El empresario Marcelo Claure y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, intercambiaron opiniones la noche de este domingo sobre la oferta de traer pruebas concretas de corrupción en Bolivia y disposición del gobierno de investigarlas.
Fuente: Erbol
El empresario Marcelo Claure y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, intercambiaron opiniones la noche de este domingo sobre la oferta de traer pruebas concretas de corrupción en Bolivia y disposición del gobierno de investigarlas.
A través de sus redes sociales, Claure anunció que está considerando implementar un plan de recompensas para quienes aporten pruebas de corrupción en el país. En ese contexto, consultó directamente a Del Castillo: “Si le traigo pruebas concretas, ¿las investiga? ¿A pesar de ser del gobierno?”.
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El ministro respondió de inmediato: “El presidente nos instruyó investigar la corrupción venga de donde venga. Si usted tiene pruebas, es su obligación presentarlas y nuestro deber investigarlas”.
El debate sobre corrupción surge por la creación de la empresa intermediaria Botrading en Paraguay para el suministro de combustible a YPFB. Claure cuestionó: “El gobierno fabricó una empresa petrolera en Paraguay – Botrading – y luego le adjudicó contratos con sobreprecio. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué familia está detrás del escándalo? Muy pronto se conocerán los detalles”.
El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, defendió la operación de Botrading y aseguró que fue creada por la empresa estatal para competir con otros proveedores privados, generando un ahorro de 20 millones de dólares durante su vigencia.
Sin embargo, la controversia continuó este domingo cuando el senador evista Leonardo Loza, en una entrevista en la radio RKC de Evo Morales, acusó a la familia del presidente Luis Arce de estar detrás del negocio de los carburantes con fines de lucro.
Días atrás, el diputado Héctor Arce también denunció que Botrading opera irregularmente desde Paraguay y afirmó que los hijos del presidente Arce conformaron una supuesta “organización criminal” denominada “Los Chamos” para controlar YPFB, ENDE y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Ante esa afirmación, YPFB anunció un proceso penal contra el legislador del ala radical evista, pero que hasta ahora no se conoce si dicha denuncia fue activada en alguna instancia del Ministerio Público.