La defensa del investigado solicitó su “libertad pura y simple”, pero el juez le negó.
Fuente: ABI
El Juzgado Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Sorata dictó la detención domiciliaria por dos meses para Rubén C. señalado como el principal responsable de la explosión que provocó cinco muertos en el sector de Yani en el municipio de Sorata del departamento de La Paz, informó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad de El Alto y Provincias, Virginia Ugarte.
En la audiencia de medidas cautelares, la defensa del investigado solicitó su “libertad pura y simple”, pedido que fue rechazado por el juzgado.
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Ugarte demandó a “los operadores de justicia investigar con transparencia, objetividad y con mucha seriedad e imparcialidad” el hecho porque “no puede quedar impune”.
“Ha habido las ondas sonoras que han impactado los machones a otros lados, movilidades, las personas botadas en los ríos. Una vez más, los operadores de justicia tienen que actuar con transparencia”, exigió.
El hecho se registró la madrugada del jueves debido a una disputa de larga data entre las cooperativas mineras “Hijos de Ingenio” y “Señor de Mayo”.
De acuerdo con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, para el atentado se empleó posiblemente “dinamita potenciada con ANFO o potenciada con diésel” lo que provocó la “destrucción de un inmueble y la muerte de varias personas”.
Rubén C. fue identificado por “las víctimas como alguien que participó en el armado de esos elementos explosivos”, dijo Aguilera y como evidencia indicó que esta persona sufrió lesiones durante la explosión por lo que luego de su detención fue trasladado a la clínica Niño Jesús.
“En el momento en que recibo la instrucción del Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) de tomar contacto con los afectados, se me hace referencia a la participación de otras comunidades ajenas a esa área como gestores de esta acción violenta. En junio del pasado año hemos tenido también que lamentar la muerte de dos funcionarios policiales producto de una actividad policial que lo que pretendía es realizar un registro del lugar del hecho”, reveló el viceministro.
Debido a estos hechos, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) suspendió las actividades mineras en el sector de Yani.