8 años de defensa. El Informe de Libertades e institucionalidad en Bolivia, elaborado por Unitas, revela que en 2024 se registraron 93 casos de violación al derecho de las personas y organizaciones defensoras de derechos.
Los activistas por la preservación de la reserva natural de Tariquía, en el departamento de Tarija, son el grupo con mayor número de integrantes criminalizados por el Estado en Bolivia y, a su vez, son parte de los 93 casos de vulneración contra defensores de derechos humanos. Otros grupos de defensores de derechos humanos en los que se registraron estas vulneraciones son los guardaparques, dirigentes cocaleros y autoridades originarias.
De acuerdo con el Informe de Libertades e institucionalidad en Bolivia, elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), la criminalización de quienes son definidos como defensores de derechos humanos es una tendencia que va en aumento.
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29 activistas que luchan por la preservación de Tariquía están procesados, por impedir o estorbar la función pública e impedir la libertad de trabajo en la justicia ordinaria, según la demanda presentada por YPFB.
El informe de Unitas, con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, revela que se registró un incremento del 82% en casos de vulneraciones “al derecho a la defensa de los derechos, que pasaron de 51 casos en 2023 a 93 en 2024”. Más de la mitad de los casos, 53, implican la criminalización de personas defensoras, especialmente de aquellas que luchan por el territorio indígena y el medio ambiente, señala parte del documento.
Definición
El derecho a defender derechos es reconocido en los estándares interamericanos de derechos humanos como una garantía fundamental para la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Todas las personas tienen la potestad de denunciar violaciones, promover y proteger los derechos humanos, asociarse libremente para esta labor y recibir protección frente a amenazas o represalias.
De acuerdo con esa definición, en los casos de violación a los derechos de personas y organizaciones defensoras de derechos se catalogaron siete categorías de vulneración en 2024: Criminalización de defensores, con 53 casos; no recibir protección en situaciones de riesgo, 14 casos; amenaza y amedrentamiento a defensores, 11 casos; obstaculización en la realización de sus actividades, seis casos; incumplimiento al deber de investigación y sanción en casos de defensores, cuatro casos; agresión física, psicológica, sexual y cibernética a defensores, tres casos; y por último, la restricción al acceso a información pública, con dos casos, lo que hace un total de 93 casos.
El informe de Unitas revela que, por primera vez en los últimos tres años, la criminalización de personas defensoras de derechos se convirtió en el tipo de vulneración más frecuente en la categoría del “derecho a defender derechos”, debido a que de los 93 casos registrados en 2024, 51 corresponden a la tendencia creciente de instaurar procesos judiciales en contra de aquellas personas u organizaciones que se oponen a actividades que afectan derechos o libertades de un determinado grupo de la sociedad.
“Se debe entender que los ámbitos en los que mayor vulneración existe contra defensores son el de defensa del medio ambiente y territorio de pueblos indígenas”, explicó a Visión 360 Claudia Terán, coordinadora de Unitas.
Los grupos
Entre los casos de grupos de defensores criminalizados, sobresale la denuncia penal instaurada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra más de 29 personas defensoras de la tierra y el territorio en Tariquía, Tarija, donde la petrolera estatal y la transnacional Petrobras buscan ingresar a esta reserva nacional para actividades de exploración petrolera, pese a la negativa de los comunarios, quienes tienen instalada una vigilia permanente.
“El 24 de abril (jueves) se recuerdan ochos años de la primera marcha indígena por la defensa de Tariquía, en contra del ingreso de las petroleras. Las comunidades en Chiquiacá y otros sectores aledaños se encuentran asfixiadas por la violencia contra las familias que viven allá”, declaró el miércoles Silvia Cordero, presidenta de la subcentral Tariquía.
La dirigente afirmó que las petroleras han promovido la división de la dirigencia y buscan la confrontación entre los comunarios. Recordemos que YPFB interpuso una denuncia por los delitos de impedir o estorbar la función pública e impedir la libertad de trabajo y los acusa de agredir a funcionarios.
El jueves, los 29 comunarios denunciados fueron citados para un desfile identificativo, en el cual dos abogados de YPFB y Petrobras debían señalar a los supuestos agresores.
Este caso fue reportado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que, el 7 de marzo, recibió en audiencia pública a los representantes del Estado, la Defensoría de la Niñez y a los defensores de Tariquía, para escuchar los argumentos. Al finalizar la audiencia, el ente internacional emitió recomendaciones para el Estado.
El representante Regional Adjunto para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena, recordó que durante el Cuarto Examen Periódico de Derechos Humanos se recomendó al Estado boliviano adoptar medidas para proteger a los defensores del medio ambiente.
En contraparte, los representantes del Estado negaron que se haya iniciado una persecución judicial y la asesora legal corporativa de YPFB, Julia González, descalificó a los activistas y los acusó de agresores.
“Este conflicto involucra a un grupo de autodenominados medioambientalistas y defensores de la tierra, quienes se han opuesto a las actividades legítimas y reguladas de exploración y perforación, llevadas a cabo por empresas como Petrobras y YPFB (…) Lamentablemente, la oposición a estas actividades ha llevado a actos de violencia y agresión que no pueden ser ignorados”, afirmó la funcionaria ante la CIDH.
No obstante, en la misma audiencia, el representante de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, expuso ante la CIDH que tiene tres conclusiones sobre el caso: “Primero, las y los defensores ambientales de Tariquía fueron objeto de hostigamiento y violencia por parte de agentes estatales y grupos vinculados a intereses extractivos, quienes han instaurado procesos penales infundados violando el derecho a la libertad de expresión y asociación”, señala parte de la fundamentación.
Como segundo aspecto, se señaló que el Estado boliviano incumplió su obligación de garantizar la consulta previa a las comunidades afectadas, al no establecer un proceso adecuado y transparente para informar y recabar el consentimiento de las poblaciones involucradas.
“Los ámbitos en los que mayor vulneración existe contra defensores, son el de defensa del medio ambiente y territorio de pueblos indígenas”, señaló Claudia Terán, de Unitas.
La tercera conclusión señala que el Estado no proporcionó información suficiente sobre los efectos del proyecto en los ecosistemas y la biodiversidad de la región, comprometiendo el acceso al agua, la seguridad alimentaria y el modo de vida de comunidades campesinas e indígenas.
Desde la Defensoría del Pueblo se remarcó el derecho de los pueblos originarios a defender su territorio y el medio ambiente sin temor a represalias, derecho que debe ser garantizado por el Estado y la protección del medio ambiente, “pues se trata de la defensa de la Madre Tierra y del hogar común de todas y todos nosotros”, señala el informe.
Otros casos
De los 93 casos de vulneraciones contra defensores de derechos humanos, en 54 las víctimas son hombres, en 17 son mujeres. Los otros 22 casos se cometen contra organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.
Es dentro de esos grupos que están los guardaparques que fueron despedidos por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y que gracias a una acción constitucional fueron repuestos en sus cargos.
Un caso emblemático, destacado en el informe de Unitas, es el de Marco Uzquiano, quien debió ser reincorporado como jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, tras considerar que su desvinculación constituyó un acto de hostigamiento, luego de que reportó el avasallamiento de grupos afines al Gobierno en áreas protegidas.
Otros casos mencionados en el informe de Unitas son el de la comunidad indígena de Alcko Tambo, en Potosí, que ha denunciado la contaminación de sus fuentes de agua por parte de la empresa minera La Estrella SRL.
Asimismo, se destaca la acusación que en 2024 se presentó contra el dirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, a quien el Ministerio de Gobierno y la Policía acusan de quemar el mercado ilegal de coca abierto por el cocalero Arnold Alanes, afín al Gobierno.