Con los indígenas de Baure, el Estado ficticio Kailasa intentó establecer un contrato de alquiler “perpetuo” de 60 mil hectáreas, por 108 mil dólares anuales; sus representantes también sostuvieron conversaciones con dirigentes de las naciones Esse Ejja, Cayubaba y Modesta Santistevan, de los guaraníes de Cordillera, así como se contactaron con la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y en su momento buscaron a los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Después que se difundieron las intenciones de los representantes del inexistente Estado de Kailasa, quienes buscaban arrendar tierras indígenas por 50, 70 y hasta más de 100 mil dólares anuales, surgen datos sobre los acercamientos que lograron no sólo con los dirigentes de pueblos indígenas, sino con organizaciones y hasta con autoridades de Gobierno.
El 3 de octubre de 2024, por ejemplo, lograron subir a la tarima donde el presidente Luis Arce recibía presentes, en un acto realizado en Santa Cruz, donde una de las representantes de este estado ficticio le regaló un libro y logró tomarse una foto con el Mandatario.
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Herbert Taboada, diputado de Comunidad Ciudadana, mostró su apoyo a Kailasa, posando en varias fotos con representantes del supuesto país, en febrero de este año en su viaje a Estados Unidos, según información de El Deber. Sin embargo, eliminó las imágenes ayer, después que el mismo medio reveló las intenciones de “alquilar” territorio indígena. Sin embargo, también aclaró que el encuentro con esta organización fue casual, durante un viaje que hizo a Estados Unidos.
También circula un video sobre una reunión que tuvo su representante con la Dirección Municipal de Patrimonio, Arte y Cultura de Trinidad, en la que explican que ellos buscan firmar “tratados” porque se consideran también un pueblo originario.
Apoyo y repudio
Después que el domingo el periódico El Deber denunciara las intenciones de este Estado inexistente, la periodista Silvana Vincenti, autora del reportaje, recibió amenazas por parte de un dirigente de Baure, pero también de números telefónicos desde el exterior.
Ante esta situación, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), profesionales del periodismo e incluso el Comité pro Santa Cruz se manifestaron en apoyo a la investigadora y repudiaron las amenazas y exigen investigar los hechos.
Asimismo, el diputado Marcelo Pedrazas, secretario de la comisión de Tierra y Territorio en la Cámara de Diputados, envió la solicitud al ministro Eduardo del Castillo para alertar sobre el amedrentamiento que sufre la periodista y pedir garntías para el ejercicio de la libertad de expresión.