Por medio de un comunicado, el Secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que la medida incluye la reubicación de algunas funciones clave en su Departamento y la eliminación de aquellas que “no se alinean con las prioridades de la Administración”.
Fuente: Infobae
La administración del presidente Donald Trump notificó oficialmente al Congreso su intención de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) antes del 1 de julio de 2025, según confirmó el viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
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La medida incluye la reubicación de algunas funciones clave en el Departamento de Estado y la eliminación de aquellas que “no se alinean con las prioridades de la Administración”.
“Desafortunadamente, USAID se desvió de su misión original hace mucho tiempo”, afirmó Rubio, al argumentar que la ayuda exterior debe reorientarse para “proteger nuestras fronteras” y “fortalecer nuestras asociaciones con aliados clave”.
La decisión, que afecta a una agencia creada por el Congreso en 1961, ha generado rechazo por parte de legisladores demócratas, quienes la calificaron como “ilegal, peligrosa e ineficiente”. USAID gestionaba hasta ahora un presupuesto anual cercano a los 43.000 millones de dólares, lo que representaba más del 40% de la ayuda humanitaria mundial.
Según documentos obtenidos por CNN, el Gobierno planea mantener solo algunos programas bajo el ala del Departamento de Estado, entre ellos aquellos relacionados con asistencia humanitaria, salud global, inversión estratégica y seguridad nacional. El resto de las operaciones será cancelado progresivamente.
En un memorando interno enviado este viernes a los empleados, el jefe interino de USAID, Jeremy Lewin, informó que “se eliminarán sustancialmente todos los puestos no estatutarios”. La notificación fue emitida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el empresario Elon Musk, una oficina creada tras la toma de posesión de Trump en enero.
El desmantelamiento de USAID se produce tras una congelación de 90 días en la ayuda exterior estadounidense, impuesta por orden ejecutiva el mismo mes de la investidura de Trump. Desde entonces, el Gobierno ha cancelado el 83% de los programas de USAID, con algunas excepciones para casos de emergencia.
El 10 de marzo, Rubio anunció que el Ejecutivo estaba en conversaciones con el Congreso para transferir cerca de 1.000 contratos activos al Departamento de Estado. Este viernes, un tribunal federal de apelaciones anuló una orden judicial previa que había suspendido temporalmente el proceso de cierre.
Por su parte, algunos senadores demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores advirtieron que la reestructuración dejará inoperativos los programas remanentes de USAID y sobrecargará al Departamento de Estado. “El peso que se traslada causará una disrupción significativa en su misión principal”, dijeron en un comunicado.
Un juez bloqueó los recortes a USAID impulsados por DOGE por una posible inconstitucionalidad
A mediados de marzo, un juez federal ordenó suspender de forma inmediata el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), según reportó la agencia Associated Press.
La decisión, emitida por el juez Theodore Chuang, con sede en Maryland, bloquea toda acción adicional en el proceso de eliminación de la agencia y concluye que estas medidas “probablemente violan la Constitución de los Estados Unidos”.
El fallo responde a una demanda presentada por empleados y contratistas de USAID, quienes alegaron que la toma de control por parte de Musk y la posterior reducción de la agencia carecían de base legal.
Según Forbes, el juez Chuang ordenó a la administración Trump restituir de inmediato el acceso a los sistemas informáticos y correos electrónicos de todos los empleados, incluidos aquellos colocados en licencia administrativa.
La decisión también impide ejecutar despidos adicionales y representa un obstáculo relevante para la estrategia de recortes en asistencia exterior que la Casa Blanca venía implementando desde enero.
El fallo judicial representa la primera orden preliminar contra el plan de desmantelamiento y mantendrá congeladas las acciones del DOGE hasta que el caso se resuelva en tribunales.
(Con información de AP, EFE y AFP)