María Inés Galviz, directora de Derechos Humanos, se acercó al lugar para dar apoyo a los vecinos, informando que las autoridades judiciales habían confirmado que el desalojo no ocurriría en la jornada.
Charles Muñoz Flores
Fuente: Red Uno
En esta mañana se desató un violento enfrentamiento en la zona del barrio Santa Lucía y Retoño, que dejó al menos cuatro horas de tensión entre un grupo irregular que se presentó en la zona y los residentes del lugar, quienes se defienden con papeles que aseguran sus derechos de propiedad.
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A este escenario se sumó la presencia de representantes de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo (DDRR), quienes intentaron mediar en la situación. María Inés Galviz, directora de Derechos Humanos, se acercó al lugar para dar apoyo a los vecinos, informando que las autoridades judiciales habían confirmado que el desalojo no ocurriría en la jornada.
“Como representante de DDHH hemos ido a hablar con los vocales de la Sala Quinta y nos han dicho que hasta ayer era el desalojo y que hoy no iba haber desalojo. Eso queremos informar a los vecinos para que puedan defender con los papeles que tienen, ellos son propietarios”, señaló Galviz.
Sin embargo, la situación tomó un giro alarmante cuando se revelaron detalles sobre la violencia que tuvo lugar en el barrio. Testigos afirman que el operativo, que incluyó gasificación, afectó a numerosos menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores. Galviz expresó su preocupación por el accionar de la policía, comentando que los agentes parecían haber coordinado con individuos antisociales para ingresar a las casas y atacar a los habitantes.
“Eso es lo que me extraña porque dicen que coordinaron con gente antisocial e ingresaron a las casas atropellando a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. ¿Qué ha pasado con el comandante? Se ha prestado a esto, no sé de dónde han conseguido tantos policías y tanta gente antisocial que no respetaron a nadie”, afirmó.
Ante estos hechos, Galviz hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales y policiales para que se detuviera el desalojo y se protegiera la integridad de los ciudadanos. “Pedimos a las autoridades judiciales, policiales que por favor detengan esto. Quieren que aparezcan muertos, ellos van a ser los responsables los de la Sala Quinta y el que dio la orden de desalojo”, agregó, apuntando a los responsables de las decisiones judiciales.
En cuanto a la validez de la orden judicial que fundamenta el desalojo, Galviz enfatizó que se trata de una orden que data del 2016, más de nueve años atrás, y que según la ley debería haberse desestimado.
“Dicen que hay una orden, pero del 2026, hace nueve años, que ya no debe circular. Eso es violar los derechos de las personas, violar el territorio de cada uno de los que están viviendo aquí, y eso no lo van a permitir los vecinos, porque aquí lo que mandan son los papeles que tienen ellos”, concluyó.
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