Ambientalistas piden frenar la desforestación ante los graves daños causados por los incendios


En 2024 el fuego arrasó con más de 12,6 millones de hectáreas en el país

Deisy Ortiz Duran
Incendios en Santa Cruz
Los incendios afectaron principalmente a Santa Cruz /Foto: AFP

 

Fuente: El Deber



La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó sobre los daños causados por los incendios forestales registrados en 2024, que arrasaron más de 12,6 millones de hectáreas de bosques y pastizales, superando todos los registros históricos conocidos. Hasta el año pasado, el récord correspondía a 2019, con 5,2 millones de hectáreas quemadas.

“Estamos ante un desastre ambiental de enorme magnitud, impulsado por intereses que buscan expandir la frontera agrícola”, advirtió Eder Santiváñez, del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca.

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Santiváñez también señaló que uno de los factores que agrava la situación es la deforestación autorizada. “Lo que hemos descubierto en Roboré es alarmante para municipio cuya vocación principal es forestal y que alberga áreas protegidas. Allí se autorizó el desmonte de 39.000 hectáreas, aunque según la ABT solo ejecutó la mitad. 
Alertó también está en riesgo el bosque seco chiquitano, que es mayormente de uso forestal”, añadió.

El riesgo de incendios aumenta considerablemente debido a la pérdida de cobertura boscosa. “Aunque quizás este año no se queme tanta superficie como en 2024, la tendencia de crecimiento se mantendrá mientras la meta siga siendo ampliar las fronteras agrícolas”, advirtió Santiváñez.

Destacó que, además de su papel en la regulación de la humedad, los bosques cumplen funciones vitales, porque actúan como barreras naturales a lo largo de los ríos, permitiendo que el agua de las lluvias se absorba de manera más gradual, y mitigan el impacto de fenómenos extremos como vientos huracanados. “En Roboré hemos denunciado cómo los ventarrones, intensificados por la deforestación, han dejado sin techo a muchas familias”, señaló. 

Frente a esta situación, Santiváñez destacó que actualmente se trabaja en prevención a través de iniciativas de la sociedad civil, fundaciones y ONG, aunque, reconoció, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales se ven presionados a actuar. Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos serán insuficientes si no se redefine la política de manejo de recursos naturales. “Es necesario dejar atrás el modelo extractivista, no solo en la industria y la minería, sino en toda actividad que agote los recursos naturales sin una visión de sostenibilidad”, dijo.

Acciones insuficientes

La Defensoría del Pueblo valoró los «esfuerzos iniciales» de las entidades gubernamentales por cumplir una resolución constitucional emitida en octubre de 2024, impulsada por la misma institución, que demandaba medidas ante los graves efectos de los incendios y quemas descontroladas.

No obstante, consideró que dichas acciones fueron «insuficientes frente al grave riesgo de repetir la crisis ambiental vivida en 2024».
Por ello, la Defensoría expresó su «profunda preocupación» por la falta de protección de los ecosistemas y urgió a las autoridades nacionales, regionales y municipales a «priorizar y asumir con seriedad la previsión y prevención necesarias para evitar la recurrencia de desastres ambientales como los registrados en las últimas dos décadas».

Fuente: El Deber


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