Fuente: Visión 360
Pobladores de Tipuani, cuyas viviendas están inundadas desde diciembre de 2024, exigen que las cooperativas mineras y el Gobierno Municipal cumplan con sus demandas, como el reencauce del río, el bombeo de las aguas servidas estancadas y la construcción de muros de contención.
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El martes 15 de abril, las juntas vecinales y el Comité Cívico de Tipuani iniciaron un bloqueo indefinido de caminos, en protesta por la desatención del Gobierno Municipal, la Gobernación de La Paz, las cooperativas mineras, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno central, instancias que no dan una solución a la inundación en la que vive, desde hace cuatro meses, la población capital del municipio y otras comunidades como Chima, Gritado, Cangallí y La Loma.
En su pliego petitorio, los pobladores, lamentan la inacción del alcalde Fernando Vera y del Concejo Municipal, que no dan atención a sus demandas. Asimismo, hablan de la “descolmatación” del río Tipuani, es decir dragar los desechos arrojados al cauce del río por los mineros, con el fin de que el nivel del agua descienda y así se eviten nuevas inundaciones.
“Realizar de manera inmediata el encauce del río Tipuani en el sector Chakapunku apegado al margen de la peña izquierda según corre el río, con un muro momentáneo para redireccionar el cauce del río. Esto con la finalidad de que las filtraciones y aguas servidas de Tipuani puedan salir de manera natural y por gravedad de nuestra población inundada. De no tener el éxito necesario, se debe efectuar un tazón profundo donde se instalen bombas de succión para bombear las aguas que inundan nuestra población”, señala el primer punto del pliego petitorio emitido por los vecinos afectados.
En el segundo punto se solicita realizar el “engredado” o recubrimiento de la cara interna del muro de contención, necesario para evitar filtraciones y a su vez ampliar el tamaño y grosor de dicho defensivo.
“Exigimos que las cribas de lavado de carga de las cooperativas mineras, del sector río arriba y río abajo de Tipuani, estén dirigidas al lado opuesto del cauce del río”, menciona el tercer punto del pliego petitorio.
Finalmente, la cuarta demanda está dirigida a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a quienes se conmina a hacer cumplir el acuerdo firmado en sus oficinas, el 29 de enero, hace 78 días, por los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), de Minería, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Gobernación de La Paz, Gobierno Municipal y principalmente la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
En otra carta enviada el 11 de abril al presidente de Ferreco, Eloy Sirpa, los vecinos de Tipuani denuncian que debido a las inundaciones provocadas por las cooperativas, “las casas inundadas por tanto tiempo han generado un escenario insostenible para muchas familias que no tienen dónde dormir, abandonadas hasta la fecha, muchas de ellas siguen viviendo dentro de las casas llenas de aguas putrefactas y heces fecales, lo que aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas y el deterioro de las viviendas y casas. Estos cuatro meses de inacción representan una grave violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y exigen atención inmediata”.
En las reuniones previas a la firma del acuerdo de enero, no solo se confirmó que la minería descontrolada es la causante de las inundaciones, sino que las entidades como la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente, Ferreco la Gobernación de La Paz e incluso la Defensoría del Pueblo, recibieron informes escritos desde 2023 de hasta 800 páginas, con detalles sobre el daño ambiental que los cooperativitas generaban, que no se las sancionaba y que tampoco se tomaba ninguna medida preventiva, lo que derivó en el escenario actual.
En esa línea, cada una de esas instancias se comprometieron a realizar acciones de corto, mediano y largo plazo, para solucionar las inundaciones. La única instancia que avanzó en ese propósito fue la Defensoría, que luego de hacer una inspección en Tipuani, informó que se coordinan cursos para capacitar a los mineros que operan desde hace más de 20 años en la zona, en el manejo de los desechos que generan, pese a que es un tema normado por la ley minera, y un requisito para permitir su funcionamiento.