A raíz del bombardeo de desinformación en redes sociales, es esencial encuadrar correctamente los hechos antes de permitir que discursos manipulados distorsionen una investigación penal en curso.
El día 16 de abril, Lilibeth Coimbra y su madre fueron aprehendidas como parte de una investigación formal por el presunto delito de biocidio agravado, previsto en el artículo 350 ter del Código Penal boliviano, conforme a la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato.
De acuerdo con los antecedentes preliminares que han trascendido a los medios de comunicación y que se encuentran bajo análisis del Ministerio Público, desde el 1 de abril se iniciaron diligencias investigativas que incluyeron el secuestro de dispositivos electrónicos y cámaras de videovigilancia pertenecientes a las acusadas.
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La pericia técnica realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (ITCUP) reveló material audiovisual y conversaciones digitales que, de manera presuntiva, evidencian una planificación deliberada para causar la muerte de cuatro perros, propiedad de la hermana de Coimbra, quien vive en el mismo domicilio que las imputadas.
El informe técnico señala con claridad una conversación sostenida entre ambas mujeres imputadas, donde expresan molestias por la presencia de los animales rescatados por su hermana de Lilibeth, frustraciones por intentos fallidos de darlos en adopción, y una decisión explícita y cómplice de eliminarlos.
En dicha conversación, la madre apacigua los reclamos de su hija Lilibeth (ahora aprehendida) por los perritos, manifestando su intención de adquirir veneno para eliminarlos. Posteriormente, según el análisis forense de las imágenes extraídas de las cámaras de seguridad del domicilio, se observa a la madre de Coimbra esparciendo lo que se presume es el tóxico en presencia de los animales: una madre de los cachorros y dos crías. En esas imágenes se registra el deterioro inmediato del estado de salud de los animales y, acto seguido, a la misma mujer barriendo en medio de los cuerpos, sin mostrar signos de alarma ni auxilio, lo que revela una actitud de desapego absoluto frente al sufrimiento que, según los peritos, fue causado por órganos fosforados.
La estrategia comunicacional del entorno de la imputada ha difundido una imagen donde se muestra a una persona parada cerca del ingreso del domicilio —“la mano en la reja”, como le llaman— pretendiendo hacer creer que se trata de alguien que pudo haber introducido el ven3no. Sin embargo, han eliminado la fecha de la imagen, no presentan el video completo y, sobre todo, si pretenden hacer creer que la imagen es actual, llama la atención pues ellos no posean el DVR del sistema de cámaras (que está en poder del Ministerio Público), lo que impide que hayan extraído esa captura en este periodo.
La persona en cuestión no aparece portando nada y bien podría tratarse de un repartidor esperando su pago o un conocido. Es decir, construyen una narrativa basada en especulación para sugerir la participación de un tercero y desviar la atención del foco principal, cuando las imágenes desde el interior del inmueble muestran con claridad que los animales muer3n tras recibir una sustancia de manos de la madre de la imputada y en el mismo lugar que lo ingieren (el centro del patio del domicilio).
Hasta este punto, la gravedad del hecho y la calidad de los indicios reunidos —que incluyen planificación, ejecución y posterior encubrimiento— constituyen una hipótesis robusta de la comisión de biocidio agravado.
En este contexto, que un grupo de personas intente desvirtuar los hechos alegando persecución política no solo resulta irresponsable, sino que atenta contra el principio de objetividad. Esta presión ya tuvo consecuencias: un juez fue forzado a excusarse, razón por la cual el día de ayer se suspendió la audiencia cautelar.
Lo más grave es que estas mismas personas que hostigan en redes sociales amenazaron y agredieron física y verbalmente a funcionarios del Ministerio Público, lo que constituye una vulneración directa a la independencia judicial y un riesgo procesal de obstaculización que agrava la situación jurídica de las imputadas para la cautelar.
Asimismo, se está ejerciendo presión sobre las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, convocándolas por redes sociales e intentando que intervengan en decisiones que no les competen, en un claro intento de viciar el proceso desde las más altas instancias.
Por razones de desconfianza en el sistema de justicia, pese a mi preocupación, llamé a no anticiparse con conclusiones en redes sociales y opté por mantener una postura de cautela, esperando que se conocieran más elementos para no cometer una injusticia, aunque siempre he sido de las primeras personas en exponer estos casos de maltrato o biocidio. Sin embargo, la línea de difamación sostenida por personas vinculadas al entorno de Lilibeth Coimbra, que ahora me acusan directamente de haber “armado” este proceso —cuando ni siquiera conozco su casa, ni me acerqué a los animalitos que en paz descansen, ni soy parte de la denuncia ni de la causa— me obliga a pronunciarme públicamente y a tomar una postura.
Es inaceptable que se pretenda convertir un hecho delictivo en una causa política para evadir responsabilidades penales. A ello se suma una campaña sistemática de hostigamiento, difamación y acoso digital —en la que incluso se intenta sexualizar mi activismo—, lo cual constituye delitos como acoso, violencia simbólica y psicológica con connotación de género, según lo previsto en la Ley 348.
Ya que me precipitan a tomar una postura, elijo exigir justicia, pues la secuencia es clara:
• Solo después de que se aprehendió a Lilibeth y a su madre, y se revelaron los antecedentes técnicos que involucran directamente a ambas, su entorno de amistades inició una campaña sostenida en redes sociales para difamar, extender ataques mediante una red de contactos y posicionar el relato de que esto no es un problema familiar, sino una cuestión política, ignorando ciegamente los claros indicios.
• Solo desde la aprehensión de estas personas que dicen haber cuidado y querido a sus animales es que se conoce de sus muertes, cuando quienes las conocen saben que exponen toda su vida en redes. ¿Por qué callaron 17 días?
Cualquier persona con un ápice de sentimiento por sus animales exigiría justicia desde el minuto uno por el asesinato de las mascotas que vivieron en sus casas. Resulta al menos llamativo este extraño silencio absoluto de Coimbra desde el fallecimiento de los animales hasta su aprehensión.
Quienes hoy la defienden con fervor no pueden justificar ese silencio frente a la muerte de seres vivos que habitaban en su propio hogar. Tampoco pueden ignorar la crudeza de las imágenes donde su madre barre el suelo con total indiferencia, rodeada de los cuerpos @gonizantes o sin vid@ de los animales.
Lo más alarmante es la profunda doble moral con la que se manejan ciertos sectores afines a estas personas, que hace tan solo semanas exigían justicia por el envenen@miento de animales en el refugio Esperanza y hoy —al conocer el rostro de las imputadas— piden impunidad, relativizan la ley y desacreditan a quienes defendemos la legalidad. Esta selectividad moral es incompatible con cualquier causa ética.
La justicia no puede depender del apellido, militancia o afinidad ideológica de quien comete un acto delictivo. La ley no admite excepciones emocionales ni favoritismos. Quienes pretenden minimizar este caso deben entender que el biocidio es un delito que atenta contra la vid@ y la dignidad de los animales, y que su investigación no puede ser desvirtuada por presiones, intimidaciones o campañas de manipulación pública.
No se puede usar el activismo como escudo para evadir la ley, ni el discurso político para encubrir delitos. Tampoco puede permitirse que se ataque a activistas reconocidas como Diana Méndez de “La Voz Patita”, la Dra. Ivette Flores, y muchas otras personas que —con firmeza y compromiso— han pedido justicia sin importar el nombre de la imputada, simplemente tildándolas de masistas.
Este no parece ser, por ningún lado, un caso político. Es, presuntamente, un crimen. Y como tal, debe investigarse con el máximo rigor y sin contemplaciones. Exijo que se hagan públicos todos los registros fílmicos del interior y exterior del domicilio, sin recortes ni manipulaciones. Que se investigue el caso de forma imparcial, en estricto apego a la ley y sin presiones políticas, mediáticas ni personales. Que se respete el trabajo del Ministerio Público y que cesen las injerencias en el Poder Judicial, como las que forzaron la excusa del juez de la causa. La ciudadanía merece conocer la verdad, no una versión adulterada por intereses particulares.
La justicia no puede ser rehén de campañas de manipulación ni de agresores disfrazados de defensores. La justicia requiere evidencia, respeto al debido proceso y, sobre todo, valor para enfrentar la verdad, aunque incomode.
P.D. No es mi intención interferir en la situación jurídica de la imputada, pero tampoco voy a permitir que se me injurie (a mí ni a ningún otro activista), se me calumnie ni que se pretenda utilizar mi silencio para manipular la opinión pública. El activismo animalista no responde a intereses políticos ni a agendas personales. Responde a la defensa de la vida y de la ley, sin importar el nombre, el estatus o la filiación de quien haya cometido un delito.
Así como algunos intentan hacer creer que el activismo se utiliza para perseguir a la acusada, también debe considerarse que se lo está utilizando desde su entorno para encubrir el crimen y silenciar voces incómodas. P
or ello, y en vista de las amenazas y las campañas de desprestigio, anuncio que iniciaré una medida preparatoria para solicitar el desdoblamiento de los chats y conversaciones de Lilibeth Coimbra con personas que ahora activamente la defienden en redes y atacan a quienes pedimos justicia, incurriendo hasta en delitos tipificados por la ley 348.
Este análisis permitirá evidenciar cómo operan de manera sistemática, coordinando ataques y sembrando falsedades (ahora con fines obstruccionistas).
Fuente Imágenes : Página de Facebook “Clave 300 Digital “