El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el crimen fue “de naturaleza política” y orquestado desde Venezuela. Presentarán los documentos ante la Corte Penal Internacional
El máximo persecutor chileno y el canciller Alberto Van Klaveren se reunirán esta jornada con sus pares en La Haya.
Fuente: infobae.com
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El fiscal nacional Ángel Valencia y el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, harán entrega esta jornada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya de toda la información recabada hasta ahora en la investigación penal por el secuestro y crimen del disidente venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido a fines de febrero de 2024 en Santiago de Chile.
Valencia y Van Klaveren se reunirán con la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, el fiscal Karim A.A. Khan KC y el secretario, Osvaldo Zavala Giler, a fin de ilustrarlos sobre las motivaciones políticas del asesinato.
“Todos los antecedentes y la evidencia reunida permiten concluir, en el actual estado de la investigación, que una célula o un grupo asociado al Tren de Aragua, originados por un encargo de naturaleza política, secuestraron y luego dieron muerte al teniente Ronald Ojeda”, dijo taxativo el máximo persecutor chileno.
“Estos antecedentes, que son contundentes, vamos a ofrecerlos y ponerlos a disposición de la CPI, habida consideración de la investigación que la Fiscalía de esa Corte lleva adelante por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela“, agregó.
Ello, puesto que «ambas investigaciones (…) están relacionadas, tienen conexiones y esperamos que los antecedentes que vamos a aportar puedan ser de utilidad para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».
Finalmente, sostuvo que el Ministerio Público chileno espera “poder establecer una relación de trabajo y colaboración con la Fiscalía (de la CPI) para esclarecer en mejor medida tanto los hechos que ellos investigan como los que está investigando la Fiscalía en Chile”, remató.
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Las pruebas
Hace solo unos días, mediante un oficio reservado enviado al fiscal nacional al que tuvo acceso Mega Investiga, el persecutor a cargo de la investigación, Héctor Barros, detalló una serie de pruebas que dan cuenta de que “el homicidio con secuestro de Ronald Ojeda Moreno tiene una vinculación política con el gobierno de Venezuela”.
“En el común de los delitos cometidos por el Tren de Aragua, los secuestros se producen para pedir altas sumas de dinero por la liberación de las personas secuestradas o como mensaje a otros delincuentes cuando no se someten a los lineamientos de la organización criminal. En este caso no fue posible establecer ninguna motivación distinta al móvil político, por cuanto no existió ningún llamado extorsivo, no se intentó obtener dinero para la liberación, no se encontró nada en la vida de la víctima que lo relacionara con alguna actividad delictual”, reza el documento.
El escrito también consigna la participación en el secuestro de Walter Rodríguez, quien trabajó en el pasado para Tareck El Aissami, ex gobernador de Aragua y funcionario cercano a Chávez y Maduro, y el hecho de que Ojeda fue asesinado mediante asfixia por suspensión “una forma de tortura utilizada por agentes de inteligencia del Gobierno Venezolano, conforme a información proporcionada por disidentes del Gobierno Venezolano en distintos medios de prensa”.
Foto tomada por el testigo protegido que habría enterrado el cuerpo de Ronald Ojeda.
La conexión con Diosdado Cabello
En la carpeta también se incluye la declaración de un testigo protegido que aseguró que la orden de matar al malogrado disidente venezolano provino directamente de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro.
Dicho testigo sostuvo que Rafael Gámez Salas, alias “El Turco”, líder de la célula y autor intelectual del crimen-, recibió de Carlos “Bobby” Gómez la “confianza” para “hacer un trabajo complejo de concretar”.
A su vez, “Carlos Bobby” habría sido contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero -actualmente prófugo- quien cerró el trato con Diosdado Cabello y dio curso a la operación.
El testigo protegido señaló además que, una vez realizado el “trabajo”, Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en el Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías puesto que el dinero “quedó arriba” y no chorreó como manantial hasta los soldados hoy formalizados.
Cabe señalar que dicho testigo protegido era el encargado de proveer los automóviles con los que “Los Piratas” de Aragua cometían sus delitos y es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.