En la presentación del informe defensorial “24 días”, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre un preocupante patrón de violaciones a los derechos humanos durante el periodo de conflictividad social vivido en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024.
Fuente: ANF
“Hay un uso discrecional del tipo penal de tortura”, afirmó Callisaya, como una de las conclusiones de la investigación que evidencian las agresiones sistemáticas perpetradas por agentes estatales.
Según Callisaya, la investigación incluyó la revisión de 114 certificados médicos forenses emitidos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). De estos, 36 documentos evidencian lesiones físicas con días de impedimento que oscilan entre uno y diez, sufridas por personas detenidas durante el conflicto.
El informe también incorpora testimonios recolectados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el cual realizó 82 entrevistas a personas privadas de libertad. En 48 casos, los entrevistados aseguraron haber sido víctimas de agresiones físicas por parte de la Policía Boliviana. Callisaya insistió en que estas denuncias requieren una investigación rigurosa para determinar responsabilidades.
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Tres de estos testimonios son particularmente alarmantes: ciudadanos que denunciaron haber sido golpeados mientras estaban bajo custodia policial. “Esto tiene que ser objeto de una investigación seria, porque se trata de hechos ocurridos bajo la responsabilidad directa del Estado”, afirmó el defensor.
Uno de los casos más graves relatados en el informe involucra el uso de un método de tortura conocido como asfixia seca. “Una persona denunció que fue sometida a este procedimiento: se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza con el propósito de asfixiarla o inmovilizarla. Este hecho no puede ser tolerado bajo ningún estándar de derechos humanos”, declaró Callisaya.
El informe también pone énfasis en situaciones de violencia de género. Al menos ocho mujeres detenidas relataron haber sufrido agresiones físicas y psicológicas. Tres de ellas denunciaron haber sido obligadas a desnudarse en presencia de efectivos policiales.
“Esto constituye una forma de violencia sexual y debe ser tratado como tal”, recordó Callisaya, citando criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Defensoría también documentó dos casos en los que se usaron proyectiles contra manifestantes, cuyas identidades ya fueron establecidas. Se ha iniciado una investigación penal para esclarecer los hechos y establecer si se hizo un uso indebido de la fuerza.
Frente a este escenario, Callisaya reiteró que existe una aplicación del tipo penal de tortura. Esto implica que, a pesar de los indicios contundentes, muchos casos no son tipificados correctamente ni investigados con el rigor que exige el derecho internacional.
“El informe 24 días incluye recomendaciones específicas que deben ser atendidas con urgencia”, señaló Callisaya, quien exigió a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia la investigación exhaustiva de todos los casos de vulneración de derechos humanos documentados en el reporte.
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