El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, advirtió un patrón de incumplimiento del Acuerdo de Escazú, compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y transparencia por parte del Estado boliviano.
Pueblos indígenas en uns marcha. | CIDPT
La Defensoría del Pueblo confirmó su participación en la audiencia sobre criminalización a defensoras y defensores de Derechos Humanos y ambientales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada para mañana.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, advirtió un patrón de incumplimiento del Acuerdo de Escazú, compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos Humanos y transparencia por parte del Estado.
“Como Defensoría del Pueblo, en el marco del seguimiento y acompañamiento a las comunidades y defensores ambientales, estaremos participando de la audiencia”, afirmó Callisaya,
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La CIDH concedió la audiencia a solicitud de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), de la que forma parte la resistencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la CIDH concedió la audiencia.
En el caso específico de la reserva Tariquía, el Defensor afirmó que “llama mucho la atención que quienes protegen este patrimonio natural sean perseguidos o enfrenten procesos penales por ejercer su derecho a defender el medio ambiente”.
En ese marco recomendó evitar acciones que puedan ser consideradas intimidatorias, represivas o que impidan el desarrollo normal de su labor. “Resulta fundamental que no solo YPFB, sino todas las instituciones del Estado, comprendan la trascendencia del trabajo de las personas defensoras del medio ambiente”, dijo.
Callisaya calificó la solicitud ante la CIDH como un paso importante en la lucha por la protección de los derechos humanos y el medioambiente.