El líder cívico anunció acciones legales contra una jueza agroambiental, a quien acusa de emitir una resolución sin base técnica que ordena el cierre de K’ara K’ara.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
La ciudad de Cochabamba se encuentra sumida en una crisis sanitaria sin precedentes por la acumulación de basura en sus calles, a nueve días del cierre del botadero de K’ara K’ara. Autoridades locales, vecinos y líderes cívicos advierten sobre una inminente emergencia ambiental y acusan al Estado de abandono.
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Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, expresó su profunda preocupación por la situación. “Cochabamba está colapsada con la basura, hay un bloqueo jurídico y policial. El departamento está siendo castigado por las autoridades”.
Rivera denunció que el gobierno y la Gobernación han incumplido una sentencia constitucional que prohíbe los bloqueos en K’ara K’ara, donde históricamente se ha dispuesto de los residuos urbanos.
“Nos sentimos desprotegidos. Solo contamos con una acción popular que ganamos y que nunca fue respetada por las autoridades, ni siquiera cuando fue ratificada en Sucre”, enfatizó.
El líder cívico anunció acciones legales contra una jueza agroambiental, a quien acusa de emitir una resolución sin base técnica que ordena el cierre de K’ara K’ara, dejando a los ciudadanos en “indefensión total”.
“Se necesita habilitar una celda de emergencia. Dejar la situación así podría provocar una catástrofe sanitaria. Realmente, las cosas están al revés”, advirtió Rivera.
Además, recordó que el área de K’ara K’ara fue planificada hace 40 años como relleno sanitario, pero que con el paso del tiempo fue ocupada de manera informal. “No hay que buscar otro terreno, K’ara K’ara es el lugar adecuado. Necesitamos el respaldo de la Defensoría del Pueblo”, pidió.
Mientras tanto, la Alcaldía de Cochabamba, encabezada por Manfred Reyes Villa, también evalúa medidas drásticas. El alcalde anunció que podría rescindir el contrato con la empresa Complejo Industrial Verde, encargada del manejo de residuos, por no habilitar un nuevo espacio para el depósito de basura, como lo establece su contrato.
“La empresa tenía cuatro lugares para llevar la basura, pero no concretó ninguno. Si no resuelven esta semana, rescindiremos el contrato”, advirtió Reyes Villa.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció, exigiendo una solución integral a la crisis y recordando que, según la Ley N° 755, es responsabilidad de los gobiernos autónomos departamentales gestionar adecuadamente los residuos.
“La acumulación de basura está afectando gravemente el medioambiente y la salud pública”, señaló la institución.