La privación de libertad del gobernador de Santa Cruz, contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, refieren en su informe un equipo independiente que analizó este tema.
Foto:EFE
Fuente: Unitel
Este viernes, se conoció el documento con las opiniones del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que evaluó y analizó si el Estado boliviano cumplió o no con los derechos humanos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ese informe califica de arbitraria la detención del excívico cruceño y pide al Gobierno a “remediar la situación”, además de otorgarle una indemnización por los daños sufridos a raíz de su detención.
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Según el documento, la privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria, por cuanto contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras considerar las circunstancias del caso, el Grupo consideró que el “remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
El Grupo también pide al Gobierno de Bolivia que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”.
Piden investigación independiente
Entre las medidas contempla no solo la libertad de Camacho, sino también una indemnización e insta al Estado boliviano a poner en marcha una “investigación independiente” sobre las circunstancias en las que la autoridad cruceña fue privada de su libertad.
“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, señala uno de los puntos de los expertos.
El Grupo de Trabajo remitió el caso a la a Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tomen las medidas correspondientes.
Finalmente, solicitaron al Gobierno de Bolivia difundir las opiniones del Grupo de Trabajo.
En tanto, Human Rights Foundation, organización con sede en Nueva York y representante internacional ad honorem de Camacho como parte de su programa de litigio global, señaló que las opiniones del grupo tienen carácter vinculante. Esa institución anunció que el lunes 31 brindará una conferencia de prensa junto a la familia del gobernador en la ciudad de La Paz.
Este jueves, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que el Gobierno no está de acuerdo con las opiniones del grupo y rechazó que sean vinculantes. Afirmó que se pedirá una revisión.