El sistema de Derecho democrático constitucional de Bolivia en los últimos veinte años ya ha cosechado estrepitosas derrotas: a) El 21f fue democrático porque el pueblo dijo rotundamente no; b) Se engancharon con tribunos y se habilitaron a la elección de 20 de octubre de 2019 por encima de la Constitución refrendada por el pueblo; c) Se cometió fraude manipulando datos en actas de escrutinio en las elecciones generales de 2019, identificado por los auditores de la OEA pedido por el Sr. Morales Ayma, por eso la elección se anuló y los responsables gozan de libertad e impunidad reforzada; d) Se impulsó a una demanda marítima ante la CPI sede La Haya el resultado fue adverso olor a traición a la patria con una gastó aproximado de 17 millones, y Chile presupuesto solo 5 millones y le fue mejor; e) Se han perdido todas las demandas arbitrales por más de mil millones de dólares por indemnizaciones a empresas transaccionales; f) La falta de dólares y combustible genera una crisis en la economía del pueblo boliviano y g) Nadie confía en el sistema de justicia con fiscales, jueces y Magistrados (re autoprorrogados en rara convivencia con los legitimos) los más sometidos al régimen de gobierno para enmanillar y aprehender con arbitrariedad a exautoridades, autoridades legítimas, precandidatos y ciudadanos ilustres que por el solo hecho de pensar diferente y denunciar la corrupción, tráfico de influencia, doble entidad de unidades de transparencia en el órgano judicial y prebendalismo para que se extirpen estas lacras, son enjuiciados por la IA que opera en el Ejecutivo.
Quizás algún momento se recuperará algo de dignidad que hoy es más bien menos que poco «el respeto por la libertad de ciudadanos ilustres, honorables”, que tienen como instrumentos la ciencia en la expresión especializada en diversos campos, y de herramientas la lato y sus libros, impensables elementos para perpetrar Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado (Art. 121. del Código Penal), como se pretende involucrar a Jorge Valda, Marco Bracamonte, Mario Takana Arauz, Bismarck Imana, Richard Ribera, Ana María Morales, Paul Coca, Jhosua Bellot, José Luís Álvarez, Armin Lluta, Gonzalo Chávez y Jaime Dunn, en el caso «asonada militar fallida» estructurada por el ex General y comandante del Ejército de Bolivia Juan José Zuñiga el 26 de junio de 2024 a menos de dos años de ser posesionado como hombre de confianza de Arce Catacora. Con actores y matices que han sido cuestionados por el ingreso sin resistencia a Plaza Murillo de tanques, soldados, armas, mientras la policía y el servicio de inteligencia a cargo directo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, observaban la habilidad y fuerza de valor del ministro para dialogar con el supuesto golpista.
En plena luz del día con un gabinete reunido, ¿no tuvo conocimiento previo el ministro de Defensa, Edmundo Novillo? ni el ministro de Gobierno? Y ahora pretenden exculparse persiguiendo políticamente y con actos arbitrarios llevándose a La Paz a Jorge Valda destacado jurista del foro nacional, volando todos sus derechos del debido proceso y los protocolos de la aprehensión, incluso en presencia de su hija en edad escolar, y su madre Carmen Arista la mañana del viernes 11 de abril.
A pesar del documental presentado por el gobierno el jueves 10 de abril en el BCB en la que se involucra a ciudadanos honorables y columnistas, y la primicia reservada para el presidente y vicepresidente el primero con el 1% de aceptación y 99% de reprobación, categórico porcentaje en otros sistemas democráticos parlamentarios para adelantar elecciones, la amplia publicidad del gobierno no ha servido para contener la indignación de Gonzalo Chavez y Jaime Dunn, el primero señaló mis raíces democráticas son profundas y jamás me veré involucrado en una estupidez tan grande, calificando el documental de casería de brujas; y, Dunn indicó que esta es una estructura de inteligencia represiva, no al servicio de la ley, menos del pueblo, es un servicio exclusivo de la cúpula gobernante, actúan como policía política fabricando causas, pruebas falsas y utilizando fiscales y jueces como verdugos.
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Manfred Reyes Villa dijo que la aprehensión y traslado a La Paz del abogado Jorge Valda es un acto propio de un país sin justicia, sin garantías y en total desprecio del debido proceso. Añadió, denunciamos este secuestro político y la persecución a quienes piensan distinto. Bolivia necesita libertad, respeto a los derechos humanos y garantías políticas para todos.
Jorge Quiroga confesó estar sorprendido «hay una orden de aprehensión sobre Evo Morales que no le da la gana de atender el ministro de Gobierno”. Citaciones judiciales y en su lugar, se resguarda en el Chapare. Cuando por otro lado, el gobierno emite documentales sobre el amigo favorito del presidente Arce, Zuñiga. El país no le cree nada al gobierno, porque es la misma estrategia que usaron contra Luis Fernández Camacho y Jeanine Añez, porque es una tramoya. Afirmó, no hay credibilidad, hace estas cosas, y se niega a ejecutar una orden de aprehensión contra Evo Morales.
El gobierno con estas maniobras cae en desacato al no ejecutar la orden de aprehensión contra Evo Morales por supuesto delito de estupro y violacion a menores de edad, pero es efectivo contra personalidades y abogados idóneos para aprehenderlos y someterlos a jueces sin competencia sometidos como épocas pasadas a un Estado vasallo. La denegación del Tribunal de la acción de libertad emitida el sábado 12 de abril sin la presencia de Jorge Valda argumenta que al existir un proceso paralelo o simultáneo ya en curso en la ciudad de La Paz, corresponde interponer en aquel Distrito Judicial. Se optó por la forma y no por reparar los derechos violados a Jorge Valda a quien por versión de su esposa Carmen Arista se trató de un secuestro al no mostrar los policías vestidos de civil la orden de aprehensión ni hacerle conocer los motivos y los supuestos delitos sindicados.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis dijo que no puede ser que Jorge Valda por defender a presos o detenidos politicos, ahora resulte siendo objeto de «secuestro político por el régimen de Arce» por policías y sin conocimiento de la Coordinadora de Fiscales ni del Fiscal Depsrtamental de Santa Cruz.
Los Colegios de Abogados del país deberían pronunciarse por las faltas de garantías de sus colegas en el cumplimiento de sus derechos y deberes que reconoce la Ley de los Abogados y las Reglas de la ONU. No puede ser que por emitir una opinión en un medio de comunicación dando su versión sobre la supuesta asonada militar fallida el 26 J, se encajone a Abogados y ciudadanos ilustres en supuestos delitos de Alzamiento armados contra la seguridad y soberanía del Estado y Magnicidio en grado de complicidad. El país está pidiendo a gritos que dejemos estas persecuciones arbitrarias y redirigir las soluciones de la justicia independiente hacia un futuro inmediato con garantías de libertad plena para todos.
Los problemas nacionales y de la justicia primordialmente, están anticipando la derrota al gobierno y hasta puede ser demasiado humillante como para tener capacidad de recomponerse en cuatro meses que les resta de administrar la cosa pública.
Cuando crece la presión es porque algo no está bien, y hay necesidad de replantearse la dictadura por el Estado de Derecho, que garantiza la independencia e imparcialidad de la justicia (sin sejos ni discriminaciones), los derechos humanos, presunción de inocencia (la detención preventiva sea la excepción no la regla: 66% de internos sin condena ejecutoriada), institucionalidad democrática sólida, propiedad privada, libertad de expresión y comunicación y libertad de desarrollo económico-financiero, salud integral y educación con valores etico-moral y cívicos.
Antes de acelerar la dimensión de posible batacazo consideremos el informe del Proyecto Mundial de Justicia (WJP) en la que Bolivia ocupa el puesto 131 entre 142 países en el mundo en cuanto al cumplimiento del Estado de derechos de los ciudadanos en 2023 y en América Latina y El Caribe se mantiene en el 29 de 32 Estados apenas por delante de Haití, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo a los indicadores que han sido valorados y cuantificado por la (WJP) tenemos:
En acceso a la información a los órganos del Estado Bolivia ocupa el puesto 126 entre 142 países.
En el soborno, tráfico de influencias y corrupción Bolivia está en el puesto 137 en el mundo, a cinco peldaños de Venezuela que es el último.
En el tema de participación ciudadana en políticas públicas Bolivia ocupa el puesto 100 de 142 países. Por restricciones a ser fiscalizado.
Con referencia a los derechos fundamentales Bolivia ocupa el puesto 111 en el mundo por debajo de la media global.
En garantías de orden y seguridad de las personas y propiedad privada Bolivia está en el puesto 122 de países en el mundo. Las políticas de invasiones con apoyo del sistema legalizando asentamientos en la Chiquitana por interculturales y grupos armados violentos podría atribuirse como factor determinante para estar calificado en ese puesto.
En cumplimiento regulatorio que mide el grado en que las regulaciones legales se implementan de forma justa y efectiva Bolivia ocupa el puesto 125.
En justicia civil que mide si las personas pueden resolver sus conflictos de intereses de manera pacífica Bolivia está ubicada en el puesto 140 a dos de los últimos.
En el orden de la justicia penal en que se evalúa si la Constitución, la ley penal, el derecho convencional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalice con independencia, imparcialidad de los jueces con sentencias firmes en tiempo razonable y legal Bolivia ocupa el puesto 141 o, sea, casi somos reprobados por más de 7.000 millones de personas en el planeta.
Todos estos factores tremendamente llaman la atención, y si a esto se añade desconocer la Opinión del Grupo de Trabajo para la Libertad de las Personas de la ONU que el gobierno ha anunciado pese al carácter vinculante que dice: Que la detención de Luis Fernández Camacho es arbitraria, al contravenir los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y se inscribe en la categoría I. II. III. y V. de la ONU., sumado a esto que el Procurador General de Bolivia se ha sometido al proceso de la denuncia en representación del Estado y por subsecuencia ha validado los Convenios internacionales sobre Derechos Humanos, Carta de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, y todo el bloque de constitucionalidad (Art. 410. II de la CPE), la Human Right Fundación tiene toda la base legal internacional para instar al Gobierno a poner a Luis Fernández Camacho en libertad inmediata y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, demandando se realice una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria a la libertad. En caso de incumplimiento, se pedirá al secretario de Estado de los Estados Unidos el embargo de activos de autoridades que obstruyan el derecho de libertad al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernández Camacho, inclusive la prohibición de otorgamiento de visa a EE.UU.
Como en política las decisiones de calado no se anuncian, se toman en el marco de la Constitución y los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, puede darse un movimiento de sorpresa por el soberano en las elecciones de 17 de agosto de 2025 y cancelar los amagues y tijeretazo al Estado de derecho. Poniendo fin a las detenciones políticas arbitrarias como la ocurrida con Jorge Valda la mañana del viernes 11 de abril, la libertad de los más de 300 presos políticos y la amnistía general e irrestricta.
El Juez Eddy Junior Flores del Juzgado Primero de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz tras audiencia cautelar modalidad virtual determinó el sábado 12 de abril «libertad pura y simple» a Jorge Valda para que asuma su defensa en la imputación que le hace el ministerio público por Alzamiento Público Armado, terrorismo y Magnicidio en grado de complicidad en el caso «Asonada militar fallida» presuntamente perpetrada por el excomandante del Ejército, General Juan José Zuñiga el 26 J. Al menos se observa que fue una decisión ajustada a derecho y soplan vientos de libertad en Semana Santa, al igual para los demás involucrados por equívoco.
En Domingo de Ramos celebración cristiana que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, días antes de su pasión y muerte, Jesús fue recibido como un rey humilde, montado en un burro, mientras la multitud lo aclamaba y agitaba ramos de palma. El burro representa la sencillez, las palmas victoria y esperanza. Es el camino de la humildad que eligió Jesús a pesar de ser llamado Mesías. Encontremos un Mesías humilde y unido que entusiasme las maravillas y esperanzas para la Bolivia reconciliada con libertades y derechos en agosto 2025.
El Santo Padre Juan Pablo Segundo dijo: «El respeto a la vida es fundamental de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad».
Pedro Gareca Perales