“Ya no hay vida, llevamos el veneno dentro”, sostiene Gabriela Flores, comunaria del Ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro. Hace más de un año que una serie de laboratorios en sangre detectaron arsénico en varios pobladores de su ayllu. Su denuncia no es aislada.
“El veneno está en el aire, quema la garganta al respirar porque trae el polvo del dique de colas”, explica otra pobladora de Cantumarca, Potosí. Allí en 2023 se detectaron altos niveles de ese metal pesado en adultos mayores y niños.
“Los indígenas del Norte de La Paz están intoxicados con mercurio, por los peces y el agua que la minería contamina. No hay una respuesta del Estado”, afirma el representante de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Lino Illimuri.
Los casos no son recientes. Del Altiplano a la Amazonia, la minería -legal, ilegal, estatal o privada- va dejando una huella de contaminación y daño, no solo en la tierra, sino en el aire, el agua, los alimentos y los propios habitantes, que en diferentes puntos del país ya han dado positivo a la contaminación por diferentes metales pesados.
Representantes de las comunidades y pueblos afectados por la contaminación llegaron el 21 de marzo a la sede de Gobierno para denunciar la situación en la que se encuentran. En conjunto, participaron en una Audiencia Pública de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no todos los legisladores llamados a actuar estuvieron presentes.
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Agua que ya no es vida
“Antes nuestro ayllu era lindo. Había pasto para los animales, harto pescado en el río y el lago. Sacábamos a la ciudad leche (…). Pero todo ha cambiado, la actividad minera ha dañado la tierra y el agua. Hay agua, pero ya no es buena, no sirve para tomar; es turbia, picante. Siembran peces, pero mueren. Ya no da vida”, afirma la comunaria Gabriela Flores.
Dentro del Legislativo, junto con otras comunitarias, se turnan para hablar con los periodistas y mostrar a las cámaras una botella con agua algo amarillenta y sedimentos en el fondo. El aroma es ácido.
“Si nuestros animales toman esta agua, se enferman, mueren”, dice la comunaria Gabriela Cruz, también habitante de San Agustín de Puñaca, a orillas del lago Poopó.
Su compañera, Petronila, explica que la contaminación entra por varios lados y contamina el río, el lago y también las aguas subterráneas. Pero el principal problema, afirma, proviene de la mina Huanuni, que contamina el río Desaguadero.
Una e las comunarias en la toma d muestras de sangre. Foto: CENDA
“Echan las aguas de la copajira al río, sin tratamiento alguno. Todo está contaminado a simple vista; no es necesario que vengan con equipos o microscopios”, sostiene.
“Hace 50 años, el lago era limpio”, coincide Prudencial Poma, exmallku. “Pero, la minería creció y empezaron a usar químicos fuertes que comenzaron a secar todo, contaminar la tierra y todo el agua, ya no tenemos agua potable. Por eso, hemos hecho una demanda de Acción Popular y hemos ganado. Las autoridades han llegado para analizar las aguas y el suelo, han tomado muestras y después nos han dicho: No hay nada, no hay contaminación. Prácticamente nos dijeron mentirosos”, añade.
Ante la afrenta de las autoridades, el 7 de septiembre de 2023, en coordinación con el Centro de Salud Poopó, CENDA y el Laboratorio Cetox, de Perú, se tomaron muestras de sangre y orina a 20 comunarios. El 100% de las muestras presentaron concentraciones de arsénico, que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro), valores muy superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L.
Uno de los afluentes contaminados. Foto: CENDA
Asimismo, cuatro personas presentaron niveles detectables de plomo en sangre; con 7,20 µg/L, una de ellas supera los niveles referenciales de 5 µg/L. Dos personas presentaron niveles detectables de cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.
“Pese a ello, no nos creen. Los laboratorios no mienten”, dice Petronila.
La contaminación avanza al igual que la precariedad del ayllu para acceder al agua potable. No pueden tomar el agua del río o los pozos porque los enferma. Para su alimentación viajan en motos y camiones hasta el pueblo de Poopó. En bidones cargan lo suficiente para subsistir.
“Pero ahora, que no hay diésel ni gasolina, ni eso podemos hacer. No hay en qué ir a buscar agua. Ya no es vida”, reitera Flores.
Respirar veneno
“Cuando hace viento se siente clarito. Quema la garganta al respirar”, sostiene una de las habitantes de Cantumarca, en Potosí.
Cantumarca es una comunidad ubicada a los pies del Cerro Rico. Algunos documentos dan fe de que los primeros habitantes trabajaban en la mina incluso antes de la llegada de los españoles.
Foto referencial sobre la contaminación en Cantumarca . Foto: Concejala Reyna Menacho
Hoy, en el territorio del poblado original habitan más de cuatro mil personas y otras 11 mil en las urbanizaciones colindantes que emergieron del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Potosí.
Su vida siempre estuvo ligada a la actividad minera, lo que hizo que con el tiempo acabe cercada por tres diques de colas, destinadas a recibir los desechos de la explotación del Cerro Rico: Lagunas Pampa I, Lagunas Pampa II y San Miguel, este último de la Comibol.
“Soy Hans Castillo, vengo en representación de Cantumarca”, sostiene el líder juvenil voluntario de Pasocap (Caritas Potosí), en medio del Legislativo nacional. “Al lado de Cantumarca está el dique de colas de San Miguel que opera desde 1965. Más abajo están los otros dos diques. Cantumarca está en medio. Pero no somos solo nosotros, a menos de un kilómetro está el hospital de tercer nivel de la ciudad de Potosí”.
Los diques fueron construidos hace años, para evitar que los desechos tóxicos lleguen a las aguas del Pilcomayo. Pero el tiempo ha pasado y han rebasado su capacidad. Desde estos puntos, ayudado por la sequedad del ambiente, alienta que el polvo se levante del suelo y se esparza por el aire con los fuertes vientos. El polvillo no solo se queda en los techos, ropa y patio de los habitantes, sino que es inhalado. Uno respira el veneno.
“Desde hace 15 años que la SOPE (Sociedad Potosina de Ecología) advierte sobre una contaminación por la inhalación y contacto con estos desechos por el viento. Se buscó realizar un análisis de los habitantes y los resultados son preocupantes”, afirma Castillo.
En 2023, SOPE y un laboratorio tomaron muestras de 116 personas: 93 adultos y 23 niños. Los resultados revelaron que el 81% y el 65% de los niños tenían presencia de plomo en sangre, en volúmenes superiores a los límites permisibles, según normas internacionales. Una de las pobladoras, de 81 años de edad, presentó 21,4 microgramos de plomo en su sangre, mientras que un niño de seis años, un nivel de 9,1 microgramos.
Por este caso, hay una sentencia emitida en Sucre, en favor de una Acción Popular interpuesta por la comunidad. Esta dispone que los diques de colas, Lagunas Pampa I y Lagunas Pampa II, debían ser cerradas en el lapso de un año, es decir hasta 2024. Asimismo, se logró un compromiso con la Comibol para el retiro del dique de San Miguel.
Inspección realizada por la Defensoría del Puebloa los diques. Foto: Defensoría del Pueblo
Sin embargo, las tres continúan abiertas. Las volquetas ingresan levantando polvareda y dejando los residuos tóxicos a la intemperie.
“Se ha pedido a las autoridades que hagan el seguimiento correspondiente, además de la atención a las personas afectadas. Las pruebas fueron a 116 habitantes de más de cuatro mil, cómo estarán los demás. Por entrevistas, sabemos que el Sedes se comprometió a hacer análisis de los niños, pero hasta ahora nada. Los comunarios dicen que una nutricionista fue a hablarles, pero no hubo nada más. Por eso, estamos acá para pedir que se haga un atención”, sostiene.
Aunque las autoridades han señalado que el laboratorio que realizó los análisis no tiene la capacidad para hacer pruebas de este tipo, tampoco han elaborado nuevas pruebas, estudios o investigaciones.
El mercurio de cada día
En 2023, la Cpilap decidió impulsar un estudio para determinar la cantidad de mercurio en los indígenas. Expertos y varios jóvenes de las comunidades se desplegaron para realizar la toma de muestras de cabello a 302 indígenas de 36 comunidades de los pueblos ese ejja, tsimán, mosetén, leco, uchupiamona y tacana que viven en las riberas de los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes.
Los resultados fueron alarmantes. En el 74%, la concentración de mercurio era superior a los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Los más afectados fueron los ese ejjas. Las 72 personas de este pueblo tenían una concentracioÌÂÂn promedio, de mercurio en cabello, de 6,9 partes por millón (ppm). El rango menor fue de 0,03 ppm y el mayor, 17,52 ppm.
Pero, si bien esta contaminación en el ser humano es fruto del uso de mercurio en la minería, ¿cómo es que los indígenas se contaminaron, si ellos no son parte de esta actividad?
Toma de muestras en cabello, en el Norte de La Paz. Foto: CPILAP
Desde hace más de una década, la expansión de la minería aurífera ha tenido una gran explosión en el Norte de La Paz y del país. En dragas, los extractores de oro avanzan a lo largo de los ríos cada vez más cerca de las áreas protegidas e indígenas.
En su camino, van dejando un rastro de mercurio que se extiende aguas abajo, contaminando el agua y todo lo que habita en ella. Los peces no son la excepción.
“Los pueblos indígenas viven a riberas del río, la base de nuestra dieta es el pescado que sacamos de él. Así nos contaminamos, al comer nuestro alimento de cada día. La minería no va a parar y nosotros no podemos dejar de comer”, afirma uno de los indígenas que llegó a la audiencia pública a acompañar el reclamo ante la ALP.
Los resultados fueron puestos ante la justicia para fundamentar una acción en la que exigían que el Gobierno dé atención médica a los indígenas contaminados. La audiencia duró 14 horas y la justicia les dio la tutela, pero las acciones de atención aún no se cumplen.
“Tenemos una acción popular, el juez nos ha dado la tutela porque hemos fundamentado todo, pero no se cumple, por eso estamos en la Asamblea Legislativa para exigir a las autoridades que puedan tomar el caso con seriedad y urgencia. El caso ahora está en Sucre y estamos esperando la ratificación. Pero si se mantiene la vulneración tendremos que hacer una denuncia a nivel internacional. Lo mismo pasa con nuestros compañeros de Puñaca y de Cantumarca, por eso hemos venido juntos”, afirma Illimuri.
En audiencia, piden compensación y atención médica integral
Tras la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados, los habitantes afectados en Potosí, Oruro y La Paz firmaron un pronunciamiento en el que exigen un fondo de compensación, atención médica y un alto a las concesiones mineras, entre otros.
En su pronunciamiento exigen ocho puntos clave. El principal tiene que ver con el cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias Constitucionales emitidas en los tres casos: N° 1471/2022-S-3 de Puñaca, N° 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios, y la de Cantumarca. Además de la supervisión de su ejecución e implementación.
Otro de punto tiene que ver con la creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables de la contaminación.
“Conformación de una comisión mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales (a ser posible)”, dice otro pedido.
Asimismo, se solicita que se garantice la implementación de mecanismos preventivos y medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar la integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción o acto que ponga en riesgo su seguridad personal.
“Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. Que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas”.
Para los afectados también es importante la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades. Además, piden que los resultados sean públicos y transparentes.
Aseguran que es necesario que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas.
Firma del acta tras la Audiencia Pública. Foto: CENDA