No se justificó el cierre. Se inauguró en Copacabana (La Paz) en 2008, por un convenio liderado por la ALT, con una inversión de $us 160.000, pero desde su “reactivación”, en 2020, se gastaron otros $us 724.000 y solo produjo 960 enlatados.
La “Planta de procesamiento de trucha”, en la estación experimental Jinchaca, a orillas del lago Titicaca en el municipio de Copacabana, que debía comprar la producción de peces a las comunidades, para procesar trucha ahumada, filetes y enlatados para “el mercado local e internacional”, naufraga en medio de informes contradictorios, que contienen “errores”, como lo admitieron los secretarios departamentales de la Gobernación de La Paz, Celso Ayala y Hugo Aduviri.
El asambleísta departamental Israel Alanoca, de la bancada de Somos Pueblo, en declaraciones a Visión 360, explicó que, durante un informe oral, el 5 de febrero, ambos secretarios incurrieron en contradicciones con los documentos que enviaron. Pero, además, afirmaron que la planta de Jinchaca “está en proceso de cierre” desde 2023, sin justificarlo con un estudio o reporte documentado.
Los documentos revelan que se gastaron cinco millones de bolivianos desde que se implementó un programa de “reactivación”, en 2020 (en la gestión del entonces gobernador Félix Patzi), pero, según los documentos, hasta la fecha solo se elaboraron 960 enlatados de trucha. Lo que significa que el costo de producción de cada una de esas latas tuvo un costo de 5.208 bolivianos.
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“A la población paceña se le debe decir la verdad: la Planta Procesadora de Trucha, Jinchaca, no está en ‘proceso de cierre’; en los hechos ya está cerrada, pero sin ningún justificativo legal o empresarial, por lo que todas las maquinarias que se compraron con dinero de los contribuyentes están oxidadas y olvidadas en un galpón. Esta es otra de las consecuencias de la mala gestión del gobernador de La Paz, Santos Quispe”, advirtió Alanoca.
“La planta (procesadora de trucha) no es una planta, es un galpón. Desde un inicio esto estaba mal planteado. Hay errores en el informe”, señaló Celso Anaya, secretario departamental.
El legislador explicó que, durante el informe oral que presentaron el secretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial, Celso Anaya, y el director del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag), Hugo Aduviri, ante la Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, el 5 de febrero, se detectaron graves incongruencias, que ahora deben ser explicadas en una interpelación ante el pleno, para que los asambleístas del MAS, Jallalla y Somos Pueblo decidan si el hecho será investigado y sancionado o no se hará nada al respecto.
“Los documentos y las declaraciones de los señores Celso Anaya y Hugo Aduviri se contradicen, ellos lo admiten, y responsabilizan de esos errores a otros funcionarios de bajo rango, pero los documentos llevan sus firmas. Por esta razón, nosotros presumimos que existe materia para procesos administrativos y un proceso penal por un posible daño económico al Estado, millonario”, remarcó Alanoca.
Inspecciones
Como lo denunció el asambleísta, durante dos inspecciones realizadas en junio de 2024 y enero de este año, los miembros de la Comisión de Desarrollo Productivo verificaron que el predio, donde debían trabajar al menos 25 operarios, estaba en el abandono. Incluso se conoció que una de las costosas maquinarias fue robada.
Las fotografías de dichas inspecciones revelan que los tanques donde debían crecer los alevines se secan en uno de los ambientes; las máquinas y utensilios para extraer vísceras, escamas y filetear las truchas están oxidadas, con polvo y telarañas. Afuera, las redes y las jaulas se baten sobre el agua del lago, vacías, y el acero de las estructuras está cubierto por musgo y algas.
Versión oficial
La fiscalización se da sobre los denominados “Programa integral de transformación y comercialización piscícola en la planta departamental de Jinchaca” y “Programa de fortalecimiento a la planta de procesamiento de trucha del Lago Titicaca en la estación experimental de Jinchaca”. Ambos datan de la gestión del entonces gobernador Félix Patzi.
“La planta (procesadora de trucha) no es una planta, es un galpón (sobre el que) además no tenemos derecho propietario (presumen que le pertenece a una entidad binacional). Desde un inicio esto estaba mal planteado, porque cuando hablamos de una planta, tendría que ser un ‘proyecto’ no un ‘programa’. Y si esto es un programa, tener planta (de procesamiento de trucha) no correspondía, sino que debía ser proyecto. Además, si es una ‘planta’, debía cumplir ciertos requisitos”, fue parte de las respuestas que dio el secretario departamental de Desarrollo Económico y Transformación Industrial, Celso Anaya.
Además de este argumento, a lo largo del informe oral, el funcionario sostuvo varias veces que la creación de la “planta procesadora de trucha” no fue su idea, que no elaboró ningún documento para su implementación, aunque admitió que era su responsabilidad.
El asambleísta Alanoca aclaró que Anaya y Aduviri comparecieron de forma oral ante la Comisión de Desarrollo Productivo, luego de que ambos presentaran dos informes “con datos confusos e incongruentes”, hecho por el cual ambos pidieron disculpas a los asambleístas. Sin embargo, las contradicciones persistieron.
“Si lo paramos ahí nomás, (debemos explicar) cuál va a ser el argumento, por qué lo hemos parado, si esto estaba planteado de 2022 a 2026. Entonces teníamos que tener argumentos, justificativos para decir por qué lo vamos a hacer y después cerrar. (…) Los resultados siempre se van a saber al final, cuando se concluye; como este programa no ha concluido, apenas ha llegado a la mitad de los cinco años (en que debía ser ejecutado), solo se ha llegado a dos años, no porque no queríamos, sino porque había inconvenientes, como se menciona en los informes”, fueron parte de las aseveraciones de Anaya.
“Ellos (la Gobernación de La Paz) tenían que ampliar, adecuar y equipar esta planta de Jinchaca, tenían que capacitar a las organizaciones indígenas que se dedican a este rubro, debían ejecutar un plan de transformación para productos derivados de la carne de trucha y apoyar a la organización de productores piscícolas, pero no se ha realizado tal, no hay resultados”, afirmó Alanoca.
El asambleísta remarcó que los documentos proyectan incluso la incursión en el mercado internacional y que pese a que no existen documentos que prueben cuánto pescado ha producido dicha planta, existen comprobantes de la compra de maquinaria, gastos en la capacitación de los comunarios y pago por publicidad.
La historia
“La Paz tendrá una planta procesadora de trucha y comenzará a funcionar este fin de semana, inicialmente tendrá una capacidad de producción de 600 latas de conserva de trucha al día. Además, los paceños podrán adquirirla en el mercado local a partir de enero del 2009”, fue parte del anuncio que hizo en noviembre de 2008 el entonces presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), Julián Barra Catacora.
La creación de la planta se dio gracias a un acuerdo firmado entre una cooperativa creada por comunarios, la Alcaldía de Copacabana, la ALT y la Gobernación paceña, que antes se denominaba “Prefectura”. Para procesar, filetear y enlatar esos 200 kilos diarios de trucha, la planta que empezó con 25 operarios, contaba con toda la maquinaria necesaria. El presupuesto invertido sumó 160 mil dólares.
Hasta el momento se desconocen datos sobre qué pasó con esa primera etapa de la planta. Pero los registros institucionales revelan que Jinchaca fue relanzada otras tres veces, en 2018 y 2020 con Félix Patzi y en 2022 por Santos Quispe. En los actos se mostraron productos y se mencionaron millonarias inversiones, de hasta el doble de la que costó su creación.
