La escasez del combustible en el país se ha convertido en un problema a nivel nacional.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno
La crisis de escasez de combustible en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes y amenaza con desencadenar una grave crisis económica en el país. El presidente Luis Arce reconoció públicamente este miércoles que Bolivia enfrenta un problema de «iliquidez» de dólares, lo que impide la compra de diésel y gasolina.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Este escenario se ha convertido en un reto que parece escapar de las manos del Gobierno, poniendo en jaque la estabilidad energética y económica del país. La escasez de combustible, que afecta principalmente a los sectores productivos, el transporte y la industria, es una consecuencia directa de la falta de divisas extranjeras.
Bolivia, un país con reservas de gas natural y petróleo, se enfrenta a una paradoja: no tiene suficientes dólares para financiar la importación de combustibles. Este colapso de la balanza de pagos se ve reflejado en la creciente presión sobre las arcas del Estado.
La subvención de combustibles, una medida implementada por primera vez en 1997 bajo el gobierno de Hugo Banzer, se ha convertido en una de las principales causas de la actual crisis.
En 1997, el Gobierno implementó una serie de decretos supremos que modificaron el Reglamento de Precios, con el objetivo de mantener el precio del combustible congelado para la población, lo que favoreció el consumo sin que los costos se reflejaran en los precios de venta al público.
Sin embargo, a lo largo de los años, la subvención ha sido insostenible. En 2004, se realizó un reajuste y los precios fueron nuevamente congelados, lo que aumentó la carga fiscal sobre el Estado. Con el paso del tiempo, la demanda de combustibles ha crecido considerablemente, especialmente en los sectores que dependen del diésel y la gasolina para su funcionamiento. Esto ha incrementado la necesidad de una mayor subvención.
En 2019, la subvención de combustibles alcanzó un monto alarmante de 2,727 millones de bolivianos, lo que representó el 14% del déficit fiscal del país. Este gasto desmesurado ha puesto a prueba la capacidad del Gobierno para equilibrar las finanzas públicas, especialmente cuando los precios internacionales de los combustibles siguen aumentando y las reservas de divisas se encuentran en niveles críticos.