Brasil investiga un presunto esquema nacional de fraude a jubilados

Fuente: RFI

 

 

El presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) fue destituido en medio de las investigaciones, según una edición extraordinaria del diario oficial publicada en la tarde. Otros cuatro funcionarios de la entidad y un policía federal fueron suspendidos, de acuerdo con la Contraloría General.

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La policía anunció además el arresto de tres sospechosos y la búsqueda de tres prófugos.

El presunto esquema se basaba en débitos de dinero no autorizados sobre jubilaciones y pensiones, realizados por sindicatos y asociaciones que en teoría debían prestar servicios a jubilados como asistencia jurídica u obtención de descuentos en planes de salud.

La pesquisa se concentra en hasta 6.300 millones de reales (unos 1.100 millones de dólares) descontados entre 2019 y 2024, con la posible connivencia de funcionarios del INSS. Una parte aún no determinada de ese monto se habría debitado de forma ilícita.

«Víctimas fáciles»

A principios de 2024, los cobros que se investigan afectaban a 5,4 millones jubilados.

«La investigación trata sobre un fraude a los jubilados, personas que (…) están naturalmente debilitadas y fueron víctimas fáciles de estos delincuentes», dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una rueda de prensa.

 

La policía ejecutó más de 200 allanamientos en varios estados y secuestró bienes por más de 1.000 millones de reales (unos 175 millones de dólares).

Las autoridades investigan delitos como corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos, organización criminal y lavado de capitales, entre otros.

Casi la totalidad de jubilados consultados durante la auditoría dijeron no haber autorizado los descuentos o mencionaron posibles fraudes, como la falsificación de firmas, detalló el ente de control.

La agencia estatal para la defensa jurídica del Estado (AGU) creó un «grupo especial» para recuperar «los valores irregularmente descontados» a los pensionados.

La investigación mostró que muchas entidades sospechadas ni siquiera contaban con la estructura necesaria para brindar los servicios que ofrecían.

El esquema habría comenzado en 2016, por lo que abarcaría los mandatos de los expresidentes Michel Temer (2016-2018), Jair Bolsonaro (2019-2022) y de Lula, quien asumió en enero de 2023.

Un tema sensible

Aunque la administración del izquierdista Lula se muestra al frente de la investigación, el perjuicio a un sector masivo como los jubilados desafía al gobierno, con su popularidad en caída desde hace meses debido en parte a la inflación.

Se trata del segundo escándalo que enfrenta el Ejecutivo en pocas semanas.

A principios de abril, el ministro de Comunicación de Lula, Juscelino Filho, renunció luego de ser inculpado por presuntos sobornos cuando era diputado en 2022, antes de la asunción del actual presidente.

Filho negó irregularidades y alegó su inocencia.

Además, el gobierno recibió críticas opositoras por haber dado asilo «humanitario» a la ex primera dama peruana, Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero.

Heredia llegó la semana pasada a Brasil con su hijo menor luego de que la justicia de Perú la sentenciara al igual que a su esposo, el expresidente Ollanta Humala.

La administración de Lula «distorsiona el instituto del asilo para solidarizarse con quien roba a su propio pueblo», afirmó en sus redes sociales el ultraderechista Bolsonaro, quien será juzgado por un presunto intento de golpe de Estado en 2022.

Los casos de corrupción son un tema sensible para el gobierno de Lula. Este mes se cumplieron siete años desde que el líder del Partido de los Trabajadores fue encarcelado tras una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La anulación de los procesos le permitió a Lula presentarse a los comicios de 2022 y volver al poder.

Pero la imagen de «corrupto» sigue pesando sobre él para un sector significativo del electorado brasileño.

© 2025 AFP