La medida busca resguardar la memoria de los abusos cometidos bajo el régimen de Schäfer y Pinochet.
Fuente: Infobae
Un grupo de víctimas y habitantes de la histórica Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera, expresó su respaldo al plan de expropiación impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. La propuesta, anunciada en junio pasado, tiene como objetivo expropiar cerca de 117 hectáreas del enclave ubicado a 380 kilómetros al sur de Santiago, en la región del Maule, una zona que fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos durante su tiempo bajo el liderazgo de Paul Schäfer.
El apoyo al plan fue formalizado a través de una carta entregada al presidente Boric el jueves en el Palacio de La Moneda. En la misiva, los colonos y ex colonos de la zona, quienes fueron víctimas de abusos y trabajos forzados, expresaron que la expropiación representa un paso necesario para asegurar la memoria de los horrores vividos en ese lugar. “Es una medida necesaria y que hace justicia concreta a nosotros, las víctimas de Colonia Dignidad”, afirma el documento.
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La Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por alemanes, en su mayoría seguidores del ex enfermero del Ejército alemán Paul Schäfer, quien encabezó la comunidad hasta su detención en 2005. Bajo su liderazgo, el enclave operó como una secta cristiana que, durante más de tres décadas, sometió a sus residentes a trabajos forzados, castigos, manipulación mental y, en algunos casos, abuso sexual a más de 300 adultos y niños. Schäfer fue condenado por abuso sexual y murió en prisión en 2010.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el enclave también sirvió como un centro de tortura y represión, donde se realizaron graves violaciones a los derechos humanos. El régimen de terror que predominó en la colonia se consolidó en un entorno cerrado, donde el uso exclusivo del idioma alemán y el aislamiento geográfico favorecieron el control absoluto sobre sus habitantes.
El plan del gobierno de Boric incluye la expropiación de una fracción de las 4.000 hectáreas que componen la actual Villa Baviera. La porción de tierra a expropiar incluye la residencia de Schäfer y otras propiedades vinculadas al enclave.
La Asociación de ex Colonos (ADEC), que representa a las víctimas, ha solicitado que los fondos provenientes de la expropiación sean destinados “directamente a indemnizar a las víctimas”, ya que temen que los recursos no sean utilizados adecuadamente y que quienes causaron el sufrimiento no sean responsabilizados.
En este contexto, Horst Schaffrick, presidente de ADEC y habitante del enclave desde su infancia, manifestó su preocupación sobre el uso que el Estado pueda darle al dinero. “Tememos que vayan a ser premiados los que nos robaron todo”, señaló Schaffrick, quien a sus 66 años sigue luchando por la justicia para las víctimas.
A pesar de la aprobación de la expropiación por parte de las víctimas, existen oposiciones dentro de la comunidad de Villa Baviera. Tras el fin de la dictadura de Pinochet en los años 90, la colonia fue disuelta legalmente, pero los descendientes de sus miembros se reorganizaron en diversas empresas que ahora se oponen al proceso de expropiación.
Por su parte, el ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expresó su apoyo al plan de expropiación: “Vamos a iniciar la expropiación de una parte de este lugar que se utilizó principalmente durante la dictadura militar con el objeto de ser un campo de concentración y prisión política, donde se realizaron las atrocidades más grandes que hemos vivido en nuestro país, un lugar donde se torturó a chilenos y chilenas y se les hizo desaparecer”.
“Aquí hubo violación de derechos humanos, pero también hubo muchas violaciones de niños, también hubo violaciones de jóvenes, también hubo barbaridades de toda naturaleza. Y lo serio en una sociedad es reflexionar, sacar las lecciones de las experiencias de la historia y, a su vez, comunicarlas especialmente a los jóvenes, en un espacio de reflexión de todos”, subrayó el ministro.
El plan de expropiación sigue siendo un tema sensible y polémico en Chile, con un impacto significativo tanto en la justicia histórica como en la gestión del patrimonio del país.
(Con información de AFP/EFE)