El subsidio a los hidrocarburos en Bolivia se ha convertido en un peso insoportable para la economía nacional. En 2023 según el INE, el Estado destinó más de $us 2.883 millones de dólares a la importación de combustibles (diésel y gasolina), una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la caída en la producción nacional y el aumento del consumo interno.
Cuando observamos los precios de la gasolina en la región según Estatista (2023), Bolivia tiene uno de los precios más bajos. Mientras que en países vecinos como Perú y Chile el precio del litro oscila entre 1,23 y 1,58 dólares, en Bolivia sigue congelado artificialmente en 0,54 dólares gracias al subsidio estatal. Sin embargo, esta aparente ventaja se desvanece cuando hay escasez, y el mercado negro se encarga de fijar precios aún más altos. En ese contexto, la gasolina más “costosa” es la que no existe, porque son pocos o casi nadie, los que pueden abastecerse de la misma, además de mencionar que, la falta de combustible genera un costo económico aún mayor para la población y las empresas.
El subsidio también ha provocado una distorsión de precios que incentiva el contrabando de los mismos hacia países vecinos. Diariamente, miles de litros de gasolina y diésel salen ilegalmente del país, aprovechando la brecha de precios (no es novedad el inexistente control en ciudades fronterizas). Esto significa que el Estado no solo subsidia a los bolivianos, sino también a quienes logran extraer el combustible para venderlo en mercados más rentables. Mientras tanto, la producción nacional de hidrocarburos sigue en declive -por falta de inversión eficiente en el gobierno de Morales-, y en gran parte porque el modelo estatal de exploración y explotación se ha monopolizado con YFPB. Sin incentivos adecuados y con un mercado artificialmente distorsionado, los capitales privados simplemente han optado por mirar hacia otro lado.
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Para agravar la situación, el gobierno quiere impulsar la aprobación de créditos internacionales con el único fin de seguir pagando la importación de combustibles. Esta estrategia podría ser una “solución temporal”, siendo esto, más que nada, una trampa de endeudamiento que hipotecará el futuro del país. Financiar el subsidio con deuda externa es pan para hoy y hambre para mañana, ya que el problema estructural sigue intacto y cada año se necesitarán más recursos para sostenerlo. Sin un cambio de rumbo, Bolivia se enfrentará a una crisis aún mayor cuando la capacidad de endeudamiento se agote y los acreedores exijan ajustes más drásticos.
Ante este panorama, la eliminación gradual del subsidio no parece una solución efectiva. La historia ha demostrado que los ajustes parciales solo postergan la crisis y no resuelven el problema de fondo. Bolivia necesita una terapia de shock que corrija de inmediato esta distorsión, aunque implique costos políticos y sociales en el corto plazo. Un sinceramiento de precios generaría el fin de esta burbuja de precios subsidiados, daría un importante respiro al déficit fiscal, y si se acompaña de otros incentivos, puede ser el inicio para atraer inversión en producción de hidrocarburos, así como liberar la importación para que los privados puedan proveer la misma sin intervención estatal.
Ahora bien, el futuro energético del país no puede depender exclusivamente de los hidrocarburos. Es imperativo fomentar la movilidad eléctrica y la diversificación de la matriz energética. Países como Brasil y Argentina han avanzado significativamente en el uso de biocombustibles, mientras que en Bolivia las iniciativas en este campo han sido tímidas y fragmentadas. Asimismo, se necesita de un plan integral de incentivos para vehículos eléctricos, con infraestructura de carga adecuada y reducción permanente de aranceles a costo cero en los distintos procesos que la implementación de este tipo conlleva, esto podría ser una alternativa real para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
El subsidio a los hidrocarburos ha sido una herramienta política utilizada para mantener una aparente estabilidad en el país en el corto plazo, pero el verdadero impacto negativo de estas medidas las vemos hoy. Postergar la solución solo hará que el impacto sea más duro. Bolivia tiene que decidir si seguirá sosteniendo una bomba de tiempo o si, de una vez por todas, asume el reto de un cambio estructural en su política energética.
Por Sebastián Crespo Postigo, economista y exdirector del Comité pro Santa Cruz.