El proyecto de “ley de integridad y ética pública en procesos electorales” plantea regular el trabajo de los medios de comunicación la etapa electoral, además de sancionar en caso de que se incumpla con la normativa.
Fuente: ANF
La Paz. – El proyecto de “ley de integridad y ética pública en procesos electorales” plantea regular el trabajo de los medios de comunicación la etapa electoral, además de sancionar en caso de que se incumpla con la normativa. Advierten que la norma vulnera la libertad de expresión e información.
“Los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas y el proselitismo electoral. Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Órgano Electoral Plurinacional de los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se les otorgaron a las actividades de campaña de cada candidato o candidata. El Órgano Electoral Plurinacional publicará dicha información y verificará que la presencia de los candidatos en dichas emisiones o publicaciones sea equitativa”, señala el parágrafo II del artículo 5 de la norma a la que accedió la ANF.
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Al respecto, el periodista y abogado Andrés Gómez advirtió que «El anteproyecto es un atentado a la libertad de expresión porque quiere convertir a funcionarios del Órgano Electoral en aduaneros de la «veracidad». Como en las dictaduras militares faculta a un funcionario o a varios a convertirse en censor de contenidos. Estos podrían arrogarse la atribución de definirse qué información o qué opinión es portadora de la verdad», sostuvo.
La proyectista de la norma es la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, inicialmente fue presentada en septiembre de 2024 y en noviembre solicitó su reposición. El 31 de marzo fue tratada y aprobada en la comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado.
Gómez criticó que se pretenda “convertir a los trabajadores de medios de comunicación privados en ‘cronometradores de tiempos de contenido político’. Una entrevista a un candidato acusado de corrupción podría demandar más tiempo que una entrevista de perfil. Sería un atentado contra el derecho del ciudadano a informarse, cortar una entrevista informativa porque una ley dispone que la entrevista o el reportaje establece sólo un minuto para cumplir el tiempo equitativo”.
El proyecto
El proyecto tiene 16 artículos y una disposición adicional, está dividido en seis capítulos: disposiciones generales, obligaciones de integridad electoral, financiamiento y rendición de cuentas, prohibición para candidatos en cargos públicos, difusión y debates, además de sanciones.
En el mismo artículo, el proyecto de ley señala que los medios de comunicación deben difundir la información sobre el proceso electoral, ofreciendo una cobertura precisa y equitativa, que se sustente en hechos y cifras. Asimismo, dispone que los periodistas no pueden aceptar pagos, regalos o dádivas por parte de las organizaciones políticas que comprometan la ética periodística; tratar con igualdad a los partidos, el cual incluye las tarifas.
“El artículo 107 de la Constitución regula la actividad periodística, indicando claramente los códigos de ética y la Ley de Imprenta. La ética no se puede regular, corresponde a la autorregulación. Los códigos de ética establecen como objetivo medular del periodismo la búsqueda de la verdad. Si algún ciudadano se siente afectado, puede acudir al Tribunal Nacional de ética”, sostiene Gómez.
En el caso de la difusión de los planes de gobierno o los debates, se plantea que los medios estatales otorguen solo 10 minutos para que expongan sus propuestas y lo mismo ocurre con el cierre de campaña. Al respecto, Gómez consideró que ese punto pretende vulnerar el derecho de la población a informarse y conocer más detalles de los aspirantes a la silla presidencial, además que la entrevista puede demandar más tiempo en caso de que exista alguna denuncia contra el postulante.
Explicó que la Constitución y las normas internacionales prohíben la censura previa, pero este anteproyecto pretende legalizarlo en nombre de la «veracidad». Precisó que en materia de derecho a la información y libertad de expresión, el periodista no asume la responsabilidad por terceros. La responsabilidad ulterior corresponde a la fuente que informa u opina. Recordó que para evitar la censura previa, la Constitución y la Ley de Imprenta establecen los derechos a réplica y rectificación.
En caso de no cumplirse lo que establece dicho proyecto, los medios de comunicación infractores serán sancionados por los gremios o asociaciones a los que pertenezcan.
El proyecto también pone foco a los veedores
Otro elemento que llamó la atención es que también regula el trabajo de las misiones de observación electoral, en caso de no cumplir con las disposiciones que establecen en el proyecto plantea que sean sancionados con la pérdida de la acreditación.
“El incumplimiento de las normas de integridad electoral para veedores y misiones de observación electoral será sancionado con la perdida de la credencial respectiva, la inhabilitación para participar en esa condición del proceso electoral”, señala el parágrafo II del artículo 16.
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