Según consta en documentos, las naciones cayubaba, esse ejja y baure ya fueron contactadas por este grupo religioso de la India y recibieron los convenios y los firmaron; aseguran que después desistieron. También buscaron a pueblos andinos
Fuente: El Deber
Estuvieron en Paraguay, en Ecuador, y a finales del año pasado probaron suerte en Bolivia. Son parte de lo que se autodenomina Estados Unidos de Kailasa; según medios internacionales como la BBC e Infobae, un país ficticio que logró asistir a dos sesiones de Naciones Unidas.
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De acuerdo al autoproclamado gurú hindú Nithyananda Paramashivam, Kailasa fue fundado por él en 2019, en una isla comprada a Ecuador, y cuenta con dos mil millones de hindúes practicantes entre su población. Asimismo, afirma tener una bandera, una constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema.
Después de fallidos intentos de permanecer en otros países, los representantes de Estados Unidos de Kailasa empezaron a contactar a la dirigencia de pueblos indígenas bolivianos, para firmar convenios de “cooperación bilateral”.
Lo hicieron con los baure y cayubaba de Beni, y con los esse ejja del Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando; además trataron de establecer relaciones con otras naciones, como las de tierras altas, a través de la Coordinadora Andina y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
EL DEBER accedió a las actas y los convenios con los baure, esse ejja y cayubaba, con quienes hubo algunos avances.
En el caso de la nación baure, en septiembre de 2024 varios representantes, liderados por Pedro Guasico Durán, firmaron un acta de consentimiento para conceder el “arrendamiento perpetuo” de 60 mil hectáreas de ese territorio por 108 mil dólares anuales, con un pago inicial. De parte de Kailasa, en el convenio aparecen la embajadora de Kailasa, Brenda Jung; y los delegados Nilesh Patel, Nithya Paramashivapriya y Trang Huyen Tran. “Este arrendamiento es por un período de mil años, que se renovará automáticamente y perpetuamente”, indica el contrato.
El mismo mes, de acuerdo al acta de directorio, los cayubaba informaban sobre la firma de un tratado bilateral entre Roddy Alberto Chávez Atoyay, en representación de la Subcentral Indígena de la Central Cayubaba, para otorgar “una concesión perpetua e irrevocable de 31 mil ha de terreno” en favor de los Estados Unidos de Kailasa, destinadas a la conservación de la biodiversidad endémica”, a cambio de un pago anual de 55.800 dólares americanos.
En el contrato, de parte de Kailasa, además de los anteriormente mencionados, aparece Lewis Jeffrey Smith, como delegado.
Otro contrato, de noviembre de 2024, fue con los esse ejja del TIM 2, entre Pando y Beni, por más de 390 mil ha, con pagos anuales de 28.107 dólares. Este documento fue firmado por Sanjinez Mamio Callaú, gran capitán, con otros dirigentes como testigos. Del lado de Kailasa, además de la embajadora Brenda Jung, rubricaron el acuerdo Lin Wang, Qiaohui Cui, y Sophia Lorena Smith, todos delegados.
Contexto
Entre los antecedentes que figuran los documentos, desde Kailasa aseguran que las tierras soberanas de sus ciudadanos se perdieron entre las olas del Océano Índico cuando Kumari Kandam, la antigua patria hindú, se hundió bajo la superficie debido a los estragos del “cambio climático” y la destrucción ecológica, que llevó a su gente a buscar un nuevo hogar, donde puedan reconstruir y prosperar en armonía con el medioambiente. “Más adelante en la historia, el resto de nuestras tierras se perdió como efecto del colonialismo, erosionando aún más nuestra conexión con nuestra herencia ancestral e identidad cultural”.
Asimismo, se definen como un sujeto soberano de derecho internacional, con atributos distintivos de Estado jurídico e instituciones históricas eclesiásticas hindúes soberanas, que reciben el reconocimiento habitual de las Naciones Unidas.
Amparan los convenios directos entre Kailasa y los pueblos indígenas del país en la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano, “profundamente comprometida con los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, asegurando que los pueblos indígenas tengan derecho a gobernar sus territorios, con control ancestral sobre sus territorios, su libre determinación”, con jurisdicción, normas y procedimientos propios.
Cláusulas
Entre las cláusulas en común en todos los convenios, los representantes de Kailasa estipulan la validez de su propio pasaporte, que deberá ser considerado como nacional, tanto de Kailasa como de la nación indígena firmante, “y que cualquier pasaporte que Kailasa cancele, el pasaporte correspondiente de la nación indígena también debería cancelarse”. Del mismo modo, los originarios deberán reconocer la validez de la moneda de Kailasa.
Sobre el territorio, literalmente la cesión es irrevocable e incluye todos los derechos sobre el espacio aéreo y los recursos accesibles sobre o debajo del suelo, y renovable de manera automática cada mil años.
La transferencia de pago se efectuará una vez que se cumplan: la transferencia de la tierra al título de Kailasa, al completar un estudio formal, una evaluación topográfica integral, la satisfacción de todos los marcos legales aplicables, y la ratificación del tratado por el Gobierno de Bolivia.
Kailasa además tendrá plena soberanía y autonomía dentro del territorio para establecer sus propios sistemas administrativos, jurídicos, económicos y prácticas culturales y religiosas, en la forma que así determine.
“La nación indígena brindará protección contra agresiones externas al territorio con sus servicios de defensa y Policía, cuando lo solicite Kailasa. Sin embargo, la nación indígena acepta que no habrá interferencia en los asuntos internos y ninguna fuerza de defensa, Policía o cualquier otra entidad administrativa. De acuerdo con la soberanía, la presencia de aeronaves de cualquier tipo en el espacio aéreo del territorio estará sujeta a la aprobación de Kailasa”.
Adicionalmente, Kailasa compromete a dar a sus soberanos el mismo trato que a los jefes de Gobierno y ministros de otros países; a defender a Kailasa en cualquier proceso judicial que surja en la jurisdicción de la nación indígena firmante o del Estado Plurinacional de Bolivia; a garantizar la exención fiscal, incluso de donaciones, y de las cargas sociales sobre sueldos.
“Además, los miembros de la sede de Kailasa y de todas las instituciones dependientes estarán exentos de impuestos en la adquisición o venta de propiedades muebles o inmuebles dentro del territorio de Kailasa o en la nación indígena, utilizados o que vayan a ser utilizados para sus funciones oficiales”.
En la misma línea, en sus contratos comprometen a la nación firmante a proporcionar, sin restricción alguna, instalaciones que incluyan energía eléctrica, agua dulce e internet a un costo favorable. “La nación indígena proporcionará, además, la conexión dentro del territorio y con otros Estados, de los servicios de Internet, telégrafo, teléfono, radiotelégrafo, radioteléfono, radiodifusión y correos. También preverá la coordinación de otros servicios públicos”, dejaron por escrito.
En los anexos, Kailasa compromete al representante indígena firmante a entregar un poder notarial en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos, garantizando pleno reconocimiento y autoridad legal, además de un contrato de arrendamiento “vinculante y ejecutable conforme a la ley boliviana, que podrá usarse para transacciones financieras e institucionales.
“La asociación deberá proporcionar todos los detalles y documentación necesarios para la redacción, ejecución e implementación del contrato de arrendamiento, lo que incluye documentos de propiedad, identificación de todas las partes involucradas, levantamiento topográfico detallado. Asimismo, exige el registro del tratado en la Comunidad Andina”.
Aseguran que desistieron
Adolfo Chávez, de la Cidob, catalogó estos contratos como “tumbe”, y dijo que cuando se enteró y empezó a denunciar, fue contactado por Miguel Antonio Chumapi (Chumapi & Asociados de Quito – Ecuador), que figura en los documentos como Consejero de Kailasa para los Países Andinos.
“Lo que sé es que son de la India y que los expulsaron de Ecuador. Ellos están creando una nueva nación, Estados Unidos de Kailasa, para inscribirse ante Naciones Unidas, vienen de una religión para imponer su cultura. Los indígenas serán esclavos en su propio territorio, quedarán en prenda. Sus convenios son irracionales, y no queda claro qué beneficios tendrían los indígenas. Dista mucho de que sean reconocidos en Naciones Unidas, más parecen una secta”, denunció, y agregó que es posible que tengan que ver con los créditos de carbono.
Ubicado Miguel Antonio Chumapi, aseguró a EL DEBER que trabajó un tiempo con esa organización, y que ahora está afuera. “Es igual que la religión católica, que es un estado atípico, solo que tiene su razón social Estados Unidos de Kailasa. Es una religión que busca el despertar de la conciencia, tener un reconocimiento, y que el hombre sea su propio Dios”, explicó.
Sobre el acercamiento con los territorios indígenas, aseguró que el único fin de Kailasa es vivir en armonía con la naturaleza, cuidar los territorios ancestrales, y “que se mantengan intactos por la eternidad”.
Negó relación alguna con los mercados de bonos de carbono, y aseguró que en Bolivia no pueden aplicarse porque hay monopolio del Estado. Sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0040/2024, del 19 de junio de 2024, determinó que la prohibición de comercializar estos bonos de carbono es inconstitucional, lo que abrió la puerta a su comercialización de parte de privados.
Chumapi aseguró que Adolfo Chávez malinterpretó, y que Kailasa solo busca ir al territorio a evangelizar. Sobre las denuncias de medios internacionales de que Kailasa es un Estado ficticio, indicó que no puede corroborarlo, “mi trabajo solo era exponer la visión de Kailasa”, dijo, a pesar que su nombre figura en documentos.
Hasta donde supo, dijo que al menos la nación baure desistió. Admitió que se reunión con varias naciones indígenas.
De parte de los baure, Pedro Guasico dijo que no tiene contrato con nadie. Después agregó que desistieron, “nosotros sabemos en qué momento dar a conocer, si es que queremos, lo que veo aquí es interés político”, indicó.
De la misma nación, otro dirigente, Jesús Roca, refutó que no se ha desistido, “solo que está difícil la situación económica actual para salir a la capital, Trinidad”.
En lo referente al TIM 2, donde además de los esse ejja habitan los cavineño y takana, Lucio Ayala, indígena cavineño y presidente de todo el territorio, dijo que las intenciones quedaron en nada. Admitió que los esse ejja firmaron, pero que el resto de los habitantes rechazó. “Una sola nación no puede mandar ni tomar determinaciones sobre un territorio de tres pueblos”, dijo.
Sobre las condiciones del contrato, indicó que son lamentables, y que en su estatuto no existe la posibilidad de firmar convenios por mil años, “condenamos eso, nunca lo aceptaremos”, aseguró.
Cristóbal Huanca, de la Coordinadora Andina, informó que junto a la Conamaq también fue contactado por la representante de Kailasa en Bolivia, Sophia Lorena Smith, y que tuvieron una reunión por Zoom, pero que cuando quiso una cita presencial, no obtuvo respuesta. “Tuve desconfianza, parece que quieren sacar ventaja y aprovecharse porque me ha pasado con varias ONG que usaron mi nombre y falsificaron información, como si hubiéramos hecho talleres y nos hubieran dado plata”, denunció.
Jhovana Morales, de la Fundación Tierra, tildó los documentos de “estafa”, ya que violan todo reglamento de los territorios indígenas, e incumplen con la consulta previa e informada. “No tiene sustento”, cuestionó.
De las pretensiones de Kailasa en sus documentos, acerca de comprar o arrendar propiedades (edificios, terrenos, vehículos) dentro de la nación indígena Baure, destinadas a la sede de Kailasa, su misión diplomática e instituciones dependientes, con plena soberanía y autonomía, Morales dijo que son acuerdos completamente inconstitucionales que se desenmarcan en lo establecido en la CPE y normas agrarias, pues las TCOS y comunidades colectivas son: inalienables, inembargables,
indivisibles, irreversibles, colectivas, e imprescriptibles.
«No se cumple en lo mínimo con las leyes nacionales, más aún al tratarse de un país que no existe.
No se aplica el principio de la libre determinación porque no hubo una consulta previa a las comunidades indígenas, porque al ser un bien colectivo, quienes tienen que tomar la decisión son todos los habitantes de una comunidad (o territorio)», dijo.
Morales agregó que existen antecedentes que vinculan a Kailasa con esquemas de estafa, lo que refuerza la nulidad de cualquier contrato o convenio que intente suscribir. Además, remarcó que estos acuerdos no especifican bajo qué preceptos legales de la normativa boliviana se rigen.
«El convenio no indica bajo que preceptos legales de la normativa boliviana se rige. Por último, al pretender otorgar plena soberanía al supuesto pueblo de Kailasa, estos acuerdos infringen lo establecido en el artículo 30 de la CPE, ya que desconocen la identidad y cultura de los pueblos indígenas reconocidos en Bolivia», puntualizó.
EL DEBER pidió una versión a Sophia Lorena Smith, quien se presentó como encargada de Kailasa en Bolivia, vía WhatsApp a su línea de Ecuador, pero no respondió hasta el cierre de la edición.
PARA SABER
ECUADOR
En 2024, un monje de Kailasa se reunió en un acto oficial de Naciones Unidas con la ministra ecuatoriana de medioambiente, Sade Fritschi, haciéndola quedar en ridículo, según medios internacionales.
PARAGUAY
En 2023, el gobierno de Paraguay destituyó a un alto funcionario por haber firmado un documento de cooperación con Kailasa, cuyo líder fue acusado de acoso y abuso sexual en su natal India.
Fuente: El Deber