A casi seis meses de los conflictos sociales que afectaron a Bolivia en octubre y noviembre de 2024, con bloqueos de rutas principales durante 24 días por afines a Evo Morales, el abogado Vladimir Ochoa, representante de varios de los detenidos durante las protestas, denunció que al menos el 20% de las personas aprehendidas fue obligada a someterse a procesos abreviados bajo presión del Estado.
Fuente: ANF
El restante 80% permanece en detención preventiva, pese a que muchos tienen pruebas suficientes para acceder a medidas sustitutivas.
“Se trata de procesos totalmente ilegales”, afirmó Ochoa. “Y en ese aspecto podríamos decir que un 80% sigue guardando detención preventiva, y el restante lamentablemente ha sido sometido a un procedimiento abreviado, pero producto y efecto de la presión ejercida por el Ministerio de Gobierno y por el Ministerio de Justicia a través de Defensa Pública, quienes fueron induciendo, incluso obligándoles a firmar y a admitir la responsabilidad penal con el objetivo de que puedan salir libres”, señaló el jurista a ANF.
El procedimiento abreviado es una figura legal que permite cerrar un proceso judicial con rapidez cuando el acusado admite culpabilidad. Sin embargo, según el jurista, en estos casos no se trata de una decisión libre, sino de una estrategia gubernamental para obtener condenas sin pruebas contundentes.
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“El grado de presión en estos casos es que, en el juzgado, por más que los detenidos tengan todos los elementos para optar por una detención domiciliaria, el juez de manera arbitraria con una serie de chicanas ha seguido manteniendo la detención preventiva”, explicó.
Ochoa añadió que esta situación ha llevado a muchos de los aprehendidos a un estado de desesperación.
“Han generado un estado de desgaste de los compañeros, los cuales los han inducido a que se sometan al procedimiento abreviado. Es una forma de tortura institucional, legalizada desde las estructuras del poder”, señaló.
Las denuncias van más allá del ámbito procesal. Según el abogado, varios ciudadanos fueron detenidos de forma completamente arbitraria, sin que existiera evidencia alguna de participación en actos delictivos.
“Hemos denunciado constantemente y con documentos en la mano, que existen procesos en los que mucha gente estaba simplemente pasando por ahí, por el lugar y fue detenida”, aseguró.
Uno de los casos más graves, relatado por Ochoa, involucra a una joven universitaria que fue arrestada sin explicación. “Es un caso icónico muy emblemático. Fue aprehendida, y en horas de la noche su hermana y su madre fueron a visitarla para verificar que estuviera en esas celdas judiciales, y por el solo hecho de ir a visitarla, la policía ha procedido a aprehenderlas a la madre y a la hija”, contó.
El abogado también criticó el uso de pruebas que considera insignificantes o incluso ridículas para justificar las acusaciones de terrorismo. “En muchos de los procesos en ningún momento se les ha encontrado con armas de fuego, con dinamitas, solo tenían huaracas, celulares y agendas, pero esos tres son los elementos con los que supuestamente el gobierno y el Ministerio Público determinan que un ciudadano puede realizar actos de terrorismo”, señaló.
A su juicio, lo ocurrido en Bolivia tras las protestas de 2024 constituye una violación sistemática del debido proceso y de las libertades fundamentales.
La versión oficial, sin embargo, mantiene que las detenciones se realizaron en el marco de la ley y que los procedimientos abreviados fueron solicitados voluntariamente por los acusados.
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