En la Asamblea Legislativa impulsan el debate del Código Procesal Agroambiental para defender la Madre Tierra, luego de 15 años de vigencia de la Ley del Órgano Judicial que fijaba un plazo de dos años para aprobar la ley que regula la justicia agroambiental.
Fuente: ABI
El Comité de Educación de la Cámara de Diputados, en coordinación con el Tribunal Agroambiental y el apoyo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado, realizó la socialización de la propuesta legal.
Durante el evento, el procurador del Estado, Ricardo Condori, recordó que la Disposición Transitoria Tercera de Ley del Órgano Judicial del 23 de junio de 2010 dio un plazo máximo de dos años para “que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse” a esa Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional; “sin embargo, transcurrieron 15 años desde la promulgación de la Ley 025 y hasta ahora la Asamblea Legislativa no aprobó un Código Agroambiental”.
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“La Justicia Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 065/2015, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a efectivizar los mecanismos legislativos, adecuando el marco normativo de la jurisdicción agroambiental, habiendo afirmado taxativamente que el plazo previsto por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, transcurrió de sobremanera desde el 3 de enero de 2012”, cuestionó.
Como sucede con los créditos por más de $us 1.667 millones, el proyecto de Ley 226/2024-2025 del Código Procesal Agroambiental está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. Cuenta con 231 artículos, 3 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 4 disposiciones finales y 3 disposiciones derogatorias.
La secretaria del Comité de Educación, Magaly Gómez, destacó la importancia de esta normativa para la preservación del medioambiente y la prevención de delitos ecológicos.
“Es fundamental contar con este código, porque cuando ocurren quemas indiscriminadas, como las que afectaron la Chiquitania en años anteriores, o cuando especies en peligro de extinción, como los jaguares, son amenazadas, debe existir una legislación que sancione estas acciones y refuerce la prevención y el cuidado ambiental”, afirmó Gómez.
A su vez, el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez, explicó que el futuro código garantizará la tutela judicial de derechos individuales, colectivos y difusos en áreas como la agraria, recursos hídricos, medio ambiente, biodiversidad, salud pública y patrimonio natural y cultural.
En tanto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, subrayó la prioridad de esta propuesta de ley para el país y exhortó a las instituciones a reiniciar el debate para su pronta aprobación.
«Sin una legislación clara y efectiva, los recursos naturales están en riesgo de explotación desmedida», advirtió, augurando que la ley entre en vigencia en el año del Bicentenario.
Frente a estas reflexiones, la diputada Gómez llamó a las comisiones de Justicia, Constitución y Medio Ambiente a debatir y aprobar la propuesta.
Rdc/Jfcch/CC