Mgr. Fernando Berríos Ayala
Politólogo
Indudablemente con el aumento del poder del narcotráfico, la violencia ha tomado en nuestro país un lugar central en el escenario público y lo que es peor, parece haber debilitado al gobierno, quien demuestra incapacidad para hacerle frente o esclarecer todos los ilícitos relacionados a ajustes de cuentas y/o muertes violentas ejecutadas por sicarios. Hay más preguntas que respuestas. ¿Quiénes son los actores de esta violencia o quienes están detrás de ella? ¿Qué relaciones tienen estas muertes con el deterioro social que nos ha ido carcomiendo? ¿Hay manera de vincular estos fenómenos a la ineptitud para imponer la ley y qué rol tiene la comunidad política en esta escalada?
Este aumento de la violencia se ha visto además acompañado en muchos casos por una total desfachatez y sin temor a hacerlo de manera pública. La renovación de la violencia está sin duda ligada al aumento del poder y de las actividades de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, que van desde la extorsión y el secuestro, hasta el contrabando y la trata y tráfico de personas. Lo novedoso muestra que esta violencia no se debe a una potencial “guerra” del gobierno contra el narcotráfico y contra un posible crimen organizado, como ocurre en otros países, es al revés, son los sicarios contra el orden establecido. La lucha del gobierno se reduce a decomisar droga, destruir lugares (fabricas) de elaboración de drogas y a quemar camiones con contrabando. Los “ajustes de cuentas” dentro el mundo criminal parece que está en manos de ellos mismos, el clima violento y la impunidad que reina en el país ha abierto el camino a que estos crímenes sean comunes y corrientes, Como se habrán multiplicando que los asesinatos han alcanzado a miembros de la Policía y el Ejército. No sirve de nada que se arresten personas y que nunca se sepa porque mataron a tal o a cuál.
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Deberíamos interrogarnos sobre cómo termina configurándose la organización de los actores de la violencia, tomando en cuenta no solo a los grupos delictivos, no solo a los narcotraficantes, sino también a los otros círculos sociales que viven en contacto y en convivencia con el mundo de la violencia, contrabandistas, tratantes de personas, Policía, Ejercito etc. ¿Qué relaciones tienen estos círculos entre sí, con la base social, con la clase media así como con el medio empresarial y si han alcanzado a las elites políticas? Es alarmante el fenómeno de crecimiento sostenido de la violencia en estos últimos 3 años. No podemos olvidar que las actividades, principalmente del narcotráfico y el contrabando, han sido durante mucho tiempo no solo toleradas, sino aceptadas e incluso valoradas por su participación en la economía del país. Adicionalmente, el enriquecimiento ligado a estas actividades, sirve para ser considerado como una manera legítima de ascenso social o de enfrentar situaciones socioeconómicas precarias. Muy poco se ha hecho contra la manera en que se ha permitido que los dineros ilegítimos puedan participar en la adquisición de bienes de consumo y que a la larga se hayan convertido en marcas de reconocimiento social y de éxito.
Desde hace tiempo y gracias al esfuerzo de algunos altos mandos policiales, se ha puesto de manifiesto la porosidad de las fronteras entre la Policía y muchos hechos delictivos, por un lado, y por el otro, la propensión de actores políticos y empresariales al fenómeno de la corrupción. Nunca enfrentamos esta porosidad, alcanzo a la sociedad: el diezmo, el soborno, la coima, y el 10% se han hecho regulares, eso sí, en caso de problemas, no llamar nunca a la policía, para no tener un nuevo problema. Nunca nos enteramos que se desarrollaron acciones durante los últimos tiempos que muestren a los altos responsables políticos o a los responsables de la Policía tratar de erradicar verdaderamente posibles organizaciones criminales. Pareciera que, por el contrario, trataron de controlarlos y contenerlos a través de actos de corrupción y de negociación. Su objetivo parece doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como socios en operaciones no autorizadas. La denuncia contra oficiales policiales que los involucra en robos de autos en Chile e incluso para ser cambiados por droga, dejan muy mal parada a la institución. La reciente muerte violenta de un Capitán, miembro élite del Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana, a manos de supuestos sicarios ligados al narcotráfico, no tiene ni explicación ni lógica alguna. Este asesinato, no solo constituye un acontecimiento sumamente preocupante de la convivencia entre el mundo del narcotráfico y el mundo policial, sino que ha suscitado reacciones en la opinión pública que evidentemente marcan un agravamiento de la desconfianza de la que es objeto la Policía.
La cuestión hoy reside en saber si tendremos la capacidad de romper con la vieja política de pensar solamente en un desarrollo estabilizador, hacer todo con el fin de favorecer un crecimiento económico que traiga milagrosamente hábitos democráticos y negarse a toda reforma en materia de Policía y de Justicia, mínimos que nos deberían permitir una lucha eficaz y necesariamente de larga duración contra la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la trata y tráfico de personas y la impunidad. Parece que nunca fue la apuesta de ningún gobierno, menos del gobierno del MAS, profundizamos las fallas morales y también las fallas económicas, el crecimiento esperado y sus efectos virtuosos nunca llegaron. Esta política de sostenimiento político a cualquier precio como remedio a todos los males es el drama que poco a poco nos ha sumergido en esta espiral de violencia organizada, es necesario reformar el Estado boliviano, volverlo más eficaz en su lucha contra la violencia y la corrupción. No será fácil, pero debe hacerse.
Mgr. Fernando Berríos Ayala
Fuente: eju.tv