La tratarán este jueves en la Comisión de Constitución de Diputados.
El proyecto de Ley 414/2024-2025 “De modificación de la Ley N° 026 del Régimen Electoral sobre Sistemas de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP)”, que este jueves por la tarde será debatido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tiene dos observaciones de fondo.
El proyecto de ley fue enviado el 14 de febrero por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. La propuesta de modificación se la hizo en el marco de los acuerdos alcanzados en el encuentro multipartidario realizado 17 de febrero, en el que participaron los líderes de partidos políticos y representantes del Ejecutivo y Legislativo.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, informó que el proyecto les fue entregado ayer, miércoles, y que se convocó a una sesión para este jueves en la tarde. El legislador mencionó que la norma propuesta tiene dos artículos, uno de ellos con cinco parágrafos y una disposición final y aclaró que los resultados que entregue el TREP no tienen un carácter vinculante a los resultados finales.
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Límite de tiempo
“Dos observaciones preliminares (al proyecto de ley). La primera, este sistema de transmisión, de acuerdo al proyecto de ley enviado por el TSE, no establece el tiempo final para la entrega de estos resultados de este cómputo no oficial, preliminar, pero importante”, sostuvo Bazán.
En ese contexto, explicó que el texto del proyecto señala que el recuento preliminar debe iniciar a las tres horas de cerrada la última mesa de sufragio, pero que no se establece el límite de tiempo en el que se debe entregarse los resultados. En ese sentido, planteó lo importante que es fijar un plazo para la entrega de esos resultados.
¿Quién lo administrará?
“Una observación más de fondo a este proyecto de ley tiene que ver con la falta de confianza del pueblo boliviano en el TSE. La pregunta es: ¿Quién va a llevar adelante este TREP?”, cuestionó Bazán.
El legislador sugiere que los resultados del TREP deben ser verificados, con auditorias y que ese trabajo debe ser realizado por una empresa extranjera.
El acuerdo alcanzado en el TSE comprometió a las partes a cumplir los compromisos hasta antes de la convocatoria a las elecciones generales, prevista para abril.
Por último, alertó sobre que en el TSE aún continúan trabajando funcionarios cuestionados, que participaron durante los comicios de 2019, cuando los resultados fueron denunciados como fraudulentos por la Organización de Estados Americanos (OEA).