Partos que dejan marcas de por vida


En Bolivia, no existen cifras oficiales sobre cuántos niños y niñas viven con discapacidades ocasionadas por demoras o negligencias médicas en partos o cesáreas. Pero detrás de cada caso hay una madre que no olvida, que guarda en su cuerpo y en su memoria el momento exacto en que su vida cambió para siempre.

Janeth camina del brazo de su hijo Rodolfo, en Tarija. Foto: Yobana Knaudt

Fuente: Sumando Voces
Yenny Escalante y Yobana Knaudt



 

Es la habitación fría y blanca de un hospital. Janeth Iñiguez Vásquez tiene solo 19 años y está a punto de dar a luz por primera vez. La acompaña un practicante más nervioso que ella, pero no logra asistirla en el parto. Pasan los minutos y al cabo de dos horas aparece el ginecólogo titular.

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El bebé Rodolfo nace “sin signos vitales”, pues tuvo sufrimiento fetal. Lo llevan a la incubadora, pasan tres días y no reacciona, apenas respira, no se mueve. Una enfermera, resignada, sugiere bautizarlo. Llaman a un sacerdote, quien rocía agua bendita sobre el diminuto cuerpo, y por primera vez, llora.

Ese es solo el inicio. Seguirán años de terapias, angustias y una vida marcada por las secuelas de un nacimiento mal atendido.

En Bolivia, no existen cifras oficiales sobre cuántos niños y niñas viven con discapacidades ocasionadas por demoras o negligencias médicas en partos o cesáreas. Pero detrás de cada caso hay una madre que no olvida, que guarda en su cuerpo y en su memoria el momento exacto en que su vida cambió para siempre.

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Para Carola Soruco Valdéz todo comenzó cuando tenía 24 años, daba a luz a su tercer hijo, Francisco José. “Él tiene una parálisis de medio cuerpo, del lado izquierdo, pero del hospital me lo han despachado como niño sano”, recuerda. Pasaron los meses y las señales estaban ahí, no se movía como los otros niños, su desarrollo era más lento. Algo no encajaba.

Ella preguntaba, insistía, pero las respuestas eran vagas, y a veces incluso agresivas. “En el ámbito de la medicina todo es muy conflictivo, no nos orientan, y más bien se agarran contra nosotras, nos dicen ‘todo tiene un proceso, todo es normal, tiene que esperar, tiene que tener paciencia’, cuando a simple vista se ve que eso no es normal”, rememora y cuenta que incluso lo querían operar del codo.

Francisco fue diagnosticado tres años después de nacer, cuando médicos extranjeros que llegaron a Tarija confirmaron que el sufrimiento fetal había dañado su cuerpo. Hoy, con 24 años, vive con parálisis, discapacidad intelectual múltiple y epilepsia, y asiste a un centro de educación especial tras un intento fallido por integrarse al sistema regular.

Estos casos no son aislados. En Bolivia, el 59,8% de mujeres de 16 años en adelante han enfrentado situaciones similares: prácticas médicas deshumanizadas, negligentes o abusivas durante el embarazo, el parto y el postparto. “Esto significa que un estimado de más de 2,1 millones de mujeres bolivianas han sufrido violencia obstétrica”, apunta el Estudio Nacional de Violencia Obstétrica en Bolivia elaborado por Ciudadanía.

Datos de la Primera Encuesta Nacional de Violencia Obstétrica en Bolivia publicada en marzo de 2025.

 

Este tipo de violencia se expresa en múltiples formas: negación de atención oportuna, gritos, maltrato verbal, falta de información, y también en decisiones médicas que se toman sin consentimiento o de forma tardía, poniendo en riesgo la vida del bebé.

“El personal médico naturaliza estas situaciones y creen que es normal maltratar a la gente”, dice la abogada e integrante del Colectivo Mujer de Plata de Potosí, Ángela Uzuna Bobarín, quien agrega que, si bien este tipo de violencia no está tipificada como tal en la normativa boliviana y no tiene sanción, sí es reconocida en la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y por ende se la puede adecuar y denunciar como violencia física o psicológica con el fin de que prospere.

La Ley 348 dice: “La violencia en los servicios de salud es toda acción discriminadora, humillante, deshumanizada que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres”. Pero, muchas mujeres no la conocen y por eso no denuncian.

¿Para qué un médico obliga a tener seguimiento en el embarazo, si en el momento más importante no está? 

Janeth Iñiguez, madre de una persona con discapacidad

 

«Me tuvieron totalmente desnuda»: la experiencia de Edith

Sin privacidad, sin respeto, sin derechos. Así describe Edith Pereira su parto, y como si el 19 fuera un común denominador en estos casos, también le ocurrió a esa edad. “Había como 20 estudiantes, cuchicheando y riendo. No tuvieron el más mínimo pudor conmigo. Ni una bata para taparme. Me tuvieron totalmente desnuda. Fue algo muy traumante. Me costó años superarlo”, recuerda.

Según la investigación de Ciudadanía, a dos tercios de 1.200 mujeres consultadas, no se les permitió decidir si querían estar tapadas o exhibidas durante su proceso de parto.

Una enfermera le dijo a Edith: “No grites, porque aquí se enojan”. Le repetían: “estás asustando a las demás internas”, pero Edith no aguantaba el dolor. “¿Cómo no voy a gritar si me estaba doliendo?”, se pregunta. “Pero ellas ingresaban solo para callarnos”.

Ciudadanía reporta que la violencia obstétrica psicológica principalmente se produce en los servicios de salud públicos, con un 64,49%. Y, quienes mayormente la ejercen son los médicos con 36,6%, le sigue el personal de enfermería con un 57,5%. Respecto a la violencia física, el 15% de encuestadas alega haber sufrido sacudidas, pellizcadas, empujones y hasta ser retenidas o amarradas.

“¿Dónde queda nuestro pudor de mujeres? Me han violado”, enfatiza Edith, con una mezcla de rabia, tristeza y dignidad. La única persona que le mostró humanidad fue una estudiante de enfermería de último año. “Me tomó de la mano, me habló con respeto”, recuerda.

Durante ese difícil primer parto tuvo sufrimiento fetal. Ocho años después, su hijo fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). “Todo el estrés que la mamá pasa al momento de dar a luz, aparte del dolor, afecta al bebé”, dice.

Impunidad

Bajo etiquetas de “complicaciones” o “casos fortuitos” se esconden negligencias profesionales.

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Juan Manuel Javier Castillo conoce de cerca ese dolor. Es presidente de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad en Tarija y también padre de un hijo con discapacidad múltiple. Su testimonio, como el de muchas madres que acompañan su lucha, coincide en un punto: la mayoría de estas historias no se originan en lo genético, sino en lo médico.

Su hijo, Sergio Diego, nació un día de elecciones. El médico de turno no estaba en el hospital, y los internos decidieron usar fórceps para extraerlo. La presión en su cabeza dejó un hematoma, afectó la zona del habla, la audición y la coordinación. “Después vino lo demás”, dice Juan Manuel.

Sergio Diego, hijo de Juan Manuel Javier Castillo, logró enfrentar la discapacidad. Viaja, trabaja y le gusta el deporte.

 

Pero no se trata solo del parto. La falta de información, la ausencia de diagnósticos oportunos y el maltrato institucional también dejan marcas. “En Bolivia, somos los pacientes quienes debemos ir detrás del médico. Preguntar qué tiene nuestro hijo, y si el doctor está de buen humor, tal vez responde”.

El problema, según Juan Manuel, no es solo individual, sino estructural. Por eso insiste en la urgencia de crear protocolos de atención, juntas médicas que evalúen cada caso, y un compromiso del Estado. Su hijo, pese a todo, aprendió a andar en bicicleta, le gusta el deporte, y trabaja. “Nuestro mayor deseo como padres es que nuestros hijos no sean vistos como raros. Que la sociedad entienda que somos diferentes, sí, pero con los mismos derechos”.

Janeth, Carola, Edith y Juan nunca presentaron una denuncia formal. No por falta de motivos, sino por falta de información, de conciencia de sus derechos, y por ese silencio que suele cubrir los errores médicos en los hospitales públicos.

La jurista Ángela Uzuna considera que el principal problema radica en las universidades y colegios médicos, pues es allí donde se debería formar adecuadamente al personal médico, en el marco del respeto de los derechos humanos, sin discriminación ni violencia en contra de las mujeres. “Hay un sistema muy sesgado y machista”, enfatiza.

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Rodolfo

Rodolfo tiene hoy 45 años. Vive con discapacidad motora e intelectual. Camina con dificultad, ha sido agredido por su forma de andar y su manera de hablar. A veces lo confunden con una persona ebria. “Nuestra sociedad no está preparada para aceptar la diferencia”, afirma Janeth, que aún carga con la angustia del futuro: “Pensamos qué va a pasar cuando ya no estemos”.

Rodolfo aprendió a andar en bicicleta y, paradójicamente, nunca pierde el equilibrio sobre esas dos ruedas. El año pasado salió bachiller y sus padres no podrían estar más orgullosos. “Para nosotros es un gran logro”, dice su madre, mientras camina de la mano de su hijo, con una sonrisa que, pese a todo, sigue iluminando el camino.

Rodolfo tuvo sufrimiento fetal al nacer debido a una atención tardía.

 

«Complicaciones obstétricas«

El director del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, Dulfredo Ozuna, reconoció que persisten complicaciones obstétricas que pueden derivar en sufrimiento fetal y discapacidades neurológicas. Explicó que durante el trabajo de parto surgen complicaciones debido a las características anatómicas de la madre o del bebé, como cuando el tamaño del feto dificulta un parto rápido. También mencionó que el uso de fórceps y la presión abdominal, comunes en el pasado, hoy están proscritos por los riesgos que conllevan.

Ozuna destacó que el hospital cuenta con protocolos para monitorear el parto y actuar rápidamente en caso de complicaciones, como realizar una cesárea. Dijo que los residentes que atienden partos normales están supervisados por médicos especialistas, como lo requiere la normativa. Aseguró que el hospital cuenta con profesionales y personal suficiente para realizar los procedimientos con supervisión adecuada. Sin embargo, muchas madres que pasaron por ahí opinan diferente.

Sobre la violencia obstétrica, Ozuna admitió que aún persisten casos, aunque sostuvo que la situación ha mejorado en comparación con años anteriores. Atribuyó algunas prácticas a profesionales de la «vieja escuela» que carecen de empatía con las mujeres en trabajo de parto.

Entrevista al director del Hospital San Juan de Dios, Dulfredo Ozuna.

El jefe del área de Gineco-Obstetricia, Yamil Patiño, detalló que, desde la concepción hasta el parto, el proceso de gestación conlleva riesgos que deben gestionarse adecuadamente. Explicó que factores predisponentes, como causas genéticas, y externos, como el consumo de sustancias tóxicas o infecciones en la madre, pueden afectar el desarrollo neurosensorial del feto. No obstante, no mencionó como causa la negligencia médica y enfatizó que están atentos para evitar esas situaciones.

Señaló que una de las principales complicaciones en el parto es el sufrimiento fetal agudo, provocado por hipoxia (falta de oxígeno). Esto puede ocurrir cuando el parto se prolonga o si la madre presenta dificultades respiratorias. Patiño subrayó que, si una paciente llega tarde al hospital, el bebé sufrirá hipoxia, lo que puede impactar en su desarrollo neurológico.

Respecto al trato de las pacientes, Patiño indicó que no ha recibido quejas de maltrato o violencia obstétrica en el hospital.

 

Datos ausentes, vidas ignoradas

Machismo

La jurista Ángela Uzuna relata que al colectivo Mujer de Plata llegó el caso de una mujer de 28 años que, antes de dar a luz, realizó el trámite para ligarse las trompas. Sin embargo, tras el parto, el médico solicitó consultar al padre del bebé si autorizaba el procedimiento. Al no recibir una respuesta inmediata, la ligadura no se realizó.

Luto silente

Muchas mamás guardan un luto silencioso que rara vez sale a la luz. “Cuando nos reunimos en actividades con otros padres y madres, recién ahí nos animamos a hablar. Y realmente son muchas las historias parecidas, que nadie quiere recordar, pero que siguen doliendo”, contó Juan Manuel, el padre de un joven con discapacidad.

Datos ausentes

En Bolivia hay 115.504 personas con discapacidad registradas, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, no existen estudios que identifiquen cuántas de esas discapacidades podrían haber sido causadas por malas prácticas médicas en hospitales, tanto públicos como privados. La falta de información impide dimensionar la gravedad de este problema.


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