Trabajo negligente, revictimización, corrupción, retardación en las diligencias y favorecimiento a los agresores son las críticas que surgen contra el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en relación a sus actuaciones en los procesos de violencia hacia las mujeres.
Fuente: ANF
La alerta sobre la “negligencia” institucional se activó nuevamente después que los familiares de Nadia Apaza, tras su muerte, denunciaron que ni la Fiscalía ni la investigadora atendieron con eficiencia y humanidad su caso cuando denunció que fue víctima de violación por un fotorreportero. Pero no es el único caso coinciden instituciones que trabajan en contra de la violencia hacia las mujeres.
“Tenemos varios casos donde las mujeres se quejan de los investigadores (porque) no quieren hacer su trabajo; los fiscales no cumplen con los principios de la debida diligencia, la protección a las víctimas. El trabajo de la Fiscalía y la Policía nos da mucha pena porque son muy negligentes y corruptos, estamos tratando de reunirnos con estos actores para denunciar esas irregularidades”, afirmó la abogada de Mujeres Creando Heidi Gil.
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Solo la muerte de la joven periodista agilizó la demanda y recién creyeron su historia. Tras las reacciones de las instituciones, organizaciones de mujeres y de las autoridades se activó la aprehensión del presunto autor de la agresión y su posterior detención en la cárcel de Patacamaya.
“El primer contacto con las víctimas de violencia es fundamental”, porque puede constituirse en la primera decisión para romper los círculos de la violencia, pero esto se ve afectado por estereotipos de género, afirma Paola García, directora de la Casa de la Mujer.
Explica que un problema recurrente que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es que “no les creen”, el principal “cuello de botella es creerles a las mujeres y superar ese mito de que la violencia basada en género no existe”. Existe una “violencia institucional” sistemática.
Este no es el único problema que enfrentan, la fundadora de Mujeres de Fuego de Cochabamba, Ángela Nogales, explicó que los fiscales e investigadores también incurren en “confundir” los casos, copiando las imputaciones y valoraciones psicológicas de uno y otro proceso. Esto refleja un trabajo improvisado y deriva en objeciones de la parte demandada.
“El sistema judicial es un muro terrible, la única forma de derribarlo es que las autoridades conozcan el caso difundiendo a través de las redes sociales o haciéndolo público porque después no existe forma de que avancen. Otro elemento que nos llama la atención es que los fiscales e investigadores hacen una copia de las imputaciones y las valoraciones psicológicas de otro proceso, solo cambian los nombres, sabemos que cada caso es distinto al otro, no se puede cometer ese tipo de errores”, sostuvo.
Por su parte, la integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia, señaló que esas irregularidades en ambas instituciones son recurrentes. A pesar de las denuncias no existe un cambio en la atención que se brinda a las víctimas.
La Policía y la Fiscalía son dos entidades fundamentales para el esclarecimiento de un hecho delictivo porque se constituyen en la primera instancia de investigación. Son los responsables de levantar y acumular las pruebas y ordenar los actos investigativos a través de diferentes pericias.
La violencia sigue arrojando cifras altas en Bolivia. Del 1 de enero al 7 de marzo de este año, la Fiscalía General del Estado registró 8.477 casos de violencia en contra de las mujeres, de los cuales 6.518 corresponde a violencia familiar o doméstica.
A propósito del Día de la Mujer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, proporcionó la información y dijo que “Estos datos no solo son una estadística, son un llamado a la acción de toda la sociedad.
La Paz reportó 2.016 denuncias de violencia contra la mujer, Cochabamba (1.269), Tarija (641), Potosí (471), Chuquisaca (407), Beni (263), Oruro (211) y Pando (101).
El último reporte en el país registró 22 feminicidios, de estos la mayor incidencia está en La Paz, seguido de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.
La FELCV nació para proteger a las mujeres
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fue creada hace 11 años junto con la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia con el objetivo de prevenir, auxiliar a las víctimas, investigar, identificar y aprehender a los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia.
Sin embargo, ese objetó está en cuestión. En el caso de Nadia la investigadora Delia P. orilló a la víctima a que desista de la demanda, porque la responsabilizó de la violación y le advirtió que el proceso no tendría ningún resultado.
“Ella fue a la FELCV de El Alto, pero la investigadora le dijo que no debe denunciar porque es su culpa que ella iba a salir perdiendo y que a él no lo van a meter a la cárcel. La investigadora le rechazó la denuncia y le hizo firmar un papel donde decía que no iba a denunciar”, contó la abogada de la familia de la joven, Abril Zapata.
Funciones de la FELCV
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) es una unidad de la Policía Boliviana que se encarga de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la familia. Es la primera instancia donde se realiza la denuncia y donde se inician los procesos de investigación sobre casos de violencia contra la mujer.
En tanto que la Fiscalía está encargada de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, con transparencia y autonomía. Son los llamados a ejercer la acción penal pública, con oportunidad, objetividad, precisa su trabajo es con perspectiva de género y justicia restaurativa, protegiendo a la víctima, en resguardo de las garantías constitucionales y el respeto firme de los derechos humanos.
Factores para que incumplan su trabajo
Con relación a los factores que inciden para que no se realice una atención integral a las víctimas, la abogada de Mujeres Creando dijo que existe una alta carga procesal debido a que todo tipo de violencia se penalizó, además del limitado número de investigadores y la falta de recursos.
“La Ley 348 ha penalizado todos los hechos de violencia y al penalizar todos se ha metido un montón de casos a la FELCV, es cierto que los investigadores no se pueden dar abasto, no tienen recursos y aunque los tuvieran, igual le piden a la víctima, incluso no van al lugar del hecho. Es como un circulo vicioso, no hay plata, no hay ganas de trabajar”, aseguró.
Lamentó que los fiscales incurran en la falta de debida diligencia para atender los procesos penales y evitar la apertura de pesquisas de un caso, esto provoca que los sindicados sean liberados y la víctima siga desprotegida.
“En el caso de la fiscalía, sabemos y hemos visto cómo piden dinero, cuando hay turnos y se presenta una denuncia tienen que abrir el caso e investigar, pero tratan de ocultar el hecho o liberar al agresor, lo convocan a declarar otro día. Ahí comienza la corrupción, la inactividad del Ministerio Público”, puntualizó.
A partir de la vigencia de la Ley 348 la Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil con la función de implementar protocolos y guías de atención especializada para el restablecimiento de los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Plantean la necesidad de cambios en la norma
Nogales afirmó que es necesario modificar la norma para reforzar las medidas de protección de las víctimas, reducir el tiempo del proceso, endurecer las penas e incorporar el trabajo comunitario para los infractores en los casos leves.
“Considero que se debe modificar la ley, como las medidas de protección, reducir el tiempo procesal, aumentar el tiempo de las condenas, la inclusión de trabajos comunitarios en los casos leves. Además, es necesario sancionar a los abogados y a las mujeres que utilizan mal esta norma, porque esta ley es la base de la lucha de muchas mujeres en busca de justicia, no se puede tergiversar”, precisó.
Entre tanto, Gil cree que es necesario un cambio en la conducta de los fiscales e investigadores para garantizar una mejor atención a las víctimas. En la misma línea que Nogales sugiere cambiar la norma y diferenciar los hechos de violencia, los menos gravosos sean solucionados en los juzgados de familia y no lleguen la vía penal para bajar la carga procesal a los fiscales.
Ana Paola García cree que existe un proceso de sensibilización para entender a las “sobrevivientes”. Observó que se cuestione la existencia de la violencia de género y que esto surjan de las autoridades.
/Para Sumando Voces/ANF/