresos. A medida que 2024 avanzo, la situación se torna aún más crítica, pues las gobernaciones ya no pueden asumir más deudas sin poner en riesgo su estabilidad financiera. La pregunta ahora es cómo mantener estas instituciones operativas sin recurrir a más endeudamiento, lo que solo prolongaría su colapso.
Otro de los problemas más graves es la falta de un rol claro en la coyuntura actual de menores ingresos. Aunque en años de abundancia esto no representaba un obstáculo, ahora la indefinición de su función pone en peligro la viabilidad de las gobernaciones. La falta de estrategias para diversificar sus economías o maximizar los recursos disponibles pone en evidencia la urgente necesidad de replantear el modelo de gobernación.
Las medidas de austeridad adoptadas por la Gobernación de Tarija, aunque necesarias, no son suficientes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El problema no solo es económico, sino estructural. La crisis ha revelado la fragilidad de las gobernaciones en Bolivia. La falta de recursos, la mala gestión y la ineficiencia administrativa han transformado a las gobernaciones en una carga en lugar de ser motores de desarrollo local.
La discusión sobre el futuro de las gobernaciones es cada vez más urgente. ¿Deben redefinir sus competencias y enfocarse solo en funciones esenciales como educación, salud y seguridad? ¿O es hora de una reestructuración total, con la posible disolución de algunas de ellas, dada la imposibilidad de generar recursos propios? La creciente deuda y la falta de planificación sugieren que la solución podría ser una reforma profunda del sistema de gobernanza subnacional, que permita adaptarse a la nueva realidad económica.
En este contexto, es necesario abrir un debate serio sobre la reestructuración de las gobernaciones. Si se sigue en la misma dirección, estas instituciones seguirán siendo un obstáculo para el progreso del país, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Aunque el proceso de descentralización iniciado hace años fue necesario, no ha generado los resultados esperados. Las gobernaciones deben dejar de depender exclusivamente de los hidrocarburos y encontrar nuevas formas de financiamiento para ser autosuficientes. Además, se requiere una revisión crítica de las estructuras administrativas para eliminar la burocracia innecesaria y las prácticas ineficientes que contribuyen a la crisis.
En conclusión, las gobernaciones en Bolivia están al borde del colapso debido a la crisis económica, la mala gestión de los recursos, el exceso de deuda y la falta de un rol claramente definido. Es fundamental iniciar un debate sobre su futuro para determinar si es viable reformarlas o si, por el contrario, se debe considerar su disolución. La reforma de las gobernaciones no solo es urgente, sino indispensable para asegurar una gobernabilidad efectiva y el bienestar de la población en el futuro.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Investigador y analista socioeconómico