Casi dos años después del colapso de Banco Fassil, que tuvo lugar entre marzo y abril de 2023, la economía boliviana sigue sintiendo sus profundas secuelas, mientras persiste una crisis de confianza en el sistema financiero. A medida que se acerca el segundo aniversario de la intervención gubernamental, aún surgen numerosas preguntas sin respuesta: ¿Cuáles fueron las verdaderas causas del cierre del banco? ¿La Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) actuó de manera oportuna y eficaz? ¿Cuánto ha perdido el Estado y, por ende, los ciudadanos?
Para entender la magnitud de la crisis, es importante contextualizar el recorrido de Banco Fassil. Fundado como un fondo financiero privado orientado a los negocios informales, en tan solo 16 años logró posicionarse como el cuarto banco más grande de Bolivia. Su enfoque en microcréditos y financiamiento a pequeñas y medianas empresas, junto con una inyección de capital de Bs 106 millones en 2020, permitió que la institución alcanzara una impresionante cartera de créditos de 3.000 millones de dólares y depósitos de 2.600 millones. A lo largo de su crecimiento, la integración al Santa Cruz Financial Group (SCFG) en 2006 aceleró su expansión.
Sin embargo, el 13 de marzo de 2023, Bolivia despertó con una ola de incertidumbre. Miles de ahorristas se congregaron frente a las agencias de Banco Fassil, preocupados por sus depósitos a plazo fijo. En pocas semanas, miles de ahorristas mostraron un temor palpable por el futuro de sus ahorros. Este panorama llevó a la intervención del gobierno el 26 de abril, transfiriendo cuentas a otros bancos y despidiendo a unos 4.600 empleados. La intervención no solo afectó al banco en cuestión, sino que también generó una corrida bancaria que contagió a otros actores del sistema financiero, a pesar de su buena salud económica.
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El colapso de Banco Fassil no fue un accidente aislado, sino el producto de años de mala gestión. Aunque los informes de auditoría externa para 2020, 2021 y 2022 presentaban resultados razonables, las agencias calificadoras de riesgo ya alertaban sobre el alto nivel de vulnerabilidad de la institución. En 2019, se detectaron problemas de liquidez, pero la ASFI no actuó de manera inmediata para corregir la situación. Aunque se solicitaron ajustes en octubre de 2022, la intervención llegó tarde, apenas un par de meses antes de la debacle.
La gestión del banco resultó particularmente irresponsable en la concesión de créditos, sobre todo en el sector inmobiliario en Santa Cruz. A pesar de las advertencias de la ASFI desde 2021, los ejecutivos de Fassil continuaron otorgando préstamos a prestatarios sin la debida solvencia, lo que resultó en numerosos proyectos fallidos. La excesiva concentración de riesgos en el sector inmobiliario, sumada a la falta de diversificación, dejó al banco extremadamente vulnerable frente a la creciente inflación global y la desaceleración económica pospandemia.
A esto se sumó una estrategia financiera arriesgada: financiarse a largo plazo con depósitos a corto plazo. Cuando la crisis de liquidez estalló en 2023, el banco no pudo responder a la demanda de retiro masivo de fondos. A pesar de los esfuerzos por obtener créditos de emergencia del Banco Central de Bolivia (BCB), estos no fueron suficientes para evitar el colapso. Además, el poder de las redes sociales aceleró la crisis, al viralizarse rápidamente la información sobre las dificultades financieras del banco.
Uno de los puntos más criticados de la intervención fue la demora de la ASFI. Las señales de alerta estuvieron presentes durante varios años, pero la falta de una acción preventiva permitió que la crisis creciera sin control. La intervención tardía y poco firme de la autoridad financiera refleja una evidente falta de capacidad para cumplir con su rol de supervisión y protección del sistema financiero. La ausencia de medidas eficaces en el momento adecuado dejó a los ciudadanos vulnerables, y minó la confianza en el sistema bancario y en las autoridades reguladoras.
Las consecuencias de este colapso fueron inmediatas y visibles. El sector de la construcción de Santa Cruz, altamente dependiente del crédito bancario, sufrió una caída del 15% en sus actividades, lo que afectó a unos 12.000 trabajadores directos. Además, un estudio de la Universidad Católica Boliviana reveló que el 35% de los encuestados expresaron una creciente desconfianza en el sistema financiero, lo que refleja el impacto de la crisis en la percepción pública.
Además de la crisis de liquidez, se descubrió que Banco Fassil desvió más de 4.000 millones de bolivianos (alrededor de 580 millones de dólares) hacia corporaciones vinculadas a la agroindustria cruceña entre 2018 y 2021. Este dinero fue canalizado a través de créditos otorgados a Santa Cruz Financial Group, lo que contribuyó a la debacle del banco. Como resultado de este desfalco, seis exdirectores fueron condenados a tres años de prisión en 2024 por organización criminal, poniendo en evidencia la gravedad de la gestión interna de Fassil.
Pese a que ya han transcurrido casi dos años desde la intervención, aún persisten dudas sobre el manejo de los fondos. Aproximadamente Bs. 12,8 mil millones, el 60% de la cartera de créditos de Banco Fassil, están bajo administración de un fideicomiso gestionado por el Banco Unión. Sin embargo, no se ha presentado información clara sobre los avances en la resolución de este problema, lo que mantiene a los ciudadanos en la incertidumbre.
En conclusión, el caso de Banco Fassil resalta las fallas en la supervisión y la negligencia de la ASFI en la gestión de riesgos. Las señales de alerta estuvieron presentes, pero la falta de acción oportuna y la intervención tardía provocaron una crisis de confianza en el sistema financiero. Este caso no solo ha afectado a los ahorristas, sino que también ha dejado una huella negativa en la economía nacional, poniendo de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y la supervisión en el sistema bancario de Bolivia.
Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Investigador y analista socioeconómico