Declaraciones de Zúñiga causan remezón: el evismo impulsa una comisión para entrevistarlo en la cárcel, y el arcismo las rechaza


Los legisladores buscan más datos para esclarecer el caso de la toma militar de junio de 2024. Aseguran que la vida del acusado está en riesgo y acusan al Gobierno de interferir en la investigación.
El excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, fue presentado ante los medios por el Ministro de Gobierno. FOTO: APG
El excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, fue presentado ante los medios por el Ministro de Gobierno. FOTO: APG

 

Fuente: Visión 360
Por Jorge Manuel Soruco Ruiz

Desde el evismo, el senador William Torrez anunció que la comisión legislativa que investiga la toma militar del 26 de junio de 2024 se trasladará a la cárcel de El Abra, en Cochabamba, para entrevistar al excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga.

Mientras tanto, desde el arcismo, el ministro de Justicia, César Siles, aseguró que las declaraciones del exgeneral a un medio de comunicación de Argentina “no tienen ninguna validez legal” y, por el contrario, presentan contradicciones con declaraciones ante la Fiscalía.



“Los siguientes días vamos a entrevistar al general Zúñiga y estamos seguros que vamos a obtener mucha información que le dará claridad a los bolivianos, sobre quienes gestaron estos hechos”, dijo el legislador parte de la comisión especial.

Esta decisión se tomó después de la difusión de una entrevista a Zúñiga, por parte de un medio argentino, el martes en la noche. En la nota, el exmilitar negó las acusaciones de intentar un golpe de estado. Aseguró que la toma militar fue para que el Gobierno gane popularidad, en medio de los conflictos sociales de ese tiempo, e implicó a funcionarios del Gobierno.

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“Si yo hubiera querido hacer un golpe no hubiera ido a las 15:00, hubiera ido en la madrugada y, aun así, solo tenía 15 tanquetas. He visto que ellos querían generar un enfrentamiento con la Policía, con los movimientos sociales, para subir la popularidad y victimizarse”, dijo Zúñiga desde la cárcel.

Debido a la polémica causada por la entrevista, el senador Torrez pide al Ejecutivo garantizar la integridad del excomandante del Ejército, quien se encuentra recluido en la cárcel con detención preventiva. “Queremos decir, como comisión investigadora que, a partir de las revelaciones del general Zúñiga, la vida de él corre peligro y en consecuencia, el gobierno de Luis Arce debe brindar todas las garantías a la vida y a la salud del general”, dijo.

El legislador evista también denunció que, desde el Ejecutivo, se pretende “obstaculizar” el trabajo que está realizando la comisión conformada por diputados y senadores. “El Gobierno de Arce Catacora ha intentado obstaculizar la investigación a través del ministro Eduardo Del Castillo, del viceministro Jhonny Aguilera, del ministro de Defensa, del director de Régimen Penitenciario; ahora entendemos porque pretende obstaculizar nuestra labor”.

Horas antes, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que las declaraciones del exgeneral “no tienen ninguna validez legal” y, por el contrario, muestran contradicciones con declaraciones ante la Fiscal.

«Las declaraciones prestadas por el señor Zúñiga ante un medio de comunicación desde la cárcel no tienen ninguna validez legal. Recordar a todos ustedes que el señor Zúñiga ya prestó su declaración primero en etapa preliminar de investigación, luego pidió ampliaciones en etapa preparatoria de investigación y recientemente nos hemos informado que también ha solicitado una declaración ampliatoria», explicó el ministro.

Siles aseguró que lo declarado al medio argentino muestra contradicciones del exgeneral con sus dos declaraciones ante la Fiscalía, lo que -aseguró en su condición de abogado- no es una adecuada estrategia de defensa, si ese el objetivo.

Además, el exmilitar volvió a solicitar una ampliación de declaración que fue fijada para el 22 de abril.

Este miércoles, Zúñiga, principal implicado en el “golpe de Estado fallido” de 2024, expresó que la asonada militar en la plaza Murillo no fue un golpe de Estado, sino una orden que recibió del presidente Luis Arce. Además, involucró en los hechos a los ministros de Defensa y de la Presidencia y al exministro de Evo Morales, Hugo Moldiz.

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