En entredicho la seguridad jurídica de los bienes en Bolivia, urge la necesidad de frenar estos hechos de corrupción.¿Funcionarios pueden cambiar hipotecas, gravámenes y anular derecho propietario en el sistema?
SUCRE. La decana Rosmery Ruiz y el presidente del TSJ, Romer Saucedo, cuando se apersonaron al acto de allanamiento de las oficinas de la DGAF Foto: Correo del SurLa manipulación del sistema informático en Derechos Reales para modificar inscripciones hipotecarias y gravámenes de inmuebles, alterar montos de pago de aranceles y anular el derecho propietario tal como denunciaron en las oficinas de Santa Cruz y Beni, donde se estima un daño económico al Estado de unos 8 millones de bolivianos, pone en entredicho la seguridad jurídica de los bienes en Bolivia y la urgente necesidad de frenar estos hechos de corrupción.
Una subregistradora de Derechos Reales de Santa Cruz denunció la manipulación del sistema informático, que derivó en un presunto desfalco de aproximadamente 2 millones de bolivianos, pero después la cesaron; otro hecho de presunta corrupción, se suscitó en las oficinas de Derechos Reales de Beni. En ambos casos, el Consejo de la Magistratura se apersonó como querellante dentro de estos hechos ilícitos, que derivaron en la aprehensión de unos ocho funcionarios que luego fueron imputados. A dos de ellos los condujo a la cárcel, pero después de tres meses salieron y se defenderán en libertad en el proceso penal.
En el Órgano Judicial aún no se observan acciones de fondo para cambiar esta situación de corrupción en una de sus instancias que está regida por la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887 y un decreto de 2004.
HECHOS DENUNCIADOS
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¿Qué pasó en Beni?. Resulta que un representante de la empresa Amazonas S.A en Riberalta, fue a recabar un folio de un inmueble de su propiedad que estaba registrado en Derechos Reales, pero la matrícula de inscripción no figuraba en el folio real; se apersonó al subregistrador y este al ingresar al Sistema Nacional de Registro Público (Sinarep) verificó que la matrícula no existía. Luego preguntó al encargado del sistema informático quien le manifestó que se había eliminado dicha matrícula por orden del registrador de Trinidad.
Esta decisión no solo involucraba al registrador y al encargado de sistemas informáticos, sino a un subregistrador, operadores y responsables de ventanillas de Derechos Reales, según la denuncia del Consejo de la Magistratura.
En Santa Cruz, tres funcionarios también fueron denunciados por manipulación informática porque algunas funcionarias tenían acceso a un usuario y contraseña en el sistema con el que cambiaban montos de cuantías que debían generar pagos por aranceles, según reveló el fiscal departamental, Alberto Zeballos.
La investigación preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fiscalía, estableció que con la modificación de datos en los montos de pagos de los usuarios, se habría provocado un daño económico al Estado de aproximadamente 2 millones de bolivianos.
Los funcionarios ingresaban al sistema con el usuario que no les correspondía, con autorización del registrador de Derechos Reales, para realizar ciertas inscripciones hipotecarias y gravámenes de inmuebles, vigencia de matrículas anuladas con diferentes datos de dominio y otras irregularidades, según la denuncia.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, reveló que en Santa Cruz hay varias denuncias de presunta manipulación del sistema informático en Derechos Reales que están en investigación en la vía penal.
ALLANAMIENTO
El pasado miércoles, un fiscal de Santa Cruz y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) allanaron las oficinas nacionales de Derechos Reales, de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Unidad de Servicios Informáticos del Consejo de la Magistratura, en Sucre, para recabar más datos sobre los hechos de corrupción que mantienen en vilo la seguridad jurídica de los bienes de los bolivianos.
DDRR, el único ente recaudador de recursos
Derechos Reales es la institución que recauda el 60% de los recursos del presupuesto para el funcionamiento del Órgano Judicial, un 2% de la cooperación internacional y el restante 38% es el aporte del Órgano Ejecutivo que a través del Ministerio de Economía y Finanzas redistribuye el presupuesto del Estado.
“Sin Derechos Reales, que es la única institución que recauda recursos propios así como el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), tendríamos una institución (Órgano Judicial) que dependa total y absolutamente del Órgano Ejecutivo y esto es ir en contra de una independencia plena”, señaló el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, admitió su preocupación sobre las denuncias de corrupción debido a que Derechos Reales se constituye en uno de los principales ingresos: por tanto, como máximas autoridades hacen seguimiento a la presunta situación ilegal que se destapó.
“Siempre somos respetuosos de la autoridad jurisdiccional, el trabajo que vaya a hacer el juez o jueza que tenga el control de esta causa debe enmarcarse bajo el principio del debido proceso, bajo la independencia judicial y actuar en base a los elementos que presenta la Fiscalía”, afirmó tras la aprenhensión de funcionarios.
Abogados: Hay inseguridad jurídica
El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Juan Pablo Cervantes, manifestó que el problema en Derechos Reales es una constante de corrupción, de malos manejos que están generando una inseguridad jurídica en la población.
“Los recursos recaudados por Derechos Reales se van al Ejecutivo y retornan como una dádiva al Judicial, eso requiere de una transparencia y darle mayor independencia al Órgano Judicial”, manifestó.
Para el abogado constitucionalista Jaime Hurtado, el problema de Derechos Reales “es grave” por los hechos de corrupción sobre todo en los departamentos del eje central, donde se mueven millones de bolivianos y nada funciona sin el pago de coimas.
“Es increíble si no pasas dinero bajo los papeles no sale nunca tu trámite. Algunos funcionarios se las ingenian no sé si por orden de los de arriba para satisfacer porcentualmente los ingresos, que sería grave, o son libres pensadores delincuentes que lo que hacen es manipular nada menos que los registros públicos de propiedad”, advirtió el abogado.
Los anuncios de cambios que no llegan a Derechos Reales
Las anteriores autoridades sobre todo del Consejo de la Magistratura, anunciaron cambios a partir de una institucionalización en esta instancia del Órgano Judicial que atraviesa una crisis en medio de acusaciones de corrupción; se habló de la implementación de un nuevo Sistema Nacional de Registro Público (Sinarep) en todas las oficinas registrales del país.
El expresidente del Consejo de la Magistratura Marvin Molina señaló en 2022 que según la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), se tiene en Derechos Reales uno de los sistemas informáticos más vulnerables, no solo del país sino de la región. Reprochó las anomalías que no fueron observadas por las primeras autoridades elegidas por voto en 2011; sin embargo, en su gestión tampoco se ejecutaron cambios.
Molina incluso anunció la presentación de un anteproyecto de ley de Registro Plurinacional de Derechos Reales para cambiar la norma que rige desde hace más de 100 años.
En marzo de 2022, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Agetic, firmaron un convenio denominado Huayna Wasi, de una reingeniería operativa y un nuevo modelo de gestión para la oficina nacional de Derechos Reales.
“Todo lo que en este momento está en la Ley de Derechos Reales, se debe tener acceso a la información, es decir, qué se publicó, todos tenemos derecho a saber qué información está en el Registro de Derechos Reales y esto debe ser accesible, ya no con trámites engorrosos sino directamente en la página web”, señaló en esa ocasión el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, pero a la fecha no existe tal transparencia.
MEJORAR LOS INGRESOS
El Órgano Judicial tiene tres vías para mejorar sus ingresos ante la falta de recursos para garantizar un mejor servicio: incrementar sus ingresos propios, que podría ser elevando los valorados en Derechos Reales; solicitar un adicional al Ejecutivo; o hacer un ajuste en sus egresos.
El abogado Jaime Hurtado incluso plantea terciarizar el servicio en Derechos Reales. “Aunque alguien me diría privatizador, pero no ha funcionado ningún ajuste desde el Consejo de la Magistratura porque al poco tiempo con otros actores vuelven a repetir lo mismo haciéndose crónico el mal manejo de esta entidad”, sostuvo.