El modelo autonómico plural de Bolivia, consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, busca equilibrar la descentralización con la unidad estatal. Sin embargo, la repartición competencial en la protección de víctimas de violencia presenta serias deficiencias que afectan la efectividad de los derechos fundamentales.
Desde un enfoque normativo, el modelo autonómico plural se fundamenta en la coexistencia de niveles de gobierno con autonomía en sus funciones. No obstante, el problema radica en la ambigüedad con la que la CPE y la Ley Marco de Autonomías distribuyen competencias en materia de protección a víctimas. Existen superposiciones entre el nivel central y las entidades autónomas, lo que genera conflictos jurisdiccionales y vacíos de responsabilidad. El principio de coordinación, establecido en la normativa, es insuficiente para evitar estas tensiones y garantizar una respuesta efectiva.
El pluralismo autonómico parte de una concepción idealista sobre la descentralización como mecanismo de democratización y proximidad al ciudadano. Sin embargo, en la práctica, el pluralismo normativo no necesariamente se traduce en un acceso efectivo a la justicia y la protección. La fragmentación del poder estatal en este ámbito no responde a una lógica de fortalecimiento de derechos, sino a una distribución de competencias que, en muchos casos, obstaculiza la acción oportuna del Estado. Se debería cuestionar si el modelo autonómico realmente facilita la protección de las víctimas o si, por el contrario, crea barreras institucionales que perpetúan su vulnerabilidad.
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La descentralización debería responder a las necesidades concretas de las víctimas de violencia, pero en Bolivia, la implementación de políticas de protección varía según la región, lo que genera desigualdades en el acceso a servicios esenciales. Mientras algunos gobiernos autónomos cuentan con mecanismos más desarrollados, otros carecen de recursos o voluntad política para aplicar estrategias eficaces. Esta disparidad no solo afecta la garantía de derechos, sino que profundiza brechas sociales y territoriales en la protección de las víctimas.
Desde una perspectiva estrictamente legal, el modelo presenta serias inconsistencias en la articulación entre niveles de gobierno. Si bien la CPE establece competencias exclusivas y concurrentes, en la práctica, las interpretaciones contradictorias han generado conflictos institucionales. La falta de claridad en los mecanismos de resolución de disputas competenciales ha llevado a una parálisis administrativa en muchos casos, afectando directamente a las víctimas que buscan protección. Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional no ha logrado establecer criterios definitivos para delimitar estas competencias, lo que perpetúa la inseguridad jurídica en la aplicación de políticas públicas.
En conclusión, el modelo autonómico plural en Bolivia enfrenta una contradicción fundamental: si bien busca descentralizar y acercar la gestión pública a la población, en materia de protección a víctimas de violencia ha generado fragmentación, desigualdad y falta de coordinación efectiva. Es necesario replantear la distribución competencial, estableciendo mecanismos más claros de articulación y asegurando que la autonomía no se convierta en un obstáculo para la garantía de derechos. Sin una reforma que priorice la eficacia del sistema, la protección de las víctimas seguirá siendo una promesa incumplida en el Estado Plurinacional.
Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constituciona