Entrevistamos al politólogo de la Universidad Javeriana Luis Felipe Vega sobre el anuncio que hizo la ministra colombiana de la Justicia según el cual México y Bolivia se sumarán al pedido que hizo Colombia ante la ONU para retirar a la hoja de coca del listado de sustancias prohibidas. En medio de una profunda crisis de legitimidad interna, Petro lanza ‘cortinas de humo como ésta’, sostiene Vega.
El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro instó hace una semana a Naciones Unidas para que deje de considerar ilegal la coca, principal componente de la cocaína, durante una sesión de la Convención de Estupefacientes en Viena.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró a la radio colombiana que México y Bolivia se sumarán a esa solicitud. Hasta este lunes, sin embargo, esos gobiernos no se han pronunciado al respecto.
«Podemos ver cómo hay posibilidad de aliarnos y (…) de hacer incidencia» para que «muchos países entiendan la posición de Colombia, el análisis frente a las cosas que han dado resultados en esta guerra contra las drogas, las cosas que no», dijo la ministra Buitrago. Preguntamos a Luis Felipe Vega, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Javeriana en Bogotá, qué probabilidad tiene, según él, que esta iniciativa prospere.
«No hay posibilidad alguna», responde este profesor de ciencias políticas en esa universidad colombiana. «Esto es un globo del gobierno Petro. Están echando globos. Así se ha manejado la agenda internacional de este gobierno. El tema del cambio climático fueron globos. El tema de la extracción de petróleo fueron globos. El tema de Palestina lo convirtió en globos. El tema de la migración ilegal por el Darién lo convirtió en globos», analiza Vega.
El Estado está colapsando
Para este profesor de ciencias políticas, todo esto forma parte de una «comunicación bastante errática. El modelo de gobierno es muy personalizado. Es una estructura personalista del poder en la que las mediaciones institucionales en el Ejecutivo se van rompiendo. El presidente, con ese presidencialismo tan fuerte, intenta mantener una relación con las bases sociales, la cual ha perdido. Lo único que le queda son estas cortinas de humo», sostiene.
Al cabo de un poco más de dos años y medio, el mandatario de izquierda enfrenta varias dificultades que enumera este politólogo: «Petro es un presidente que convoca marchas y la gente no sale. Tiene fracturado sus propios movimientos de izquierda porque no los ha beneficiado en cargos, no ha gobernado con los suyos. Sus agendas sociales no funcionan. Ha tenido el mayor presupuesto público en la historia y no tiene resultados. De hecho, no sabe dónde están los recursos. Entonces, en medio de una crisis estructural del Estado, el discurso sobre la despenalización de la coca es una forma de distraer a la opinión en un momento muy particular en el que el Estado está colapsando internamente. Ya se inició el colapso del sistema de salud, hay una crisis en el control del territorio. Tenemos una crisis en la descentralización con una re-centralización de recursos. En esta crisis estructural, Petro saca globos, otro globito», recalca Vega.
Colombia, peor crisis de seguridad en 25 años
Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Petro detuvo la erradicación forzada de cultivos de coca al considerar que los campesinos que la siembran son víctimas del narco y robusteció las incautaciones a la mafia. Bajo esa política Colombia registró en 2023 un récord histórico de la producción de esta droga, con 2.600 toneladas anuales, y aumentó en 10% los cultivos, según la ONU.
La propuesta de despenalizar la coca no es novedosa. Santos lo intentó sin éxito en 2014 durante el proceso de paz. El expresidente Gaviria también lanzó un movimiento que tuvo el apoyo de los mexicanos Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, pero también fue infructuoso. «Lo novedoso en el caso de Petro es el contexto actual de Colombia», apunta Vega.
«Si esta propuesta suscita tanto debate en Colombia es porque la política de control y consolidación del territorio de este gobierno ha sido un fracaso. Me refiero a ‘la paz total’. El 40% de los municipios están siendo afectados por grupos armados organizados, ya sea el ELN o residuales de las FARC. El aumento de los cultivos de coca se convierte en una gasolina, un motor, que fortalece esos grupos junto a la minería ilegal», observa Vega.
Para muchos analistas, Colombia está viviendo su peor crisis de seguridad en los últimos 10 años en razón, entre otros factores, del aumento de los cultivos de coca y la producción récord de cocaína. Este politólogo piensa, en cambio, que la situación es aún más grave.
«Estamos en una crisis de seguridad como no la teníamos desde hace 25 años. Por eso yo me pregunto hasta qué punto esta agenda de la despenalización lo que le sirve al gobierno es para manejar su crisis de legitimidad interna. Insisto: hay una crisis de ejecución porque el marco de la gestión es muy pobre. Hay una incapacidad evidente de control del territorio, hay unos niveles altísimos de corrupción pública, un exceso de centralización del poder y una reducción de la capacidad de gestión o recepción de recursos para los territorios periféricos. También hay una crisis de control y legitimidad de los gobiernos locales, que tienen zonas muy influenciadas por el narcotráfico. Las supuestas ‘negociaciones’ con los grupos armados están completamente estancadas, particularmente con el ELN. Entonces, en este marco de pérdida de legitimidad institucional, yo me pregunto hasta qué punto esta discusión sobre la legalización del tráfico de drogas no termina siendo una agenda pública que constituya, como ya le dije, una cortina de humo», concluye.