Se transmitirá en vivo. La Defensoría del Pueblo de Bolivia señala que los procesos penales contra defensores ambientales “contravienen convenciones internacionales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá hoy, en audiencia, a los defensores ambientales que protegen el territorio de Chiquiacá, en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija. Los defensores expondrán los fundamentos de lo que consideran “acciones de sistemática de criminalización judicial” de las que son víctimas con el reciente antecedente de una demanda penal presentada contra 29 activistas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia.
La audiencia fue promovida por la Subcentral Campesina Tariquía, la Coordinadora Nacional en Defensa de los Territorios Indígenas Originarios y Campesinos (Contiocap) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), instancias que presentaron una solicitud en diciembre de 2024.
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El coordinador de Cedib, Miguel Miranda, informó a Visión 360 que la audiencia iniciará hoy a las 11.00. La sesión, que será virtual y pública, será transmitida por las redes sociales oficiales de la CIDH.
“Desde hace un tiempo se identificó la criminalización de los defensores ambientales, que es una estrategia recurrente de las empresas y el Estado que, con el afán de extraer recursos naturales recurren a estos mecanismos judiciales para contener la protesta social en rechazo a la contaminación del agua, el uso de dinamita para la prospección y una serie de medios invasivos que caracterizan al extractivismo”, explicó Miranda.
Señaló que, en esta ocasión, se expondrá con mayor amplitud ante los miembros de la CIDH el caso de 29 defensores de Tariquía, entre pobladores originarios y activistas, quienes fueron denunciados penalmente por YPFB y Petrobras Bolivia. Si bien la entidad internacional no tiene potestad para revertir decisiones judiciales, se espera que se emitan recomendaciones concretas para el Estado, en marco de la jurisprudencia y acuerdos internacionales a los que está suscrita Bolivia.
El abogado Roger Ibarra, defensa de 27 de los ambientalistas denunciados precisó que ambas empresas presentaron la demanda el 2 de octubre, los procesados son comunarios de Entre Ríos, Chiquiacá y los alrededores, por los delitos de impedir o estorbar la función pública e impedir la libertad de trabajo. En la denuncia, arguyeron que las vigilias y los cortes de vías realizados en rechazo a las actividades extractivistas fueron “actos delictivos”.
Explicó que, en primera instancia, el fiscal del caso rechazó la denuncia por falta de fundamentos; sin embargo, los denunciantes presentaron una objeción y el caso pasó a revisión en la Fiscalía Departamental de Tarija. Desde esa instancia se dispuso que el caso se reabra para concretar algunas pericias, como un desfile identificativo en Cámara Gesell, acto investigativo que aún no se realizó.
Si bien los 29 denunciados aún no fueron imputados, la demanda pone en riesgo la libertad de los activistas, quienes, en contraparte, acusan a las empresas y el Estado por tergiversar el procedimiento de la consulta previa, porque presentaron informes direccionados y no se toman en cuenta los varios pronunciamientos y resoluciones de rechazo emitidas por las organizaciones originarias y legalmente reconocidas.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Contiocap, Tania Reneaum, explicó que los procesos interpuestos por YPFB y Petrobras Bolivia se presentaron en el contexto de la imposición de actividades de exploración hidrocarburífera en la reserva que, según los expertos, afectaría al 52% del territorio de esta invalorable área protegida ubicada en el departamento de Tarija, determinando su total degradación.
La solicitud hecha por las tres entidades ante la CIDH señala: “La audiencia permitirá exponer las graves violaciones de derechos humanos derivadas de las actividades extractivas descontroladas y la instrumentalización del sistema de justicia para silenciar a quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.
Miranda explicó que, en la audiencia, se presentará información actualizada sobre el uso del derecho penal por parte de empresas estatales y transnacionales en Bolivia, así como otros actores económicos, para criminalizar a defensores del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos.
“Esta información busca evidenciar los patrones de abuso contra quienes ejercen su derecho a la defensa del medio ambiente y los territorios indígenas, promoviendo así una reflexión crítica sobre la situación y la implementación de medidas de protección efectivas por parte de la CIDH”, se apunta en la solicitud de los activistas.
En la audiencia también se presentarán otros casos de persecución penal contra comunarios defensores de su territorio, afectados por la minería aurífera, como el caso de la comunidad Tres Marías, en el municipio paceño de Yanacachi, y el caso de los guardaparques hostigados y criminalizados por autoridades del Gobierno.
Sobre el caso de los defensores de Tariquía, también se pronunció la Defensoría del Pueblo y calificó que los procesos penales iniciados por YPFB y Petrobras Bolivia “contravienen convenciones internacionales” y recordó al Estado, en el marco de sus compromisos en convenios internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la obligación que tiene de asumir medidas oportunas y efectivas para proteger a los defensores, en vez de criminalizarlos.
Miranda detalló que, en la audiencia ante la CIDH, primero se dará la palabra a representantes de los denunciados, a representantes de las entidades que promovieron la sesión, luego a representantes del Estado y también de la Defensoría del Pueblo.