Ciudadanos denunciaron que fueron afiliados a partidos sin su autorización. Las filas para anular los registros irregulares son diarias. La ley es “laxa” en relación con las sanciones a partidos políticos y a quienes incurren en esa ilegalidad.
Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado
Fuente: Visión360
El caso de registros irregulares de militantes generó un escándalo, ya que decenas de ciudadanos denunciaron que fueron inscritos a organizaciones políticas sin su consentimiento. Todo ello ocurre en medio de una “zona gris”, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como tal, no sanciona esta anomalía, y el afectado debe acudir hasta la justicia ordinaria.
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En conversación con Visión 360, el vocal Tahuichi Tahuichi, del TSE, explica que “propiamente no hay una sanción penal, o siquiera una sanción”, a la inscripción sin consentimiento de militantes, y que lo único que ese organismo castiga es cuando un monto estimado al 3% de las firmas presentadas por un partido “no igualen”.
En ese marco, la autoridad de la Sala Plena informó que para que la denuncia prospere, tiene que ser la parte afectada la que interponga una querella ante el Ministerio Público, y que en última instancia los Tribunales Electorales Departamentales (TED) o el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), como tercero interesado.
En las últimas semanas, ciudadanos —incluidos periodistas— denunciaron haber sido afectados por este problema. La situación llegó a tal extremo que la propia Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia envió una misiva al TSE, en la que denuncia casos de periodistas afiliados a partidos políticos sin su consentimiento. Además, solicita una investigación y medidas para la protección de los datos personales en el sistema electoral.
El caso Morena
Definido como un caso “sui géneris”, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) realizó su registro de militantes de forma digital, es decir, a través de un proceso de inscripción 100% biométrico, según constató el vocal Tahuichi. La propia alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó en un anterior contacto con la prensa que Morena utilizó un sistema para registro biométrico para su militancia.
“El caso de Morena es algo sui géneris. Lo que pasa es que Morena ha hecho (su registro de militantes) con un empadronamiento biométrico. No ha usado libros, nada de libros, cero libros, ha sido 100%, biométrico. Entonces, ahí viene la duda”, indicó el vocal del TSE.
Visión 360 recabó durante esta semana los testimonios de ciudadanos que solicitaron al TSE renunciar a su militancia. Una electora, que prefirió mantener su identidad en reserva, contó a este medio que apareció como militante de Morena, desde hace al menos un mes y que fue inscrita sin su consentimiento.
Otra ciudadana, quien también fue inscrita en Morena, reveló que el mes pasado recordó haber participado en un curso de primeros auxilios, impartido por la Alcaldía de El Alto, en la zona Ferropetrol, de dicha urbe. Dijo que para la inscripción “les pidieron registro biométrico” y que una conocida de esa capacitación le advirtió que apareció inscrita en la sigla de Eva Copa.
Morena negó las acusaciones. Una de sus representantes, Beatriz Zegarrundo, dijo a los medios que nadie ha sido obligado a inscribirse y aseguró que todo el proceso fue transparente.
Brígida Apaza contó que postula a un cargo de notaria en su comunidad; sin embargo, para ello debió primero anular su militancia a Unidad Nacional, partido que la inscribió sin consentimiento de la solicitante del certificado.
“Estoy viniendo a anular la militancia de Unidad Nacional. Desde hace dos años que aparezco como militante. No di mi consentimiento, yo he aparecido y por eso estoy viniendo. Simplemente pasé cursos de repostería, de tejido y en ese momento sí proporcioné mis datos. Estoy postulando para ser notaria en mi comunidad”, indicó.
Don Daniel, nombre ficticio, contó a Visión 360 que apareció como militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero que él no proporcionó en ningún momento su información para afiliarse al partido rosado.
“Aparecí en el MNR y yo me he enterado recién. No sé desde cuándo estoy como militante. No me pidieron información, pero cuando hubo las elecciones judiciales entré al Yo Participo y me enteré que estaba inscrito en el MNR, cosa que no es verdad. Así que estoy haciendo la renuncia voluntaria”, contó.
Jonathan Franklin figura como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), tampoco buscó la militancia al partido azul y apareció en los registros. Contó que fue aceptado en un trabajo, en el que le piden no ser militante a ningún partido político, y por ello llegó a puertas del TSE.
“Estoy en el MAS y no di mi consentimiento. Estaré en un trabajo y no tengo que ser militante, para lo cual me pidieron revisar. Reviso y resulta que aparezco inscrito y ahora estoy viniendo a hacer mi anulación, porque en ningún momento di mi consentimiento para esto”, dijo.
Falsificación
Gracián Bascopé Tamayo, nieto del destacado escritor Franz Tamayo y el custodio de su Archivo Histórico, contó a este medio que, en su caso, falsificaron su firma y hasta su huella digital y firmaron a su nombre, para aparecer como militante del MAS-IPSP.
“(Me dicen) vaya al frente, traiga una carta y lo borramos de inmediato. No se trata de borrar de un plumazo, borrar cualquier cosa, cualquier delito. Ese es un delito en el cual ando protestando desde esa fecha hasta el día de hoy sin ninguna solución. No se puede utilizar el nombre de las personas, su huella y firma, para fines personales o de grupo; ese es un asalto, un robo. Tiene que haber justicia de verdad”, aseveró Bascopé a Visión 360.
En ese marco, agregó: “Estamos en manos de servidores públicos que no saben dónde están parados. Eso es lo triste, lo grave. No tenemos seguridad ni confianza en instituciones que deberían ser transparentes y claras”.
Una “zona gris”
El inciso “e” del artículo 238 de la Ley 026 del Régimen Electoral establece como causales de denuncia la falsedad ideológica o material para fines electorales; sin embargo, estos son punibles solo para las personas que infrinjan la norma y no así para las siglas en cuestión.
“La persona que cometiera delito de falsedad ideológica y/o material, o utilizara documentos falsificados para fines electorales, será sancionada con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delitos”, indica.
La legislación boliviana, en ese marco, no contempla figuras como la suplantación, usurpación o robo de identidad; sin embargo, el Código Penal establece como causales los artículos 198 y 199 (falsedad ideológica y material).
En ambos casos, la pena es de uno a seis años de privación de libertad; sin embargo, existe un agravante en caso de que el autor del delito fuera un funcionario público. En ese caso, las penas se incrementan con la privación de libertad de dos a ocho años.
Para el analista Carlos Cordero, hay una suerte de “zona gris” al momento de intentar denunciar este tipo de causales. “No existe la normativa (sólo queda ir a) un proceso penal que significa contratar un abogado, todo un proceso judicial que tiene costos muy altos. Y además de una larguísima duración. O sea, para que te quiten la militancia podríamos estar hablando de un año aproximadamente, y un gasto promedio de 20 mil bolivianos en abogados”, explicó.
De acuerdo con el inciso “a” del artículo 36 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, es un derecho de los militantes el de “adoptar de manera libre y voluntaria, de forma individual o colectiva, la decisión de ser militante de una organización política, sin que medie ningún tipo de coacción o presión alguna”.
¿De quién es la culpa?
La responsabilidad por la inscripción a los militantes sin consentimiento es abarcada en dos niveles. Para Nataly Vargas, expresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, la primera parte de la responsabilidad la tiene el partido político y la segunda, el Órgano Electoral, al controlar el ingreso de las firmas al padrón.
“En primera instancia, las organizaciones políticas son las que tendrían la primera parte de la responsabilidad del registro. Si estas hubieran cometido irregularidades durante el registro, tendrían que ser pasibles a la propia organización política, pero esto escapa de una situación jurídica electoral, si no que podría pasar a una responsabilidad penal en el caso de que hubiera falsificaciones de firmas”, dijo la ex vocal a este medio.
No obstante, el caso en cuestión podría ser mucho peor, debido a que las firmas ya fueron ingresadas y aceptadas por el TSE para el otorgamiento de personerías jurídicas. Ello puede conllevar a responsabilidad de tipo administrativa como penal.
“El caso que tenemos hoy es un poco más grave, porque denota que ya estos registros, recolecciones, se han realizado, estas firmas han pasado al Órgano Electoral, han sido revisadas, entre comillas, por el OEP. Si hay irregularidades en las firmas esto sería gravísimo, no solo para las organizaciones políticas y para los encargados de recabar esas firmas, sino también para el OEP, porque estaría incumpliendo con su deber de revisar a través de toda la maquinaria que tenemos de los biométricos, la veracidad de estas firmas, Esta falla podría acarrear no solo responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad penal a los vocales de los TED y a los del TSE”, advirtió la ex vocal.
¿Cómo revertir la situación?
Para la ex vocal Vargas, revertir el ingreso de las firmas será complicado. El vocal Tahuichi anunció que se está trabajando en un proyecto para implementar la militancia digital y controlar la afiliación a las organizaciones políticas mediante fotografías de quienes se inscriban.
Vargas insiste en que, si bien la ciudadanía se entera que figura en alguna organización política sin haber dado su permiso, no todos los ciudadanos realizarán el trámite para la desafiliación. Esto, por el contrario, representa una “salida fácil” para las organizaciones políticas, y aun más para quienes fraguaron las rúbricas y documentos, y para el propio Órgano Electoral, que “falló en su deber de control, ya sea a nivel departamental o nacional”.
Tahuichi, entre tanto, indicó que es necesaria la realización de una ley para permitir la militancia digital, en la que, el ciudadano, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, pueda decidir su militancia y su desafiliación de forma voluntaria.
“¿Quiénes serán parte de esta militancia digital? Solo todos los que son parte del padrón electoral. Solo los que están ahí podrán ingresar a esta aplicación. Obviamente esta aplicación tiene un candado de seguridad. Nos va a pedir la huella dactilar, ¿sí? Nuestra huella dactilar. Y con esa huella dactilar ingresaremos a la militancia digital”, precisó el vocal.
Diariamente, docenas de personas van al TSE, con formularios de anulación de militancia y una fotocopia simple del carnet de identidad, para realizar este trámite, según uno de los guardias de seguridad de las oficinas del organismo electoral. Hasta el momento, el ente electoral no dio una cifra de monto total de solicitudes. Este medio hizo la solicitud a los vocales, pero no tuvo éxito.
Periodistas denuncian afiliación ilegal de corresponsales sin su consentimiento
Mediante una carta dirigida al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció que al menos tres profesionales de la prensa figuran como miembros de organizaciones políticas sin su consentimiento.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y enfático reclamo ante hechos que han sido recientemente denunciados por periodistas quienes descubrieron – con sorpresa e indignación – que sus nombres aparecen inscritos ilegalmente como militantes de partidos y agrupaciones políticas, sin que hayan otorgado consentimiento alguno para ello”, denuncia la carta.
En ese marco, la entidad de prensa denuncia que la periodista Judith Prada reveló haber sido registrada como militante del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol).
“Cómo es posible que se haya accedido a documentos de identidad y cómo se ha aceptado una firma falsificada. Es preocupante que no haya un control efectivo para prevenir este tipo de fraudes”, denunció Prada.
El periodista Javier Aliaga informó haber sido inscrito a Unión por el Cambio (UPC), agrupación liderada por el gobernador de La Paz, Santos Quispe. “¿Cómo tienen acceso a los documentos de identidad? ¿Cómo es aceptada una firma falsificada? ¿Por qué no hay una forma de controlar estos fraudes cuando se están produciendo?”, increpó.
A ello, se suma el caso de un periodista de Visión 360, quien figura como militante de la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo), un registro en el que jamás consintió en figurar.
“Estos hechos constituyen una vulneración directa del artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho de toda persona a ‘participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes’, lo que incluye el derecho a no ser afiliado sin su consentimiento a ninguna organización política”, denuncia la carta.
Las denuncias de ciudadanos y registros de militancia en partidos políticos comenzaron a surgir durante estas últimas semanas. El trámite para anular dicha afiliación se realiza de forma presencial ante el TSE, presentando un formulario y la fotocopia de carnet.
“Una estructura casi delincuencial”, Nataly Vargas, exvocal del TED de Tarija
Lo que puede estar pasando, dada la coyuntura de alta corrupción en democracias como la nuestra, que cuenta con un deficiente sistema de pesos y contrapesos, de medidas de control entre los órganos del poder; podría ser que estas organizaciones o representantes de las organizaciones políticas estuvieran compinchados con vocales electorales, o con miembros de los TED y los vocales del TSE, para que no se haga el chequeo de estas firmas, para que no se vea si estas firmas son auténticas o no, a través de este deber de controlar estas firmas, contrastándolas con el padrón biométrico.
Lo que se ha hecho es de alguna manera darle una salida fácil a las organizaciones políticas y a todas estas personas que han fraguado firmas, que han fraguado documentos y también al propio órgano electoral que ha fallado en su deber de control ya sea a nivel departamental o a nivel nacional, que haya fallado de manera negligente por mera negligencia o por complicidad con ciertas organizaciones políticas, ya sea obteniendo ventajas o no para que se hagan estos registros y se puedan llevar adelante estos registros de militancias y por lo tanto sacar personerías jurídicas de manera irregular. Esto supone una estructura casi delincuencial.
“Criminalizan la práctica democrática”, Carlos Cordero, analista político
Creo que lo que ha ocurrido son dos problemas de información y técnicos. A principio el manifestar el apoyo a una organización política, no significaba de facto, que ese apoyo convertía al ciudadano en militante; luego las reglas cambiaron en el sentido de que la persona que da un apoyo a una organización política significa que uno es militante de esa organización.
Es probable, pero muy difícil que te inscriban sin tu consentimiento, primero porque hay que tener el número de carnet y poner la firma, y puedes hacer una comparación, cuando encontraban alguna incompatibilidad, comparaban con la cédula de identidad, la fotocopia, con la firma que estaba en los libros de registro.
Cuando hay una inscripción dolosa, apoyando a una organización política para que se legalice, es difícil encontrar los carnets de identidad y que exista una correspondencia con la firma. Eso ocurrió.
En el fondo, hemos criminalizado la práctica democrática. Si bien lo que ocurre ahora, hay organizaciones que buscan firmas para participar electoralmente, ¿Por qué se tiene que criminalizar el apoyo a una persona que quiere hacer política? Están coartando una libertad de expresión, la han judicializado.