El rechazo de cocaleros yungueños a Evo Morales nace de la Ley General de la coca 906, que favoreció a los cocaleros del Chapare, a partir de ello “se ha perseguido y encarcelado (desde 2017) a los líderes de Adepcoca”, señalan sus dirigentes.
Foto: Visión360
Fuente: Visión360
En medio de actos proselitistas y cuestionamientos por pertenecer o tener nexos con el Movimiento al Socialismo (MAS), se realizan elecciones para renovar las directivas de las dirigencias regionales de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La reorganización de la principal organización de productores de coca de los Yungas, se da luego de una crisis institucional que terminó el 9 de diciembre de 2024, cuando se eligió a Daynor Choque Chuquimia, como nuevo presidente, en lugar de Lizzete Torrez, rechazada por sus bases por una mala administración y supuestos actos de corrupción.
Antes de ella, ocupó el cargo Freddy Machicado, quien estuvo detenido por la quema del mercado ilegal de coca instalado por el masista, Arnold Alanes. Este último causó en 2021, la salida del cargo de Armin Lluta, señalado por no permitir que la Policía les arrebate el control del mercado de coca en la zona Villa Fátima.
De acuerdo al análisis de Santiago Llojlla, dirigente cocalero de Arapata, todos los conflictos por los cuales se ha perseguido y encarcelado a los líderes de Adepcoca, desde 2017, se debe al rechazo de la Ley General de la coca 906, impuesta al sector durante el Gobierno del ahora expresidente Evo Morales.
Una de las varias observaciones a esta norma, es que amplió la superficie de los cultivos legales de hoja de coca en el país de 12.000 a 22.000 hectáreas. De ese total se estableció que en el Chapare, reducto político de Morales, se podían cultivar 7.700 hectáreas. Los informes de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), revelan que, desde 2018, entre el 80 y 90% de la coca producida en ese sector va al mercado negro y el narcotráfico
“Franklin Gutiérrez y sus dirigentes fueron los primeros perseguidos y encarcelados, durante las protestas, con bloqueo de caminos y marchas, han perdido la vida cocaleros, policías y varios dirigentes han sido perseguidos injustamente. El resentimiento de los cocaleros hacia el MAS empieza ahí, pero hay que ser sinceros. Si bien decimos que los Yungas están en contra del MAS, es bien llamativo que el 70% de los alcaldes elegidos son del MAS”, afirmó Llojlla.
Explicó que durante del Gobierno de Luis Arce, volvió la represión contra los cocaleros, y los dirigentes Lluta y Machicado fueron procesados en 2021 y 2022, “pero ya estamos a unos meses de las siguientes elecciones, y es como si no hubiera pasado nada, algunos cocaleros ahora reciben con los brazos abiertos a los politiqueros del MAS, pero todo es prebenda”, mencionó el dirigente.
Señaló que el 11 de noviembre, el presidente Arce anunció la instalación de una planta de industrialización de la hoja de coca, en Coripata, 10 días después, el mandatario visitó el municipio, donde lo proclamaron candidato a la reelección.
“Son grupos que se movilizan, esos días se vino a Coripata caravanas de funcionarios públicos, y el resto fue obligado a asistir, en redes sociales se publicaron convocatorias con amenazas de multas a los padres de familia que no asistieron esa proclamación”, sostuvo Llojlla.
El dirigente explicó que estos eventos están afectando a la renovación de las directivas de las regionales, porque los postulantes son señalados por participar y promover los actos proselitistas del MAS. Los candidatos también son señalados por participar en actos divisionistas, como los protagonizados por Alanes, desde 2021.
Precisamente Alanes, ahora declarado seguidor de Evo Morales, transgredió las normas para ser parte de las directivas de cocaleros, por su afinidad política. El artículo 5 del Estatuto Orgánico de Adepcoca, dice: “La asociación es apolítica y no crea discriminaciones de ninguna naturaleza”.
En ese contexto, el fin de semana se desarrollaron las elecciones para renovar la dirigencia de la regional de Chulumani, que se desarrolló en medio de denuncias contra los responsables del Comité ad hoc, quienes habilitaron a postulantes que no cumplían los requisitos y a otros acusados de participar en actos de divisionismo.