La falta de pago en el sector público y la facturación anticipada por contratos con la Alcaldía cruceña afectan el desempeño de las empresas constructoras
Fuente: El Deber
Javier Arze Justiniano, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), observó que el actual escenario económico que afecta al país genera incertidumbre en el sector, que es considerado uno de los mayores generadores de puestos de trabajo y principal sector privado que impulsa el crecimiento de la economía boliviana.
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¿Cuál es la realidad del sector de la construcción?
Lamentablemente, ni a escala departamental, municipal o nacional, hubo una voluntad política que nos pueda ayudar a pasar el mal momento. Los niveles de inversión pública fueron bajando, en 2023, llegaba a los 5.000 millones de dólares, en 2024, bajo a 4.200 millones de dólares y para 2025 se calcula no más de 4.000 millones. Pero lo más grave es que la ejecución presupuestaria no llega al 50%. Entonces, por esta situación muchas empresas que tienen contratos con el sector público tuvieron que dedicarse a otras actividades o estar en el sector privado de la construcción, porque en el sector público no se puede trabajar.
¿Por qué?
Todo el mundo sabe que la Alcaldía de Santa Cruz nos debe más de 1.200 millones de bolivianos en planillas de avance de obras, por esta situación hay muchos trabajos paralizados y varios contratos que van a ser rescindidos, porque hubo una irresponsabilidad en la administración del bien público municipal. Lo mismo sucede en el ámbito de la Gobernación, que por la falta de pago hay proyectos vigentes que están en peligro.
Todo esto sucede porque no hay dólares y el panorama se complica más por la venta del combustible a costo internacional, una situación que afecta nuestros costos. A manera de ejemplo, una modificación del valor del diésel provoca un encarecimiento de un 16%. Por eso no vale la pena trabajar, es mejor llegar a un acuerdo con el contratante y rescindir el contrato.
¿Cuál fue el efecto del decreto de reajustes de precios tan requerido por el sector?
Tiene sus falencias y no logró los resultados esperados. Por eso seguimos conversando con las autoridades del Gobierno para mejorar ese decreto. También se debe mejorar el decreto que nos obliga a facturar en el momento de presentar nuestra planilla. Pero como no nos pagan al momento de facturar, nosotros tenemos que hacernos cargo del impuesto. Eso paso con la Alcaldía de Santa Cruz, que nos hizo facturar a muchas empresas para tener una ejecución presupuestaria alta, sin embargo, no nos pagaron. En el reajuste de los precios el problema es que el Gobierno es el que nos indica que para beneficiarnos de esta normativa deben ser proyectos activos hasta mayo, pero sabemos que el ciclo de la construcción empieza en abril-mayo, entonces hay poco tiempo.
Además, cuando hacen una lista de los materiales que se pueden reajustar, observamos que gran parte de los materiales que tienen un impacto en los costos, por lo menos en la parte eléctrica, no están. Lo otra limitante son los proyectos que estaban en licitación, ¿Entran?, porque claramente dice en ejecución.
¿Es legal la facturación anticipada que hace el municipio cruceño?
No señor. Les comento un caso donde hay una denuncia formal, del Concejo Municipal, pues desde el municipio sacaron préstamos del Banco Unión a nombre de las empresas a quienes se les debía, pero esos recursos no han llegado a los afectados. Es un tema que lo hemos discutido con el Ejecutivo, lo hemos discutido en el Concejo Municipal y nosotros nos vamos a adherir a esas denuncias, porque eso entraría dentro de lo que es malversación de fondos y eso es muy preocupante.
¿Cómo proyectan 2025?
Para esta gestión consideramos que no habrá ninguna perspectiva de que esto pueda mejorar. De acuerdo con nuestro centro de estudios económicos, se calcula que para 2025 vamos a cerrar con un crecimiento de 0,5% a un 1,03%. Eso es un mínimo, cuando en gestiones pasadas el crecimiento del sector de la construcción, en promedio fue superior al 6%, un porcentaje que impulsaba al crecimento del Producto Interno Bruto (PIB), del país .
Fuente: El Deber