El legislador argumentó que una de las causas para que Bolivia haya llegado a una crisis económica es precisamente la corrupción agravada.
Fuente: ANF / La Paz
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el proyecto de ley de “Prevención y pena máxima contra la corrupción agravada” para castigar a los funcionarios públicos que incurran en ese delito con 30 años de prisión sin derecho a indulto.
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“Estamos presentado un proyecto de ley para castigar la corrupción agravada sin derecho a indulto, como señala la Constitución (…). Adicionalmente con inhabilitación perpetua para todos los servidores públicos y funcionarios que participen en esos hechos de corrupción agravada”, declaró Alarcón en conferencia de prensa.
La propuesta legislativa también plantea el decomiso de todos los bienes adquiridos o transferidos ilícitamente a patrimonios de terceros para ocultar el delito. Además, propone el arraigo de un año para las autoridades sindicadas del presunto delito de corrupción, una que vez que dejen de ser funcionarios públicos.
El legislador argumentó que una de las causas para que el país haya llegado a una crisis económica es precisamente la corrupción agravada. En 2024, el exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Alán Lisperguer, registró un bien inmueble a su nombre, pero ya en ese mismo año se identificó que contaba con nueve bienes inmuebles, la mayoría ubicados en el departamento de Cochabamba.
Durante el gobierno de Luis Arce, seis exministros ligados a organizaciones sindicales fueron procesados por corrupción, entre ellos están: Edwin Characayo, Wilson Cáceres, Edgar Pary, Adrián Quelca, Juan Santos Cruz y Lisperguer.
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