Autoridades policiales, la ANH y el Ministerio Público precintaron un tracto-camión en Sucre durante una investigación por cargas irregulares.
Fuente: La Razón
Un operativo conjunto del Comando Departamental de Policía de Chuquisaca, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio Público incautó este sábado 19.500 litros de diésel en el surtidor Mariscal Sucre de Sucre, tras detectar presuntas irregularidades en la comercialización de combustible.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La investigación se inició tras alertas sobre cargas excesivas realizadas por una persona identificada como E. M. A., quien habría abastecido repetidamente un tracto-camión Volvo entre enero y marzo de esta gestión.
Durante el procedimiento, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el fiscal de turno precintaron el vehículo como parte de las pesquisas para determinar responsabilidades.
«El objetivo es esclarecer si este combustible estaba destinado al mercado ilegal o al contrabando», explicaron fuentes policiales, sin descartar vínculos con redes de acopio.
Diésel
El operativo se enmarca en una crisis de combustible que afecta a varias regiones del territorio nacional, con reportes de desabastecimiento en varios departamentos y denuncias recurrentes de desvío de diésel subsidiado hacia el mercado negro para venderlo a precios más elevados a sectores que requieren del carburante para no detener sus actividades.
La ANH ha intensificado controles para evitar la especulación y garantizar el acceso legal al recurso, vital para el transporte y la producción agrícola.
De acuerdo con las autoridades, actividades como el desvío de combustibles afectan a la normal distribución de carburantes, ya que las estaciones de servicio cuentan con menos volúmenes para abastecer la demanda.
Las autoridades analizarán los registros del surtidor y el historial de transacciones de E. M. A. para determinar si hubo violación a la normativa de hidrocarburos.
El caso podría derivar en cargos por acopio ilegal y comercialización de combustibles, delito penado con hasta seis años de prisión según el Código Penal.
Fuente: La Razón