“No es un informe vinculante, obligatorio, menos se asimila una sentencia o una resolución de Naciones Unidas”, sostuvo el ministro de Justicia al referir que no tomó en cuenta información remitida por el Estado.
Fuente: Unitel
El ministro de Justicia, César Siles, ratificó la postura del Gobierno boliviano respecto al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que recomendó la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien se encuentra recluida de manera preventiva en el penal de Chonchocoro. Para el ministro, el informe no es vinculante.
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“No es un informe vinculante, obligatorio, menos se asimila una sentencia o una resolución de Naciones Unidas”, sostuvo el ministro de Justicia al referir que no tomó en cuenta información remitida por el Estado.
De esta manera, Siles respondió a las declaraciones recientes de la defensa del líder opositor y a un tuit publicado por él, así como a los comentarios de organizaciones como Human Rights Foundation, que han defendido la liberación de Camacho basándose en el informe emitido por un grupo de trabajo de la ONU.
Hoy anuncié a través del equipo jurídico internacional que me representa, que iniciaré las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales, a fin de que se sancione penalmente y personalmente a todos los funcionarios del Gobierno del Presidente Arce, del Órgano… pic.twitter.com/NhCRGqs3E5
— Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) March 31, 2025
La postura del ministro se da después de que el propio Camacho anunció recursos judiciales y constitucionales pertinentes, para ejecutar “esta orden de libertad emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas a favor de mi persona”.
Según el ministro, el informe de la ONU se trata de una opinión de un grupo de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos, la cual está sujeta a revisión y no compromete al sistema de la ONU. “Este informe es solo una opinión que debe ser considerada dentro de un procedimiento especial”, enfatizó.
El informe, que también se basa en información proporcionada por la Procuraduría del Estado boliviano hasta julio de 2023, no incluyó datos y pruebas más recientes sobre el caso de Camacho, de acuerdo con el ministro.
”Parece que el análisis se cerró en julio del 2023, cuando la Procuraduría presentó un documento con varios elementos probatorios. Sin embargo, después de eso ocurrieron muchas otras actuaciones procesales en el caso ‘Golpe de Estado 1’, que no fueron consideradas”, expresó.
Siles expresó que el informe de la ONU puede ser actualizado y corregido, sobre todo porque no ha tomado en cuenta el estado actual del juicio.
”Esperamos que, en septiembre, cuando el informe pase al Consejo de Derechos Humanos, se revise, se corrija y se actualice, incluyendo la información que no se consideró”, apuntó. “Estamos pidiendo que se actualice este informe y que se incluya toda la documentación que no fue considerada en su momento”, concluyó.