El abogado y activista Jorge Valda anunció que presentará una acción constitucional contra el Viceministerio de Comunicación para que el documental “¿Qué pasó el 26J?”, producido por el Gobierno, deje de difundirse. El jurista considera que el audiovisual vulnera su derecho a la imagen, al honor y a la presunción de inocencia, ya que lo señala como parte de un supuesto gabinete civil que acompañaría al exgeneral Juan José Zúñiga en un fallido intento de golpe de Estado.
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“Vamos a reunirnos con la comisión de abogados para interponer esta acción constitucional. No se puede acusar a personas solo por estar en un chat que ni siquiera se sabe cómo fue obtenido”, declaró Valda desde el Comité pro Santa Cruz, donde fue recibido tras recuperar su libertad.
El jurista fue aprehendido el pasado viernes por la Policía y trasladado a La Paz sin orden judicial visible, según denunció su esposa y también abogada, Carmen Arista. El caso generó polémica y movilizó a diferentes sectores cívicos que denunciaron una persecución política por parte del Gobierno.
Valda también pidió al fiscal general del Estado, Róger Mariaca, una auditoría del caso en su contra.
Además, solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental y al Comité pro Santa Cruz que trabajen en la creación de una figura local que defienda los derechos ciudadanos. “Urge un defensor del pueblo departamental. No podemos permitir más secuestros disfrazados de aprehensiones legales”, expresó.
“Un secuestro más del régimen”
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, calificó la aprehensión de Valda como un “secuestro” similar al del gobernador Luis Fernando Camacho. “Fue una acción irregular, sin orden judicial, con policías de civil y vehículos sin placa. Eso no se puede tolerar”, dijo.
Afirmó que la aprehensión de Valda se dio sin que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz tenga conocimiento, lo que evidencia, según su criterio, una intromisión del Ejecutivo en el sistema judicial.
“La justicia debe respetar el debido proceso. A Jorge nunca debieron haberle quitado su libertad. Su retorno a Santa Cruz es una muestra de que con unidad se puede enfrentar al abuso”, añadió.
Valda, por su parte, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y expresó su solidaridad con otras personas mencionadas en el documental, como los diputados Richard Ribera y Luisa Nayar, además del vicerrector de Uagrm, Reinerio Vargas. “No me voy del país. Voy a seguir luchando desde aquí”, sostuvo.