Gustavo Ávila explicó que el TSE prepara un análisis de cada etapa del calendario, además de los reglamentos que serán aprobados.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila aseguró en entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, que la Sala Plena definirá este 1 de abril la fecha para el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025.
“Mañana ya tenemos una convocatoria a Sala Plena. Seguramente el primer análisis que vamos a hacer va a ser el tema de emitir un pronunciamiento por las leyes que no han sido aprobadas. Y, segundo, ya entraremos a determinar la fecha en la que se va a hacer pública la convocatoria y el calendario electoral”, informó.
Explicó que el Órgano Electoral prepara un análisis interno de cada etapa del calendario, además de los reglamentos que serán aprobados. Indicó que durante “la primera semana de abril”, se conocerá la convocatoria para las elecciones.
También expresó su preocupación por la falta de aprobación del paquete de leyes electorales en la Asamblea Legislativa, pese al acuerdo alcanzado en el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del 17 de febrero.
De las seis propuestas del TSE, la Asamblea solo logró aprobar dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún está pendiente el debate y sanción de ambas normas en el Cámara de Senadores.
“Esperemos que en estas horas que resta lo puedan realizar”. Si no “vamos a convocar al proceso electoral, que se va a desarrollar el 17 de agosto, con toda la normativa que nosotros tengamos, con toda la logística y la organización que hemos planificado”, advirtió.
Sobre la posible suspensión del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ávila explicó que la Sala Plena dictó un plazo de ocho días para el “término probatorio”. Finalizado este plazo, el ente electoral emitirá un “dictamen final”.
La denuncia que recae en estos partidos, presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, está referida a la pérdida de personería jurídica una vez que un partido no alcanzó el 3% de votos en la elección general.
Durante las elecciones de 2020, el FPV, logró el 1,55% (95.255) y PAN-BOL obtuvo el 0,52% (31.765 votos).