Resulta que al día de hoy se siembra hoja de coca en 17 Provincias, cinco más en zonas sin autorización, ergo, zonas ilegales que deberían ser erradicadas sin mayor trámite. Las nuevas Provincias son Iturralde en el Departamento de La Paz; Ayopaya en el Departamento de Cochabamba; Provincia Ichilo y Manuel María Caballero en el Departamento de Santa Cruz y en la Provincia Moxos del Beni.
Esta explosión de cultivos ilegales no sólo se presenta en 17 Provincias, sino que se ha expandido de dos a cuatro Departamentos. Durante décadas la opinión pública en Bolivia y a nivel internacional supo que se producía hoja de coca en La Paz y Cochabamba, pero ahora se lo hace en Santa Cruz y Beni. Lo más reprochable, de la información sobre esta explosión, es la actitud de la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas UNODC que esconde estos datos al señalar que los cultivos ilegales de Beni y Santa Cruz forman parte de las estadísticas de registro de Cochabamba. La UNODC le debe una explicación a la ciudadanía boliviana y a la comunidad internacional sobre su accionar completamente repudiable en este tipo de enmascaramiento de la verdadera cobertura de los cultivos excedentarios.
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Este incremento descontrolado, denominada explosión, también se presenta en 6 de 23 Áreas Protegidas (APs), que representan aproximadamente el 16% del territorio nacional.
Veamos la explosión de cultivos ilegales de hoja de coca en Áreas Protegidas, ya sean estos parques nacionales, territorios indígenas. Para el año 2023, los cultivos de hoja de coca llegaron a sumar 41.302 hectáreas, de las cuales se erradicaron 10.302 ha., quedando en pie cultivos de hoja de coca por 31.000 ha. De esta cantidad, en áreas protegidas explosionó la frontera cocalera en 3.627 hectáreas, lo que representa un récord histórico del 11.7%. Estos cultivos ilegales no ingresan al circuito legal y por lo tanto representan una materia prima vinculada al narcotráfico. Estas Áreas Protegidas son el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, que incluye el Polígono 7 (Isiboro Sécure) con 1.559 cultivos ilegales; el Parque Nacional Carrasco y la Línea Roja (Carrasco) con 1.813 hectáreas; Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (66 ha.); Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró (53 ha.); Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba (79 ha.) y Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (57 ha.), todos estos datos correspondientes al 2023.
La explosión que hemos detallado se realiza tanto en el plano espacial como en el plano temporal, es decir, son cultivos ilegales cuantificables en hectáreas, sino también en varios años de data, incluso más de seis o diez años atrás.
Así, las Áreas Protegidas sufren el ataque en su interior de cultivos ilegales de hoja de coca, la instalación de fábricas de cocaína, laboratorios de refinación, así como la descarga en la tierra y fuentes de agua de precursores líquidos y sólidos, que afectan tanto a la flora como a la fauna. A ello se suma la penetración de la minería con sus efectos contaminantes sin ninguna regulación de parte del Estado y también los incendios de espacios boscosos y no boscosos.
El Estado en Bolivia es un Ecocida y al mismo tiempo un Estadonarco, por definición es un aparato cómplice con la actividad ilícita, que la tolera o la promueve, desde las normas, desde las políticas públicas y desde las acciones u omisiones.
Nos queda generar una nueva política de cultivos de hoja de coca; una política antidroga y una verdadera acción estatal sobre las Áreas Protegidas desde el conocimiento objetivo, que se vuelva realidad a partir de un nuevo gobierno este 2025.