El modelo autonómico plural en Bolivia, consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, configura un diseño territorial y político que reconoce la diversidad étnica, cultural y social del país. Este modelo establece la coexistencia y complementariedad de múltiples niveles de gobierno —central, departamental, municipal e indígena originario campesino— dotándolos de autonomía y competencias para el ejercicio de la gestión pública en el marco de la unidad estatal. La repartición competencial en materia de protección de víctimas de violencia en razón de género y de grupos de atención prioritaria se erige como una manifestación concreta de este principio autonómico, pero también como un desafío jurídico y operativo de gran complejidad.
Desde una perspectiva filosófica, el modelo autonómico plural encarna la materialización de la autodeterminación de los pueblos y la descentralización del poder, pilares esenciales para la democratización y el reconocimiento de la diversidad social. La protección de víctimas de violencia de género y de grupos vulnerables constituye, en este sentido, un imperativo ético y político que trasciende la mera gestión estatal, al involucrar valores fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. La responsabilidad del Estado en este ámbito no se limita a la sanción de conductas violentas, sino que implica la implementación de mecanismos efectivos de prevención, atención y reparación integral, lo que requiere una acción concertada y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno.
Desde el plano jurídico, la CPE establece competencias privativas del nivel central en materia de régimen penal y procesal (art. 297), pero también reconoce competencias concurrentes y compartidas en el ámbito de la seguridad ciudadana, la protección de derechos y la erradicación de la violencia. La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley N° 348) y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley N° 548) son expresiones normativas de esta coordinación intergubernamental. Sin embargo, las tensiones competenciales y los vacíos institucionales persisten, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación y articulación entre los distintos niveles de gobierno, respetando la autonomía local sin menoscabar la obligación estatal de garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales.
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El reto del modelo autonómico plural en Bolivia radica en lograr un equilibrio entre el respeto a las competencias autonómicas y la unidad de acción estatal en la protección de las víctimas. La superación de esta tensión requiere una interpretación armónica de la normativa constitucional y la consolidación de políticas públicas integrales que reconozcan la diversidad territorial y cultural del Estado boliviano, sin perder de vista el mandato de garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las personas más vulnerables.
Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constitucional