La solicitud de asilo de periodistas bolivianos en Estados Unidos es un reflejo preocupante de la crisis que enfrenta la libertad de prensa en el país. La información recabada por juristas y expertos en inmigración muestra una tendencia alarmante: comunicadores, especialmente de Santa Cruz, han decidido abandonar Bolivia a causa de la persecución política, falta de garantías para el ejercicio de su profesión y asfixia económica a los medios de comunicación independientes.
El periodismo, como pilar de la democracia, debe contar con condiciones mínimas para operar libremente. Sin embargo, en Bolivia, los constantes ataques contra la prensa, la presión gubernamental y la asfixia económica han generado un clima hostil que obliga a muchos a optar por el exilio. En la mayoría de los casos, Estados Unidos es el destino elegido por nuestros compatriotas debido a su larga tradición de protección a la libertad de expresión, por ello se alberga la esperanza de que la nueva administración de viabilidad a las distintas solicitudes. Y esperamos que la nueva administración ayude a los bolivianos que eligen ese país.
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Sin embargo, el problema va más allá de lo individual. En este último tiempo hemos visto la salida de profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria como José Miguel Sánchez, Carla Paz, José Antonio Camacho, Marcelo Suárez, Mario Méndez y Carmen Pérez, lo que implica una pérdida para la sociedad boliviana en su conjunto. El periodismo es un contrapeso fundamental para el poder, y la emigración forzada de comunicadores debilita el acceso a información veraz y plural. Además, el fenómeno de la «fuga de cerebros» se extiende a otros sectores, afectando la capacidad del país para desarrollarse.
Es evidente que el factor económico juega un papel determinante. La precarización del mercado laboral, el crecimiento de la informalidad y la crisis financiera que atraviesa Bolivia han hecho que muchos busquen alternativas en el exterior. Quedan pocos medios de comunicación independientes en Bolivia, acosados vía impuestos, legislación laboral y sin acceso a la publicidad estatal. Así, poco a poco languidecen las plataformas que permitan acceder a información veraz, fundamental para la democracia.
Los tres niveles del estado en Bolivia deberían tomar en serio esta problemática. Es imperativo garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, respetar la independencia de los medios y cesar la utilización de mecanismos de presión económica o judicial contra periodistas críticos. Además, se debe trabajar en generar oportunidades laborales para evitar que los jóvenes vean en la migración la única alternativa de progreso.
Si el éxodo de periodistas y profesionales no se detiene, Bolivia corre el riesgo de profundizar su crisis institucional y económica. La libertad de expresión no es solo un derecho fundamental, sino un indicador del estado de salud de una democracia. Su deterioro nos afecta a todos.
María José Salazar/ Diputada