En los próximos 45 días el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidirá si la disposición séptima del PGE es constitucional o no.
El ministro de Justicia, César Siles, informa el devenir de la disposición. Imagen: Captura Bolivia Tv
Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una medida constitucional para suspender la aplicación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autorizaba el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el Gobierno anunció que la norma queda suspendida.
“No se va a aplicar la disposición séptima hasta que el TCP en el fondo resuelva si es constitucional o no (…), el Gobierno va a cumplir, como lo ha hecho en otras oportunidades, y no va a aplicar la disposición en tanto el TCP no se pronuncie”, informó este martes el ministro de Justicia, César Siles.
Disposición
De acuerdo con la autoridad, el Órgano Ejecutivo, como emisor de la norma, puede contestar en 15 días la postura del TCP, el cual en 45 días decidirá si la disposición en constitucional o no.
Siles explicó que la norma no puede ser derogada, pero si es declarada inconstitucional, entonces queda fuera del ordenamiento jurídico.
La polémica disposición autorizaba a las autoridades competentes a confiscar y decomisar productos que se almacenen con el objetivo de venderse a un precio más elevado. De acuerdo con el Gobierno, la norma permitiría una lucha frontal contra el agio y la especulación para proteger la economía del pueblo boliviano.
Por ello, el ministro señaló que es mejor no “adelantarse” y esperar la postura final del TCP, al cual pidió celeridad para tratar en los tiempos más cortos la constitucionalidad de la disposición.
En tanto, Siles pidió a los sectores movilizados y declarados en emergencia suspender sus medidas de presión, pues la norma está suspendida.
“No entenderíamos razón alguna para mantener la movilización o el reclamo específico en relación a la disposición, ha quedado suspendida, no se va a aplicar, no se va a reglamentar, no se puede adoptar ninguna medida administrativa o decreto”, aclaró.
Debido al rechazo a la disposición, varios sectores anunciaron con protestas y marchas hasta lograr su derogación, pues consideran que afecta al sector productor y es una violación a la propiedad privada.