Un nuevo intento de negociación entre el Gobierno y productores lecheros fracasó este martes tras el rechazo del sector al incremento de Bs 0,50 al precio del litro de leche primaria, entregada por los productores a la industria.

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Mientras el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, defendió la propuesta como “razonable” para sostener la producción, el dirigente cochabambino Mario Mercado advirtió que el ajuste, que elevaría el precio de Bs 3,50-3,60 a Bs 4, no cubre los Bs 5,16 que cuesta producir cada litro, según un estudio del sector.

“No puede ser que el sector siga quebrado y no se reconozca la estructura de costos. Estamos cerrando granjas y, de no llegar a un precio justo de 6 bolivianos, Bolivia tendrá que importar leche”, afirmó Mercado.

Lecheros

El dirigente lamentó que, tras un mes de diálogos, las autoridades no dimensionen la gravedad de la crisis. “Solo nos pidieron más datos, pero sin soluciones; si no hay avances, no descartamos medidas de otro tipo a nivel nacional”, advirtió.

Por la misma línea, la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) anunció que un paro de actividades podría ser una solución para que el Gobierno comprenda la crisis del sector.

Por su parte, el ministro Flores argumentó que el aumento a Bs 4 permitiría a los lecheros “mantener su producción y abastecer al pueblo”.

Sin embargo, Mercado recordó que, incluso con este ajuste, los productores perderían Bs 1,16 por litro, según la estructura de costos validada por el propio Órgano Ejecutivo. “Trabajamos a pérdida, si el Gobierno no actúa, colapsaremos”, insistió.

El dirigente alertó que la inviabilidad de las granjas no solo afectaría la economía rural, sino que obligaría a importar leche, comprometiendo la autosuficiencia del país.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, al menos 100 lecherías cerraron en Santa Cruz, debido al incremento del costo de producción y a los bajos ingresos que se reciben.

Según sus datos, actualmente Bolivia produce alrededor de 1,7 millones de litros diarios, pero la caída en la actividad podría reducir la oferta y encarecer el producto final para el consumidor, aunque el Gobierno descarta esta posibilidad.